Iberdrola Generación España y cuatro de sus directivos se sentarán en el banquillo por alterar el precio de la energía y perjudicar a los consumidores. La Audiencia Nacional ha abierto este miércoles un juicio oral contra ellos por parar las centrales hidroeléctricas del Tajo, el Duero y el Sil en diciembre de 2013 para encarecer la electricidad. La Fiscalía pide una fianza de 192 millones a la empresa y más de 107 a cada directivo.
La presidenta madrileña se ha enterado del archivo de la investigación de la Fiscalía a un contrato de mascarillas vinculado a su hermano durante el pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, donde ha señalado que en la Comunidad "no hay ni ha habido corrupción", y ha pedido la dimisión de toda la izquierda por "el uso torticero de la justicia".
"Llevan veinte veces contadas que me han llevado a los tribunales y veinte veces que la justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades", ha expresado Ayuso. "Será que la justicia es de extrema derecha, será que el sistema está corrompido", ha ironizado la presidenta, que ha sido ampliamente aplaudida por el grupo parlamentario del PP.
Miguel Ángel Galán, presidente de las Escuelas de entrenadores de fútbol (CENAFE), ha repasado en el programa La Hora de La1 las irregularidades que, a su juicio, ha cometido Luis Rubiales al frente de la RFEF, entidad que Galán considera "una institución privada con funciones públicas delegadas".
También ha acusado al presidente de la Federación de contratar a un investigador privado para espiarle durante seis meses a través de la misma empresa con la que supuestamente espió a David Aganzo, presidente de la Asociación de futbolistas de España (AFE).
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado que se eligiera la propuesta de Luis Medina, el empresario que se embolsó comisiones millonarias por mediar en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, porque su socio Alberto Luceño y él "garantizaron un millón de mascarillas" y que llegarían en "20 días", porque era prioritario en ese momento "obtener ese material sanitario lo antes posible".
"Estos proveedores garantizaban mascarillas en 20 días cuando nadie tenía mascarillas", ha explicado en una entrevista en La Hora de la 1, en la que ha vuelto a incidir en que su primo no conocía a Medina y que solo se "limitó a darle un buzón de correo público y oficial".
Además, Almeida ha defendido que no se pagó nada directamente a Medina y Luceño, sino que se pagó a los proveedores directamente.
El juez ha accedido a retirar el pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado para los dos comisionistas Medina y Luceño tal y como pedían los partidos personados en la causa. Ambos han declarado durante una media hora y parece que han adoptado una estrategia común. Han asegurado que el único contacto con el Ayuntamiento de Madrid era Elena Collado, a la que llegaron por el primo del alcalde y los dos también han asegurado que las comisiones las fijó el presidente de la empresa pleno San Chin Choon.
Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño están citados este lunes como investigados ante un juzgado de Madrid por haber estafado supuestamente al Ayuntamiento en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia y haberse embolsado más de seis millones de dólares (unos 5,5 millones de euros al cambio actual) en comisiones.
El juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, les espera a partir de las doce y media de la mañana para tomarles declaración como imputados por supuestos delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además del de alzamiento de bienes en el caso de Medina.
Es la primera vez que declaran en sede judicial tras comparecer hace ya un año ante la Fiscalía Anticorrupción, que lleva investigando su actuación desde noviembre de 2020 y que fue quien interpuso la querella que ha dado lugar al procedimiento.
FOTO: El empresario Luis Medina, en una imagen de archivo. EFE/ Luca Piergiovanni
La Fiscalía acusa a Luis Medina y su socio Alberto Luceño de falsificar documentos para intentar justificar sus comisiones millonarias. Los dos defienden esas comisiones, pero en su declaración ante el fiscal hace un año dijeron que se las ocultaron al Ayuntamiento de Madrid.
Luis Medina se presenta ante el fiscal como un mero facilitador y dice que era su socio el que llevaba las negociaciones. Asegura que el acuerdo era de un tercio para la empresa, otro para él y otro para Luceño y que fue más tarde cuando se enteró de que su socio se había llevado 4 millones más.
Luceño se justifica, dice que las comisiones no las ponía él, sino la empresa vendedora, y que fue de un 45 %. Además, reconoce que no informaron de esas comisiones al Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, la representante del consistorio, Elena Collado, cuenta las enormes dificultades para conseguir material sanitario aquellos días y que de hecho ese contrato se cerró de madrugada.