Después de casi dos años de investigación, la Fiscalía no se querellará contra el rey Juan Carlos y archiva las tres investigaciones que mantenía abiertas contra él. En unos casos, por falta de indicios, y en otros por estar prescrito, ya que el delito se cometió cuando el rey gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado o él mismo lo subsanó con una regularización fiscal.
La Fiscalía señala que el propio rey emérito reconoció la deuda tributaria con esas regularizaciones y resalta que "se ha recuperado para las arcas públicas más de cinco millones de euros correspondientes a las cantidades que el rey emérito adeudaba a la Hacienda Pública".
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la investigación que mantenía abierta sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales de 65 millones de euros por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. El Ministerio Público también ha dado por buenas las dos regularizaciones fiscales que realizó Don Juan Carlos sobre sus finanzas.
Unidas Podemos va a ampliar la denuncia ante la Fiscalía y ha registrado un pleno monográfico en la Asamblea. Carolina Alonso, portavoz de UP en la Asamblea de Madrid ha explicado en TVE: “Nos basamos en la propia declaración de Ayuso que aseguraba que su hermano se había llevado una comisión”. Ahora llevan a Anticorrupción otros dos contratos menores y aseguran que se fraccionaron para evitar la fiscalización. Añade que les han impedido abrir una comisión de investigación y "la información que pedimos nos la dan mal", además sostiene que "Ayuso ha cambiado la versión con respecto a estos contratos”.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha indicado que han ido a la Fiscalía Anticorrupción "para ampliar información de la denuncia, que ha dado la propia Ayuso”y ha concretado que han llevado “los datos del avión en el que pudo llegar el material comprado por el hermano de Ayuso”. Matiza: “Nosotros no somos quién para decir si hay un delito. Nuestro trabajo es fiscalizar al Gobierno”. El socialista ha pedido un pleno extraordinario para el próximo día 4 de marzo: “Si su hermano no ha cometido ningún delito que venga Ayuso y lo explique”.
La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias en fase preliminar con las tres denuncias de la izquierda en la Asamblea madrileña para comprobar si hay delitos en el contrato de las mascarillas vinculado con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas pesquisas, de momento, no se dirigen a ninguna persona física ni jurídica concreta. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid apotaron documentación a la que ayer se sumó la de la propia Comunidad. El Ministerio Público reconoce que la relevancia de los hechos denunciados justifica abrir esta investigación, pero de momento no pone el foco sobre Ayuso. Por eso, el caso no se va a remitir todavía al Tribunal Supremo.: la presidenta madrileña es aforada ante el Alto Tribunal. Informa Gema Alfaro.
Tras la crisis del PP entre Ayuso y Casado, la oposición madrileña insiste en que todavía queda mucho por investigar. El PSOE ha dicho hoy que va a llevar a la Fiscalía Anticorrupción datos sobre cuatro nuevos contratos. El secretario general del PSOE, Juan Lobato, ha explicado que incorporará a la denuncia la información proporcionada por la propia Ayuso, en el comunicado en el que reconocía la existencia de un pago de más de 50 mil euros a su hermano. Además, este lunes van a exigir en la Asamblea que se ponga en marcha la Comisión de Investigación solicitada hace meses, que no salió adelante con los votos en contra del PP y Vox. La oposición también solicita que Ayuso comparezca en un Pleno Extraordinario estos días para dar explicaciones.
La Fiscalía investiga ya si hay algo irregular en elpolémico contrato con el que supuestamente se benefició el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La empresa para la que trabajó recibió más adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.
La lucha contra la corrupción está prácticamente estancada desde hace 10 años. Así lo recogela organización Transparencia Internacional en su informe anual sobre corrupción en el mundo. El ranking lo encabezan países como Dinamarca y Finlandia, mientras que España ha bajado un punto, de los 62 puntos sobre 100 que obtuvo el año pasado, se ha quedado en 61. Manuel Villoria, miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que, aunque la pandemia ha complicado la lucha contra la corrupción porque había otras prioridades, también ha demostrado la problemática que continúa existiendo.
“Al mismo tiempo la pandemia nos ha demostrado como numerosos déficits que había en la contratación se han disparado, la enorme cantidad de despilfarro y los casos de corruptela que ha habido en medicinas o respiradores”, explica Villoria. "La evolución a nivel global es que hay una terrible tendencia autoritaria en muchos países. Cuando le das al poder más poder, la posibilidad de abusos se multiplica”, afirma. Para España, “este año va a ser la prueba de fuego en la lucha contra la corrupción”, ya que el catedrático entiende que “con arreglos de fachada no se va a resolver el problema” y quehay que gestionar adecuadamente los fondos europeos.
El fiscal suizo cierra parcialmente la investigación que realizaba sobre la fundación panameña de la que era beneficiario Don Juan Carlos. No ha encontrado incidíos suficientes que corroboren que la donación de 65 millones de euros realizada por el Rey de Arabia Saudí esté relacionada con las supuestas comisiones que, según Corinna, Juan Carlos cobro por mediar en la contratación de las obras del AVE a la Meca. Esos 65 millones habría terminado cobrándolos ella, según su declaración, por el cariño que el Rey le tenía a ella y a su hijo. La investigación, que comenzó en 2018, nunca tuvo en el punto de mira a Juan Carlos, pero si a Corinna y otros colaboradores.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pudo incurrir en los presuntos delitos de prevaricación y malversación por eliminar 135 camas en un hospital público. La decisión se realizó sin ningún tipo de procedimiento administrativo, lo que, según el Ministerio Público, supuso un quebranto económico en las arcas públicas de más de cien millones de euros.
