El Gobierno ha aprobado una nueva licitación para la asistencia sanitaria de los funcionarios por Muface. Plantea un aumento de la prima en un 33%. La anterior, que quedó desierta, proponía una subida del 17%. El Gobierno ajustará el coste por edad: la prima será más baja para menores de 14 años y más alta para los mayores de 65. Las aseguradoras estudiarán la oferta antes de decidir si la aceptan. Para los sindicatos, es una buena noticia.
Miles de funcionarios exigen en Madrid la continuidad de Muface. Piden que el Gobierno ofrezca una licitación suficiente a las aseguradoras y que estas sigan prestando asistencia sanitaria a más de un millón y medio de empleados públicos. El Ejecutivo accedió a incrementar la financiación del modelo para los dos próximos años. Los funcionarios advierten de las consecuencias para la Sanidad pública. Ante la incertidumbre, algunos denuncian que están viendo retrasadas sus pruebas.
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Miles de funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han protagonizado una manifestación en Madrid para exigir al Gobierno una financiación "suficiente" para el sistema de Muface, el organismo que gestiona la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos.
La concentración ha tenido lugar en las inmediaciones de la Dirección General de Muface, situada en la Ciudad Universitaria de Madrid. Llaman a una huelga general si no se llega a un acuerdo, actualmente, son más de un millón y medio los afectados por este sistema de mutuas.
Protestas en ciudades de toda España para exigir la renovación inmediata del concierto de Muface. Los empleados públicos mutualistas exigen a las aseguradoras y al Gobierno responsabilidad y acabar con la incertidumbre de 1,5 millones de funcionarios y sus familias.
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El sábado 14 de diciembre alas 12:30h tendrá lugar una concentración de funcionarios delante de la dirección general de Muface, organizada por el sindicato CSIF, en señal de protesta por la extinción del contrato con las aseguradoras, por la que 1 millón y medio de personas se integrarán en el Sistema Público de Salud. Miguel Borra es el presidente del sindicato de funcionarios, y explica que "se están anulando citas, se están posponiendo pruebas que ya tenían los asegurados a Muface, por lo que hay una sensación de desamparo y desde luego, muchísima preocupación".
Sobre las palabras de tranquilidad que ha transmitido el ministro Óscar López, Borra dice que no les calman porque la licitación que sacó el Gobierno el 19 de octubre y que quedó desierta "no cumple los tres meses de antelación" establecidos en el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. "Tenemos que trabajar para que el Gobierno saque una licitación conveniente para un modelo que ha estado funcionando bien a lo largo de estas últimas décadas, y que pueda continuar", ha concluido.
El posible fin de Muface plantea una pregunta: ¿puede la sanidad pública asumir la atención a los trabajadores públicos que están en Muface? El Ministerio de Sanidad cree que sí y dice que es lo razonable. Sin embargo, Función Pública volverá a intentar llegar a un acuerdo con las aseguradoras tras quedar desierto el primer concurso. Los funcionarios que lo utilizan defienden seguir como hasta ahora.
El Ministerio de Sanidad plantea suprimir el modelo Muface e integrar a un millón y medio de usuarios en la sanidad publica en un período de nueve meses. En 24 horas de RNE, Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente de los Funcionarios (CSIF), nos ha comentado que aspiran a seguir trabajando para sacar adelante este concierto: "Hoy hemos hablado con la Secretaria de Función Pública y nos ha trasladado que siguen trabajando en sacar una nueva licitación más atractiva para que no quede en desierto el concurso".
También ha afirmado que desde CSIF, consideran que en estos momentos es "complicado que el Sistema Nacional de Salud asuma ese millón y medio de personas". "Hay funcionarios que han podido acceder hace un año y que han entrado con estas condiciones laborales y de mutualistas. Lo que nos encontramos es que ahora quieren cambiar las reglas del juego. Miguel Borra ha pedido al Gobierno que tenga una voz común respecto al tema: "Nosotros lo que planteamos es que si no quieren que el modelo siga, que lo digan tal cual, que lo pongan encima de la mesa y ya lo discutiremos". Escucha la entrevista en RNE Audio.
Diego Molina, secretario de Acción Sindical en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, se queja de que el Gobierno ha dejado "al margen" a las organizaciones sindicales "durante todo el proceso de negociación" de Muface, aunque lo que sí convocó es al Consejo General de la entidad, "donde una parte mínima la conformamos la organizaciones sindicales", insiste.
Acerca de la nueva licitación anunciada por el Ejecutivo, el secretario afirma que no les dieron detalles sobre esta. Además, el entrevistado alega que "en una negociación todos tienen responsabilidad", pues, en su opinión, la Administración debería haber hecho un "informe de viabilidad económica y financiera serio" para que "la contraparte que negocia no ponga sobre la mesa un chantaje entre comillas".
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los empleados públicos de familias monoparentales a extender de 16 a 26 semanas el permiso de maternidad para evitar la discriminación de los menores recién nacidos. Así lo ha fijado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que el Supremo establece que esta es la interpretación que debe darse al permiso regulado en el Estatuto del Personal Público.
Foto: Una madre con su bebé en brazos (Getty Images)
Bruselas sigue advirtiendo a España por las condiciones laborales de los trabajadores interinos. Hoy la Comisión da un paso más advirtiendo que estos profesionales aún sufren discriminación respecto a los empleados fijos. Y da dos meses para solucionarlo.
Pau Albert Martí, abogado experto en función pública, explica a TVE que los interinos se enfrentan a diferencias salariales y de desarrollo profesional, ya que no tienen las mismas oportunidades para obtener un ascenso.
Nuevo respaldo de la Justicia europea a los interinos que llevan años como temporales en la Administración. Insiste en que hacerlos fijos puede ser una solución al abuso de la temporalidad y, ahora, va incluso más allá. Abre la puerta a que los juzgados puedan saltarse la doctrina del Supremo contraria a ese cambio.
Además, apunta una fórmula: convertir a esos interinos en indefinidos, pero sin que pasen a ser funcionarios. El tribunal cree que la normativa española ni evita ni sanciona los abusos de la temporalidad como exige la ley europea.
El Telediario presenta las distintas 'caras' del fallo del TJUE. La anterior sentencia ya avalaba convertir en fijos a los trabajadores interinos. María Dolores es de las pocas beneficiadas, pero hay ejemplos como Margarita que no han tenido tanta suerte. El Tribunal Superior de Madrid rechazó hacerla fija.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".
El abogado Javier Arauz calcula que este dictamen afecta a "más de 1,2 millones de empleados públicos, de los cuales 800.000 son mujeres y personas de más de 50 años". Además, argumenta que "afea el comportamiento de las autoridades españolas que no están a la altura del derecho comunitario".
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