El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). En paralelo, Hacienda ha decidido que por primera vez el SMI tributará en el IRPF. Esto ha desencadenado en un enfrentamiento entre Trabajo y Hacienda que se ha hecho patente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado la medida. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado que se haya enterado "por la prensa" que no se adaptará el IRPF a la subida del SMI para mantenerlo exento de la tributación. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado que esto sea así.
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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ocultaba su enfado este martes por la tributación del IRPF del salario mínimo interprofesional. La aprobación de la última subida, hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, se ha aprobado ya en el Consejo de Ministros, pero por primera vez Hacienda ha decidido no subir el mínimo exento de pagar. "Nos hemos enterado por ustedes", ha afirmado en la rueda de prensa.
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El Consejo de Ministros tiene previsto conceder autorizaciones de residencia y trabajo durante un año a más de 25.000 migrantes víctimas de la riada en situación irregular que estén empadronados en alguna de las zonas afectadas. El conjunto de las medidas tendrá un impacto mucho mayor y, potencialmente, puede facilitar trámites a los 98.000 extranjeros. Uno de ellos sería Fabián, un electricista colombiano que vive en Alfafar, quien perdió su trabajo después de la tragedia y sería uno de los beneficiarios de esta regulación
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este lunes el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, y del que se ha vuelto a descolgar la patronal.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. En 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Andrés Góngora, responsable Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) sobre cómo afectaría esta reducción en el campo. "No rechazamos el avance, creemos que puede ser positivo, pero falta ver cómo se puede adaptar al sector agrario". Góngora explica que los cultivos y los animales tienen unas determinadas necesidades y, por ello, "la ley general tiene que dejar margen para que en los convenios se pueda flexibilizar la jornada laboral". El responsable de COAG dice que echan de menos "tener un marco de interlocución dentro del Ministerio de Trabajo" y asegura que, si hay un aumento de los costes, tiene que haber un aumento de precios: "Vamos a pedir a los supermercados que hay que revisar los contratos". Sin embargo, no cree que la inflación se vaya a ver sometida a vaivenes por esta reforma. "Lo que mueve el precio de los consumidores tiene más que ver con estrategias de la distribución alimentaria", asegura Góngora.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en 2025. Todo ello sin el concurso de los empresarios, hablamos en el informativo 24 Horas con Antoni Cañete, presidente de PIMEC, la Patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña sobre esta decisión: "La proposición de ley para las PYMES tendrá unas consecuencias bastante negativas". Una jornada laboral instaurada en las 40 horas durante los últimos 40 años que según Cañete "es una medida populista, todos queremos trabajar menos y cobrar más. El problema está en el diálogo social a la hora de aplicarla", ha afirmado. Según el presidente de PIMEC: "Hemos crecido en los últimos años en doblar el absentismo laboral y estamos, después de Turquía, a la cola de la productividad. Esta reducción provocará un aumento de los costes salariales", ha concluido.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. Todo ello, después del acuerdo alcanzado por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo el pasado mes de diciembre. De este modo, se inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendrá que conseguir los apoyos para convertir este anteproyecto en ley. Afectará a 12 millones de trabajadores y "las más favorecidas van a ser las mujeres", ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también ha defendido que "da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país".
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní hablando de varios de los temas que mueven la actualidad informativa estos días, como es el caso de las negociaciones para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para las que está prevista una reunión entre los agentes sociales y el Gobierno. La CEOE apuesta por un aumento del 3%, los sindicatos quieren casi el doble y el Ejecutivo un punto medio, por lo que puede haber dificultad para llegar al acuerdo. "Yo creo que el Ministerio de Trabajo se ha equivocado, nos tendrían que haber dejado sentarnos en la mesa como hacemos otras veces", opina Garamendi al respecto.
Explica el presidente de la CEOE que no se niegan a que suba el SMI, pero que plantean que "suba en la misma línea que hemos firmado con los sindicatos para los años 2023, 2024 y 2025, con este margen del 3% que está por encima de lo que es el efecto de la inflación". Sobre la jornada laboral de 37 horas y media que se va a aprobar el Consejo de Ministros de la próxima semana, Garamendi dice que los sindicatos no les plantearon este tema, que de haberlo hecho "podrían haber firmado alguna indicación" e incide en que se trata de una "negociación colectiva": "Si se aprueba esto, salta por los aires una gran parte de convenios que incluso están en vigor. Rompería la confianza de muchos sectores, porque hay algunos que no pueden implementarlo".
