El juez del caso Castor imputa a 18 personas por delitos de prevaricación medioambiental

• El fiscal acusa al Ministerio de Medio Ambiente, al de Industria y a Escal UGS
• El almacén subterráneo de gas cesó su actividad en septiembre de 2013
• Ver gráfico: Cómo funciona un almacén subterráneo de gas natural

Plataforma marina del almacen subterráneo de gas natural Castor, en Castellón.

Almacenes subterráneos de gas

España cuenta con tres almacenes subterráneos de gas en funcionamiento, uno en investigación y otros cuatro más en fase de desarrollo. Enagas gestiona los de Serrablo y el de Gaviota, ambos antiguos yacimientos de gas natural agotados, y el de Yela. Según datos de Enagas, desde que se puso en funcionamiento el primer almacén subterráneo de gas natural en el mundo, en 1915, la cifra de estos silos ha crecido hasta un total de 627, de los que 81 se ubican en acuíferos salados profundos.

El juez de instrucción de Vinaròs (Castellón) encargado del caso contra el almacén de gas Castor ha abierto una causa, en la que ha imputado a 18 personas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Fiscalía dirige sus acusaciones contra el Ministerio de Medio Ambiente cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto, contra el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y contra la empresa que construyó y explotó la planta, Escal UGS.

En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, cuatro tuvieron una intensidad de 4 en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.

En esa fecha las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

18 imputados por el juez

En concreto, el juez acuerda tomar declaración como imputados a las personas responsables del Instituto Geológico y Minero que emitieron un informe en el año 2007 en el que consideraron apto el almacenamiento de gas: el coordinador del Instituto, Jesús Gómez de las Heras; el director de Recursos MInerales Geoambiente, José A. Fernández; el director de Geología y Geofísica, L. Roberto Rodríguez; el director general José Pedro Calvo; y el director general de Política Energética y de Minas del Ministerio de Industria, Jorge Sanz.

También tomará declaración como imputados, por la resolución de 2010 en la que se encarga a Escal el proyecto, al que en ese momento era el consejero técnico de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla; al subdirector adjunto de la Subdirección General de Evaluación Medioambiental, Miguel Aymerich; a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez; y a Antonio Hernández, que sucedió a Sanz en su cargo.

Además el magistrado imputa a la mercantil Escal UGS - en la persona de su representante legal- y a los siguientes miembros de su consejo de administración: Recaredo del Potro Gómez, Mohamad Jaffar Khan, José Luis Martínez Dalmau, Harold Philip Gordon, José Alfonso Nebera García, Juan Cristóbal González Wiedmaier, Ramón Jiménez Serrano y Oscar Manuel Yunta Toledo.

Actividad sísmica directamente relacionada con Castor

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.

Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos que se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, la Fiscalía decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por prevaricación medioambiental.

Otros procesos judiciales

El proyecto Castor se encuentra también inmerso en otros procesos judiciales como la sentencia conocida la semana pasada del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Castellón que declaraba nula la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Vinaròs a la empresa ESCAL UGS para la construcción de la planta terrestre de operaciones para el almacenamiento.

Además, se ha conocido otra sentencia de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EFE, que vuelve a estimar una demanda de Río Cenia S.A. y que considera que no se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental de la tubería que une las instalaciones marítimas con las terrestres del almacén de gas Castor.