- Casi siete de cada 10 funcionarios eligen los seguros privados, aunque cada vez es más común que opten por la pública
- Sanidad ve "viable" y "razonable" acabar con el sistema, mientras Función Pública trata de cerrar un acuerdo con los aseguradoras
- Fuentes oficiales aseguran que habrá una nueva licitación para las aseguradoras tras quedar desierto el anterior
- Sanidad planteó esta semana suprimir Muface e incorporar en nueve meses a la sanidad pública un millón de funcionarios
El posible fin de Muface plantea una pregunta: ¿puede la sanidad pública asumir la atención a los trabajadores públicos que están en Muface? El Ministerio de Sanidad cree que sí y dice que es lo razonable. Sin embargo, Función Pública volverá a intentar llegar a un acuerdo con las aseguradoras tras quedar desierto el primer concurso. Los funcionarios que lo utilizan defienden seguir como hasta ahora.
El Ministerio de Sanidad plantea suprimir el modelo Muface e integrar a un millón y medio de usuarios en la sanidad publica en un período de nueve meses. En 24 horas de RNE, Miguel Borra, presidente nacional de la Central Sindical Independiente de los Funcionarios (CSIF), nos ha comentado que aspiran a seguir trabajando para sacar adelante este concierto: "Hoy hemos hablado con la Secretaria de Función Pública y nos ha trasladado que siguen trabajando en sacar una nueva licitación más atractiva para que no quede en desierto el concurso".
También ha afirmado que desde CSIF, consideran que en estos momentos es "complicado que el Sistema Nacional de Salud asuma ese millón y medio de personas". "Hay funcionarios que han podido acceder hace un año y que han entrado con estas condiciones laborales y de mutualistas. Lo que nos encontramos es que ahora quieren cambiar las reglas del juego. Miguel Borra ha pedido al Gobierno que tenga una voz común respecto al tema: "Nosotros lo que planteamos es que si no quieren que el modelo siga, que lo digan tal cual, que lo pongan encima de la mesa y ya lo discutiremos". Escucha la entrevista en RNE Audio.
- Sanidad considera que el modelo Muface, que tiene 1,5 millones de mutualistas, "no es sostenible"
- Esta incorporación supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública
- El presidente del CSIF reclama que la subvención se sitúe entre el 24% y el 45% que pidieron las aseguradoras
- También piden abordar una subida salarial para 2025 y que el Ejecutivo negocie un nuevo acuerdo plurianual
Diego Molina, secretario de Acción Sindical en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, se queja de que el Gobierno ha dejado "al margen" a las organizaciones sindicales "durante todo el proceso de negociación" de Muface, aunque lo que sí convocó es al Consejo General de la entidad, "donde una parte mínima la conformamos la organizaciones sindicales", insiste.
Acerca de la nueva licitación anunciada por el Ejecutivo, el secretario afirma que no les dieron detalles sobre esta. Además, el entrevistado alega que "en una negociación todos tienen responsabilidad", pues, en su opinión, la Administración debería haber hecho un "informe de viabilidad económica y financiera serio" para que "la contraparte que negocia no ponga sobre la mesa un chantaje entre comillas".
- Adeslas, Asisa y DKV renuncian a la cobertura sanitaria de los funcionarios: reclamaban una subida de la prima del 38%
- Muface asegura que los mutualistas recibiran "las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad"
- La organización cifra la asistencia en 6.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno, en 2.500
- Pertenecen a diferentes sectores como bomberos forestales, trabajadores de ayuntamientos o administrativos
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los empleados públicos de familias monoparentales a extender de 16 a 26 semanas el permiso de maternidad para evitar la discriminación de los menores recién nacidos. Así lo ha fijado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que el Supremo establece que esta es la interpretación que debe darse al permiso regulado en el Estatuto del Personal Público.
Foto: Una madre con su bebé en brazos (Getty Images)
- Al existir indicios de que pueda haber un delito penal, el expediente queda congelado mientras se resuelve la investigación
- Más de 5.000 personas estaban citadas a la prueba y recibieron minutos antes del inicio un correo informando de su suspensión
- Dicha cantidad es inferior a la subida del 24% que pedía Muface en los últimos días y del 40% que reclamaban las aseguradoras
- El concierto sanitario de Muface da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, entre titulares y beneficiarios
- La Comisión Europea da un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas
- Tiene en cuenta los cambios efectuados, pero considera que "siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados"
Bruselas sigue advirtiendo a España por las condiciones laborales de los trabajadores interinos. Hoy la Comisión da un paso más advirtiendo que estos profesionales aún sufren discriminación respecto a los empleados fijos. Y da dos meses para solucionarlo.
Pau Albert Martí, abogado experto en función pública, explica a TVE que los interinos se enfrentan a diferencias salariales y de desarrollo profesional, ya que no tienen las mismas oportunidades para obtener un ascenso.
- Es el segundo aviso de la Comisión Europea a las autoridades españolas por el incumplimiento de la directiva
- El personal interino de la administración tiene menos derechos que el fijo, por ejemplo, en cuanto a días de vacaciones
- Cualquier persona que cumpla con los requisitos puede optar a una de las 27.360 plazas de turno libre
- El Consejo de Ministros aprobó la cifra histórica, que reserva un 10% para las personas con discapacidad
- Suma un total de 40.121 plazas: 20.840 de turno libre y 10.625 de promoción interna
- Como novedad, se reserva un 10% para personas con discapacidad: 3.147 plazas
- La medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero
- Se contempla una subida adicional del 0,5% en función de la evolución de la inflación
- Andalucía y Madrid son las regiones a las que ha acudido un mayor número de opositores: 43.707 y 36.000, respectivamente
- Es una "carrera de fondo" de la que desertan cinco de cada diez candidatos por falta de organización y tiempo
- El acuerdo contempla abonar medio punto adicional en función de la evolución de la inflación
- El Gobierno también aprobará la oferta pública de empleo de 2024, que ascenderá a 40.121 plazas
- El Tribunal de Justicia de la UE vuelve a avalar que los interinos puedan pasar a ser fijos sin convertirse en funcionarios
- Se considera una temporalidad abusiva cuando se mantiene el trabajo sin contrato fijo durante más de dos años
Nuevo respaldo de la Justicia europea a los interinos que llevan años como temporales en la Administración. Insiste en que hacerlos fijos puede ser una solución al abuso de la temporalidad y, ahora, va incluso más allá. Abre la puerta a que los juzgados puedan saltarse la doctrina del Supremo contraria a ese cambio.
Además, apunta una fórmula: convertir a esos interinos en indefinidos, pero sin que pasen a ser funcionarios. El tribunal cree que la normativa española ni evita ni sanciona los abusos de la temporalidad como exige la ley europea.
El Telediario presenta las distintas 'caras' del fallo del TJUE. La anterior sentencia ya avalaba convertir en fijos a los trabajadores interinos. María Dolores es de las pocas beneficiadas, pero hay ejemplos como Margarita que no han tenido tanta suerte. El Tribunal Superior de Madrid rechazó hacerla fija.
Foto: EFE / Chema Moya
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".
El abogado Javier Arauz calcula que este dictamen afecta a "más de 1,2 millones de empleados públicos, de los cuales 800.000 son mujeres y personas de más de 50 años". Además, argumenta que "afea el comportamiento de las autoridades españolas que no están a la altura del derecho comunitario".
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