- Según la formación morada, en ambos contratos parece haber presuntas irregularidades
- El alcalde niega que haya ningún tipo de irregularidades y asegura que ninguna empresa denunció
- "Bien lo sabe quien fue absuelto en el juicio de los trajes, en el que hubo dos conformidades", le responde la Fiscalía
- "Lo que existe es un acuerdo nada clandestino" que busca agilizar la vista oral y aligerar la prueba, ha agregado la fiscal
- Denuncia los "pactos secretos y obscenos" de Anticorrupción con algunos acusados en el juicio
- La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para Camps
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" con algunos de los principales acusados en el juicio en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación del montaje de un expositor en Fitur en 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel'.
FOTO: Francisco Camps atiende a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Fernando Villar
- Se investiga si participó en prácticas corruptas en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021
- Podemos, el PSOE, Ciudadanos habían pedido su dimisión
- La guerra ha complicado los avances en transparencia y la lucha contra la corrupción en Ucrania
- Hasta hace unos años era común pagar sobornos a los funcionarios públicos, pero ahora las cosas están cambiando
- Sigue la última hora de la guerra Ucrania-Rusia
Día 338: la batalla contra la corrupción
¿Es Ucrania un país corrupto? ¿Ha empeorado la guerra la transparencia en el país? ¿Está Zelenski realmente comprometido a acabar con la corrupción? Nos lo explica Andrii Borovyk, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Ucrania. Andrii es traductor en la embajada de Brasil en Kiev. Nos explica cómo han percibido los ucranianos las destituciones en el Gobierno y cómo ha sido la corrupción en el país. Nos confiesa que hace años, cuando era joven, solía pagar a la policía para evitar sanciones de tráfico. Ahora asegura que eso ya no ocurre y que la mentalidad de la gente está cambiando poco a poco. La foto la hace nuestra enviada especial, María Eulate. Nos cuenta una historia de corrupción que escuchó en la cola de una oficina de reclutamiento en Kiev.
- Las acusa de delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia
- Ambos fueron los responsables de investigar de la presunta trama corrupta del empresario Bartolomé Cursach
- La Fiscalía pidió transformar la causa al procedimiento de sumario, previsto para penas superiores a nueve años
- La AN le da tres meses para decidir ante una reforma que entra en vigor el viernes y rebaja penas cuando no hay ánimo de lucro
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise y decida si mantiene o no su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso 'Acuamed' ante la reforma del delito de malversación, que entra en vigor el viernes y que podría suponer penas inferiores a las que se aplicarían con el Código Penal actiual.
- Responde así a la Audiencia de Sevilla, que había pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que se pronunciaran
- Rechaza la solicitud de suspender las condenas que habían formulado nueve exaltos cargos de la Junta condenados
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCat por la "estrategia para el financiamiento político". José Grinda, es el fiscal Anticorrupción que se ha encargado de investigar el 'caso del 3%' desde 2015.
Grinda explica en el 24 horas de RNE que "es complicado pensar que solo dos personas [las que se incluyen en el escrito de conclusiones provisionales] seas las máximas responsables de realizar todo este entramado". Además, el fiscal añade que "parece curioso que en el escrito solo haya cinco personas investigadas de Convergència Democrática de Cataluña".
Para finalizar, José Grinda insiste en que la responsabilidad penal y la multa "debe afrontarla el PdeCAT por ser una mera simulación respecto de Convergència Democrática de Cataluña".
- La Fiscalía dirige también su acusación contra 30 personas y 14 empresas, para quienes pide penas de hasta 21 años de cárcel
- Detalla una "estrategia para el financiamiento ilícito" de Convergència que se habría realizado a lo largo de los años
En el llamado 'caso del 3%', la investigación sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación. Pide penas de hasta 21 años de cárcel y multa de 3 millones de euros para el partido. Foto: El tesorero de CDC Andreu Viloca (EFE/Andreu Dalmau)
La juez abre juicio a Zaplana por el cobro de comisiones y Anticorrupción pide 19 años de cárcel
- Está acusado de los delitos de organización criminal, blanqueo, falsedad y cohecho
- Junto a él, la Fiscalía acusa a otros investigados en la causa como el considerado presunto testaferro del expresidente
Anticorrupción pide al juez de Kitchen investigar los audios de Cospedal y Villarejo
- Pide hacerlo en una pieza separada, pues considera que no se puede incluir dentro de la pieza de la Kitchen
- La pieza de la Kitchen fue cerrada hace unos meses con la desimputación de Cospedal
- Asegura que las instituciones "son para ponerlas al servicio de la mayoría, no para una o dos personas"
- La Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para Borrás por presuntas contrataciones a dedo
- El juez García-Castellón abre juicio oral contra el político y otras 13 personas más
- Se trata de una de las piezas del Caso Púnica
- Acusa a la presidenta del Parlament de prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos de la ILC a su amigo
- Los hechos ocurrieron cuando Borràs era presidenta del Instituto de Letras Catalanas entre 2013 y 2017
- El magistrado envía a la entidad y a cuatro directivos al banquillo por "un delito relativo al mercado y a los consumidores"
- La acusación pide una fianza de 192 millones a la empresa y más de 107 a cada directivo