La fiscal exculpa a dos de los ocho de Airbus y reduce a cuatro años y medio la petición de pena para el resto

• Edgar Martín y Armando Barco quedan libres de todo cargo
• Para los otros seis la pena solicitada se reduce casi a la mitad
• La defensa acusa a los policías de mentir para justificar unos disparos
• El juicio ha quedado visto para sentencia

Juicio a los ocho miembros del comité de empresa de Airbus.

La fiscal del juicio contra los sindicalistas conocidos como los "ocho de Airbus" ha exculpado de todo cargo a dos de acusados por su actuación en la huelga general de 2010, Edgar Martín y Armando Barco, y ha bajado casi a la mitad, a cuatro años y medio, la petición de pena para los otros seis.

Así, ha reducido su solicitud por el delito contra el derecho de los trabajadores a dos años de prisión y ha pedido retirar la multa, y ha solicitado bajar a un año de prisión la pena por el delito de atentado y a seis meses por cada uno de los delitos de lesiones presentados.

De este modo, cada uno de los acusados se enfrenta a una petición total de cuatro años y medio de prisión por el conjunto de estos delitos, 27 años en total. Hasta ahora cada reo afrontaba una petición de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión por lo ocurrido en la huelga general del 29 de septiembre de 2010, 64 años en total, en el que se produjeron altercados y una carga policial.

Los acusados han recibido el apoyo de representes políticos y sindicales y el jueves varios miles de personas se manifestaron en Madrid en defensa del derecho de huelga, en una marcha encabezada por "los ocho sindicalistas de Airbus".

Delitos por sobrepasar el derecho de huelga

Según el Ministerio Fiscal, los testimonios y pruebas presentados han probado que, durante aquella jornada de huelga se produjeron "hechos constitutivos de delito", principalmente por incumplir el artículo 315.3 del Código Penal que hace referencia a la coacción durante huelgas a aquellos que quieran trabajar.

La Fiscalía ha hecho referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este sentido, así como a la pendiente ley de huelga y ha indicado que los acusados realizaron "tareas que sobrepasan los límites permitidos en el derecho de huelga" puesto que la Ley "condena a los piquetes violentos".

En su declaración, que ha basado en el testimonio de los policías y del trabajador del maletín cuyo intento de entrada formó el tumulto, ha indicado que en la puerta de Airbus aquel día se cometió una "coacción grave de la libertad ajena" con el objetivo de conseguir que "varias personas, contra su voluntad, no trabajasen".

Alcázar entre la conciliación y la incitación

Respecto del que fuera presidente del Comité Interempresas de Airbus en aquel momento, José Alcázar, ha reconocido que tuvo "una actitud conciliadora" pero que anteriormente había incitado al resto de concentrados para que no permitiesen la entrada a la factoría de quienes quisieran trabajar.

También ha indicado que, tanto Alcázar como Enrique Gil, Raúl Fernández, Rodolfo Malo y Jerónimo Martín fueron reconocidos por los agentes por cometer agresiones y proferir insultos, si bien no ha hablado del otro imputado, Tomás García, en ningún momento.

Como atenuante de reparación del daño, ha tenido en cuenta que los acusados pasasen en su momento las reparaciones por las lesiones.

Los abogados defensores denuncian "incoherencias" e "irregularidades"

Los abogados de los seis imputados para los que la fiscal mantiene la acusación han pedido la libre absolución de sus clientes por supuestas "incoherencias" en las declaraciones de la policía y una serie de "irregularidades" como rechazar testigos por ser del mismo sindicato que los acusados o poner en las ruedas de reconocimiento individuos sin rasgos similares.

El letrado de José Alcázar ha indicado que este proceso supone una "monumental vulneración del derecho de huelga" y, respecto de la petición de pena por parte la fiscal, ha mostrado su perplejidad y ha dicho que no entiende si han estado "en el mismo juicio". "La instrucción no ha sido exitosa, a no ser que ésta pretendiera criminalizar a los representantes de los trabajadores", ha manifestado.

Varios de los abogados han acusado a los policías de mentir en sus declaraciones con un interés concreto: justificar los disparos con arma real que uno de ellos hizo durante aquel día y por los cuales se le abrió un expediente disciplinario cuya resolución los agentes reconocieron que depende del resultado de este juicio.

Para finalizar, los letrados han asegurado que no se puede probar que sus clientes agredieran a nadie, ni que impidieran a ningún empleado entrar a trabajar aquel día y que estas acusaciones solo se producen por el hecho de que efectivamente formaban parte de la concentración. Tras su intervención, el juicio ha quedado visto para sentencia.