La Eurocámara concluye el proyecto de unión bancaria 20 meses después de iniciarse

• Los eurodiputados aprueban definitivamente el mecanismo de resolución
• También ratifican la homogeneización de los fondos de garantía de depósitos
• La futura unión bancaria no cruzará las líneas rojas marcadas por Berlín

Los eurodiputados aprueban el mecanismo de resolución de bancos en crisis

Con la aprobación en la última sesión plenaria de la legislatura del Parlamento Europeo de dos normas sobre el proceso de resolución de bancos con problemas y otra sobre el sistema de fondos de garantía de depósitos se cierra la llamada unión bancaria, una estructura diseñada por los Gobiernos de la UE para romper el vínculo entre bancos y Estados, y evitar que las deudas de los primeros se conviertan en las del país en el que operan y lo lastren, tal y como sucedió en Irlanda y España.

Los eurodiputados han ratificado con 570 votos a favor, 88 en contra y 13 abstenciones el mecanismo de resolución y el fondo común que se utilizará para financiar quiebras y reestructuraciones. Además, la directiva que establece el reparto de cargas en esos procesos de resolución ha salido adelante con 584 votos a favor, 80 en contra y 10 abstenciones. La norma sobre los fondos nacionales de garantía de depósitos se ha declarado aprobada al no presentarse enmiendas al pleno.

Desde Gobiernos e instituciones europeas se subraya que una arquitectura tan compleja (formada por 41 normativas distintas) y que afecta a poderosos intereses se haya sacado adelante en solo 20 meses y destacan que permitirá evitar que los contribuyentes paguen las próximas quiebras bancarias. Sin embargo, la nueva unión nace con algunas carencias importantes, impuestas en gran medida por las líneas rojas marcadas por un grupo de países liderados por Alemania.

Un sistema de resolución muy complicado

Respecto al sistema de fondos de garantía de depósitos, el principal problema es que no habrá un fondo común, sino que cada país tendrá el suyo propio y solo se ha conseguido cierta homogeneización en las normas de constitución y funcionamiento. La consecuencia más relevante es que los pequeños depositantes de una entidad quebrada en cualquier país de la eurozona tendrán que recibir su dinero en el plazo de siete días laborables.

En las dos normas aprobadas este martes sobre la resolución bancaria, el principal problema es la enorme farragosidad del mecanismo diseñado para decidir desde el 1 de enero de 2015 en qué condiciones se reestructurará una entidad y, en su caso, si debe liquidarse.

En el último y difícil tramo de la negociación entre el Parlamento Europeo y los Estados, los eurodiputados consiguieron que esa decisión se tenga que adoptar en tan solo un fin de semana, al margen de la jornada hábil de los mercados, para evitar sus estragos sobre una entidad herida y sobre su país de origen.

Sin embargo, esa toma de decisiones implicará a varios órganos constituidos por más de cien representantes de diversos organismos, desde la Comisión Europea, a las dos configuraciones del futuro Consejo de Resolución, pasando por las autoridades responsables de la reestructuración bancaria en cada uno de los Estados (en España, el FROB).

Además, los Gobiernos nacionales -poco interesados en el coste político que implica cerrar una entidad financiera- tendrán la última palabra cuando se necesite más de un 20% del fondo de resolución, cuando una recapitalización suponga más del 10% de esa bolsa común o cuando ya se hayan utilizado 5.000 millones del fondo en ese mismo año natural.

Un fondo común de resolución limitado a 55.000 millones

La Eurocámara también trató hasta el final de conseguir un auténtico fondo único de resolución que contara con aportaciones suficientes para hacer frente a problemas de la banca europea. Pero el acuerdo aprobado este martes limita a 55.000 millones de euros la dotación global de un fondo común que solo contará con esa cantidad en 2024, ocho años después de que los bancos empiecen a entregar sus aportaciones. Hay que recordar que solo para Bankia, el fondo de rescate europeo aportó casi 19.000 millones de euros.

Rebajar ese plazo de diez a ocho años fue una de las pocas concesiones arrancadas a Berlín por sus socios para tratar de convencer a los eurodiputados, que también consiguieron que la puesta en común del dinero del fondo sea más rápida de lo previsto en principio y se consiga, en gran parte, en los primeros años (el 70% de las aportaciones de la banca europea entre 2016 y 2019 será común en ese año).

En los próximos meses, Bruselas debe proponer un método para calcular cuánto deberá aportar anualmente cada banco, lo que dependerá de su perfil de riesgo. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha dicho que la banca española aportará entre el 12% y el 13% de los 55.000 millones de euros.

Otro problema añadido es que la revisión y mejora de este sistema de fondo común es complicado, ya que se establecerá mediante un tratado intergubernamental que exigirá unanimidad para cualquier cambio que quiera introducirse.

Otro agujero negro en el sistema aprobado es el llamado cortafuegos que debería estar listo para actuar si se produce algún problema antes de que el fondo cuente con dotación suficiente para afrontar una quiebra. Los Gobiernos han aplazado esa decisión y el único resultado logrado en la negociación con el Parlamento Europeo fue permitir al fondo común de resolución que venda deuda en los mercados para lograr financiación adicional. Se especificó que no podrá garantizar esa deuda con avales públicos, pero no se concretó con qué podrá hacerlo.

Un rescate interno previo al recurso al fondo común

Hay que recordar que, antes de usar el dinero del fondo europeo de liquidación, los bancos con problemas deberán aplicar el llamado rescate interno o bail-in: una quita obligatoria a accionistas y acreedores equivalente al 8% de los pasivos del banco. Ese proceso se detalla en la directiva de resolución, también ratificada este martes por la Eurocámara.

Además, esta forma de actuar para reestructurar o liquidar entidades solo se aplicará en los 330 mayores bancos que operan en la eurozona, tal y como quería Alemania, que ha logrado excluir a sus cajas de ahorro.

Finalmente, otra carencia de la futura unión bancaria se esconde en el primer pilar, el supervisor común, que ya se aprobó el año pasado y que solo vigilará a las 128 mayores entidades de la UE. Correrá a cargo de una autoridad de supervisión inscrita en la estructura del Banco Central Europeo, que la asumirá a partir del próximo 1 de noviembre, una vez concluidos los test de estrés que pretenden detectar posibles debilidades de la banca.