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El Tribunal Supremo ha imputado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos en relación con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, algo que no ha pasado nunca antes en democracia. En un comunicado, García Ortiz ha expresado su decisión de seguir en el cargo alegando que "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española". Mañana se reunirá con la Junta de Fiscales de Sala y con el Consejo Fiscal para explicarles su decisión de seguir y escuchar los puntos de vista del Ministerio público.

La Sala de lo Penal del Supremo pone el foco en averiguar si ha podido revelar datos confidenciales a los que ha tenido acceso por razón de su cargo. Consideran que no hay delito en el comunicado como tal, puesto que son conscientes de que varios medios habían publicado ya detalles de la investigación, pero afirman que es distinto eso a la filtración de los correos electrónicos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Supremo le haya imputado por un presunto delito de revelación de secretos por el caso del novio de Ayuso: "Debería dimitir esta mañana, no puede seguir ni un minuto más contaminando todo lo que hace la fiscalía en nuestro país", ha señalado la portavoz de los 'populares'.

Gamarra ha recordado que el Estatuto fiscal exige a García Ortiz el "principio de legalidad y neutralidad" en su mandato, por lo que los conservadores piden su dimisión dos días después de anunciar una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada por las declaraciones del Ursula von der Leyen sobre política migratoria, Gamarra ha respondido que "Europa se está moviendo y España debería moverse al mismo tiempo que se mueve Europa".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "señor uno" de la trama Koldo, a lo que el jefe del Ejecutivo le ha reprochado que no le habla de "tapar la corrupción", pues ha alegado que su Gobierno y su formación ha actuado de manera bien "distinta" a cómo lo hacen los 'populares' cuando les afecta a algún caso. Ha sido este miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Además, Feijóo le ha exigido a Sánchez que se marche "ya", mientras que el presidente le ha recordado al PP que "de la A de Ayuso a la Z de Zaplana, tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario".

FOTO: EFE/ J.J. Guillén

Condena de 10 años de cárcel y más de 25 millones de euros de multa para el exministro 'popular' y expresidente valenciano Eduardo Zaplana por el llamado caso Erial, el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. El Tribunal le considera autor de cuatro delitos de corrupción.

La sentencia considera probado que Zaplana adjudicó a dedo a empresas de los hermanos Cotino los contratos de las estaciones de ITV y de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana y que percibió comisiones ilícitas por ello.

El Tribunal considera también que era el titular real de los fondos de las cuentas de Luxemburgo y Andorra a nombre de su amigo de la infancia y testaferro confeso, Joaquín Barceló. 

El Senado ha votado este lunes en contra de la ley que convalida penas cumplidas en otros países europeos y de la que se beneficiarían presos de ETA, por lo que devuelve el proyecto de ley al Congreso. Ignacio Álvarez, profesor Derecho Constitucional de la UCM, considera que este proceso es correcto "desde el punto de vista procedimental", aunque no sea algo habitual: "El hecho de que no se haya utilizado no significa que sea ilegal o inconstitucional en último término. La actuación, basada en los informes de los letrados del Senado, es perfectamente lícita". Una vez se lleve a cabo el procedimiento en el Congreso, el profesor cree que se acabará aprobando.

Insiste, por tanto, en la legitimidad del proceso porque se ampara en la Constitución. "La autonomía parlamentaria de cada una de las Cámaras: tienen la capacidad de aprobar cualesquiera proyecto o, siempre y cuando el ordenamiento lo reconozca, de vetarlo. El reconocimiento del veto a las leyes por parte del Senado de las que provengan del Congreso está también establecido a nivel constitucional", concluye.