Entendemos que estos días está habiendo un debate sobre las penas, sobre la duración de las mismas, sobre qué significa que cuando se dicta una sentencia se califiquen los hechos con un número muy impresionante de años de cárcel. Pero luego, vienen las cuentas diremos que viene el álgebra, vienen las matemáticas, y las penas muchas veces o casi siempre tienen poco que ver con lo que aparece en la sentencia. Vamos a hablar de las matemáticas de las cuentas de las penas.
Este viernes ha tenido lugar la tercera sesión del juicio por el asesinato de Samuel Luiz, el joven que murió de una brutal paliza el 3 de julio de 2021, a la salida de un local de ocio nocturno en A Coruña, Galicia. Durante la sesión han declarado varios testigos del suceso. Sus testimonios son esenciales para que el jurado determine si hubo o no crimen homófobo. Este viernes han declarado las dos amigas de la víctima y dos senegaleses que estaban por la zona. Estos últimos han contado que vieron como un grupo agredía a Samuel, le intentaron proteger alejándose del lugar, aunque los agresores les perseguían. Recuerdan ver a unas 7 u 8 personas, incluso han reconocido y señalado a algunos de los acusados durante el juicio.
El 16 de octubre de 1946 diez líderes nazis condenados en Núremberg fueron ejecutados. Otros murieron asesinados sin juicios o huyeron a países como España. ¿Qué se hizo desde entonces con los criminales de guerra?. Escúchalo en RNE Audio con Julián Casanova.
Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha estado en el 24 horas de RNE para comentar la no dimisión de fiscalía general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber sido imputado por un delito de revelación de secretos en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Desde la Unión de Fiscales a la que el mismo García Ortiz pertenecía antes de ser nombrado fiscal han defendido, no sólo que no debe dimitir, sino que debe defenderse propiamente: "Tiene que defender que su actuación profesional fue correcta [...] Tiene que ejercer su defensa desde la responsabilidad de fiscal general del Estado".
Martín González también ha criticado la politización de este tipo de situaciones: "Los fiscales no somos el instrumento político de nadie, con independencia de asignación del fiscal general que es la que la Constitución determina". Insiste en que no se debe atentar "una y otra vez cuando convenga" contra "la actuación profesional" de los fiscales.
El Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos por el caso de la pareja de Ayuso. Ante esta situación, García Ortiz ya ha anunciado que no se plantea dimitir, a pesar de que nunca antes se había investigado a un fiscal general.
Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, ha defendido en el 24 horas de RNE que el fiscal general "no debe dimitir" puesto que "no existe una exigencia legal para que estos suceda". Achútegui ha explicado que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga al Ministerio Público a informar de cualquier tipo de actuaciones penales que no tengan carácter secreto.
Teniendo en cuenta los antecedentes de la justicia española con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la politización de este tema, Edmundo Rodríguez Achútegui afea que el debate político se traslade a los tribunales: "La sede natural del debate político tiene que ser el Parlamento": "Estas actuaciones lo que hacen es desprestigiar la justicia".
Este martes ha comenzado el juicio del asesinato de Samuel Luiz, un joven de 24 años que murió por una brutal paliza el 3 de julio de 2021 en A Coruña. Su asesinato desató una oleada de manifestaciones por todo el país en contra de la LGTBIfobia. Por el momento, dos menores han sido condenados, mientras que los otros cinco acusados se sentarán en el banquillo a partir de este miércoles. Por su parte, el jurado popular tendrá que determinar si fue un crimen homófobo.
El Gobierno ha tachado de "broma" la querella que ha presentado el PP contra el PSOE por financiación irregular, ya que, a su juicio, se basa en "testimonios de dos personas anónimas", mientras que los 'populares' argumentan que le han dado "veracidad razonable", y que por eso han decidido acudir a la Audiencia Nacional.
"Cada vez se hace más política en los tribunales y menos en los parlamentos". Así se ha referido el magistrado y exportavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Joaquim Bosch, en una entrevista en La Hora de la 1 cuando ha sido preguntado por la querella presentada este pasado lunes por el Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el 'caso Koldo'.
Una anuncio que reúne una serie de problemas, ha declarado el magistrado, para que la causa salga adelante. El principal, a su juicio, es "la falta de requisitos subjetivos y objetivos para que puedan abrirse unas diligencias". El PP se basa en las publicaciones del digital The Objetive acerca de un empresario que acudía a Ferraz con dinero a cambio de favores políticos. Empresario y favores políticos que no han sido identificados. Una serie de elementos que, en opinión de de Bosch, dificultan que se cumplan los objetivos jurisprudenciales "para que pueda incoarse un procedimiento penal".
"Hay una judicialización constante de todo con un espacio mediático como complemento de las acciones en los juzgados que está impregnando de manera muy intensa el debate político", concluye.
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