La Alianza Trans Abortera de Colombia (ATAC) acaba de publicar un estudio sobre el acceso al aborto para hombres trans y personas no binarias. El informe pretende mostrar una realidad desconocida para la mayoría; hay varones que se quedan embarazados y quieren abortar. "Somos una población invisible, entonces se cree un poco que no existimos y eso lleva a otro tipo de violencias. Las mujeres trans son las que más aparecen en estas luchas, mientras que nosotros y las personas no binarias nos hemos quedamos un poco de lado", nos cuenta Tomás Serrano, psicólogo y activista trans masculino, que forma parte del colectivo ATAC. Uno de los objetivos de esta Alianza es apoyar a aquellos que quieren interrumpir un embarazo no deseado para que no se sientan solos, porque los obstáculos con los que a menudo se encuentran convierten el procedimiento en un infierno.
Unas 30 mujeres han puesto una denuncia colectiva en Murcia por el trato "denigrante" que aseguran han sufrido a la hora de abortar en esa región.
Lorena estaba en la semana 20 de gestación. Decidió poner fin a su embarazo. Fue entonces cuando descubrió que no lo podría hacer en el hospital público de su ciudad, Salamanca. Selene, también de Salamanca, se quedó embarazada con 18 años y decidió no tenerlo. La derivaron a Valladolid. Denuncia que antes no la informaron de los tipos de interrupción ni del proceso y que se sintió juzgada en todo momento.
Según los últimos datos del ministerio de Sanidad, en 2019 en trece provincias y Ceuta y Melilla no se realizaron abortos. Una de ellas es Jaén donde según nos dicen desde la consejería de sanidad: simplemente es un servicio que no se presta.
Desde el ministerio de Igualdad aseguran que trabajan con las comunidades autónomas para acabar con las barreras territoriales para acceder al aborto.
Europa es el continente con las normas más permisivas, pero también hay lugares en los que puede ser difícil abortar. En Andorra, San Marino, El Vaticano y Malta es ilegal y puede acarrear penas de prisión. Fuera de Europa y sin contar el mundo árabe, el continente más restrictivo es América Latina.
El país con medidas más drásticas es El Salvador. El aborto conlleva penas de entre dos y ocho años de cárcel, pero a partir de las 22 semanas se puede considerar homicidio agravado, y castigarse con hasta 50 años de prisión. La interrupción voluntaria del embarazo también es ilegal en Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana.
Hoy, los gibraltareños mayores de 16 años, que se hayan inscrito previamente, participan en un referéndum para ampliar la ley del aborto, una las más restrictivas de Europa, que prevé cadena perpétua para las mujeres que decidan interrumpir de forma voluntaria su embarazo y para quien las ayude. Todo ello, en una sociedad de fuerte implantación católica y profundamente dividida respecto al asunto.
Según los datos del Ministerio de Sanidad español, son medio centenar las gibraltareñas que abortan cada año en nuestro país.
Todos los ginecólogos de la sanidad pública de La Rioja están acogidos a la objeción de conciencia para no practicar abortos. Esto obliga a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo tienen que desplazarse para hacerlo. Para Amnistía Internacional es una decisión respetable pero que vulnera los derechos de las riojanas. La situación genera desigualdad con respecto a las de otras comunidades, y causa perjuicio psicológico y económico. Informa Natalia González.
El Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso de amparo que presentó la organización Women’s Link, representando a Antonia, una mujer a la que el Servicio Murciano de Salud negó información sobre la anomalía que sufría el feto, lo que impidió que accediera a una interrupción del embarazo en condiciones dignas.
Estefanny Molina, abogada de Women's Link, ha dicho en Las mañanas de RNE que su organización ya ha recibido la notificación de la admisión a trámite. "El Tribunal Constitucional ha considerado que se trata de un problema que afecta a un derecho fundamental sobre el cual no hay doctrina previa y tiene relevancia constitucional", explica.
Y cuenta que aún hay obstáculos al aborto en España que hace que muchas mujeres no puedan acceder sin discriminación. "En los últimos años hemos identificado varias barreras de acceso al aborto. Hay una objeción de conciencia generalizada, incluso de hospitales enteros y comunidades autónomas enteras. Hay discriminación geográfica, muchas mujeres son obligadas a desplazarse a kilómetros de su lugar de residencia", denuncia. Según el Ministerio de Sanidad, en 2014 las regiones de Murcia, Aragón, Castilla y León y Castilla - La Mancha, no realizaron abortos en el sistema público. "En 2019 12 provincias no notificaron ningún aborto en su territorio. Esto quiere decir que las mujeres tuvieron que desplazarse. Es muy grave." Hay un gran desequilibrio, a pesar de que la legislación es para todo el país. "La ley es bastante buena porque reconoce el derecho al aborto como un derecho fundamental, pero vemos que hay disparidades en algunos territorios. Es obligación del Estado garantizar el aborto esté disponible ne los servicios públicos de salud. La ley es muy clara en ese sentido. Dice que la prestación se hará en los servicios púhlbicos de salud y excepcionamente en clínicas privadas. La excepción se ha convertido en la regla general", ha explicado.
Un grupo de 30 mujeres de la Región de Murcia presentan una denuncia colectiva contra la Comunidad autónoma por el trato denigrante recibido cuando decidieron abortar
En Estados Unidos se debate de nuevo sobre el derecho al aborto, pendientes de una sentencia crucial del Tribunal Supremo. Todo mientras en Texas se ha aprobado una de las leyes más restrictivas del país, la cualno contempla excepciones en caso de violación e incesto. La única clínica en todo el estado de Misisipi donde se puede abortar libra una batalla contra el estado que ha llegado al Supremo. Su resultado podríadar un vuelco en la historia del país. El Supremo sentenció hace casi medio siglo que las mujeres tienen derecho a abortar hasta que el feto sea viable. Pero en 2018 Misisipi prohibió los abortos a las 15 semanas de gestación, unos dos meses antes. Entonces, la clínica denunció y los jueces tumbaron la ley, pero ahora el Supremo va a revisar el caso y si permite esta ley pueden venir otras. Muchos otros estados están firmando leyes antiaborto. El último, Texas. Estas leyes se estrellan continuamente contra el Tribunal Supremo, pero ahora todo es distinto: porque hay una nueva mayoría de jueces conservadores, 6 a 3, después de los que nombró Donald Trump, y esto es una prueba de fuego, la primera vez que los estos jueces van a decidir sobre el aborto. Su decisión llegará el año que viene.
El aborto ha quedado despenalizado y será legal en Ecuador después de una violación en todos los casos. Así lo ha decidido la Corte Constitucional del país. En concreto, esta dependencia judicial en Ecuador ha considerado inconstitucionales dos artículos del Código Penal que restringen el derecho a interrumpir el embarazo a solo dos supuestos: cuando la vida de la mujer está en peligro o cuando padece discapacidad mental.
Hoy en esta mirada al mundo que hacemos cada día nos ocupamos de la realidad que viven las mujeres en Ecuador. Un país en el que la interrupción voluntaria del embarazo está muy restringida y donde ni siquiera es legal abortar tras una violación. El debate para despenalizar este supuesto se ha quedado parado y ahora con la victoria del conservador Guillermo Lasso son muchas las dudas y miedos que tienen las organizaciones feministas para los próximos cuatro años que repasamos en este reportaje de Fátima González y Santiago Barnuevo.
Colombia es un de los pocos países de América Latina que cuenta con el respaldo de su tribunal constitucional para que el sistema de salud garantice la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, son cientos las mujeres que denuncian cada año trabas burocráticas y profesionales para abortar de forma segura. La corresponsal de RTVE em Bogotá, Beatriz Viaño, nos acerca la realidad que enfrentan las mujeres en Colombia.
Argentina legalizó el aborto en una votación histórica en diciembre de 2020 y ha obtenido los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención. Su legalización es una reivindicación histórica feminista que ha tratado de llegar al Congreso en varias ocasiones sin éxito.
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