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En 24 horas de RNE analizamos la idea de la posibilidad de que exista una renta básica universal en el futuro con Mayte Quintanilla, activista, humanista y cofundadora de la asociación Humanistas por la Renta Básica Universal e Incondicional; y César Rendueles, filósofo, sociólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Según ha explicado Mayte Quintanilla, la renta básica universal que defienden tendría cuatro características fundamentes: tiene que ser universal, incondicional, individual y suficiente "al menos por el monto del umbral de la pobreza del sitio que estamos hablando. En España estaría en torno a los 900 euros".

La humanista ha defendido el derecho a vivir "de manera no chantajeada" y "de una manera que tenga que ver con la libertad": "La libertad no es tomarse cañitas en el barrio de Salamanca, es poder decidir lo que quieres hacer con tu vida", defiende Quintanilla.

César Rendueles, por su parte, insiste en que lo que está en juego con la reivindicación de la renta básica es "la autonomía política, la libertad y, por tanto, la democracia": "Es una expresión concreta de una reivindicación concreta más importante que es incorporar a los derechos de ciudadanía el derecho material a la subsistencia", sentencia.

La ministra de Seguridad Social asegura en una entrevista en TVE que el ingreso mínimo vital llega a dos millones de beneficiarios, unos 700.000 hogares, según sus últimos datos. Añade que con la reforma de las pensiones "transitamos un camino correcto y adecuado" y apunta que el fondo de las pensiones sumará 25.000 millones de euros en los próximos cuatro años: "Vamos a volver a rellenar esa hucha de las pensiones", remata.

Nos detenemos en las dificultades que muchas personas vulnerables encuentran para cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Según los últimos datos del INE, en España hay 28.500 personas sin hogar. Y aunque en torno al 90% de ellas cumple los requisitos para solicitarlo, solo unas 5.000 lo han conseguido. Es decir, que el 82.7% no lo recibe. Hemos salido a la calle para preguntarles cuáles son las principales barreras que se encuentran. 

Los sindicatos de funcionarios de la Seguridad Social se concentran ante la sede del Ministerio por la situación tan caótica que sufren por la falta de efectivos y retrasos en la gestión de las prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones. Ricardo Aguirre, coordinador Nacional de la Seguridad Social del Sindicato de funcionarios CSIF, ha explicado, en Las Mañanas de RNE, que con la contratación de 1.600 interinos con la que la Seguridad Social pretende paliar el problema no soluciona la falta de efectivos ni el retraso que acumulan los expedientes ni el cierre de oficinas. Recalca que no piden dinero sino manos. Y asegura que no pueden permitir que “se retrase tres meses ese periodo y que no pueda tener unos haberes para poder sobrevivir, y menos en los tiempos actuales, con rentas pequeñas."

Hoy volvemos a hablar del Ingreso Mínimo Vital porque ha llegado a Andalucía el autobús informativo, puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su primera parada en nuestra comunidad es en Linares, la ciudad que según el INE tiene la mayor tasa de paro del país.

Tras su puesta en marcha hace 2 años, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue concedido de oficio a alrededor de 74.000 familias españolas. Es le caso de Daniel, que vive con su mujer y su hija. Como previamente eran beneficiarios de la ayuda por hijo a cargo, en octubre de 2020 se les concedió el IMV sin necesidad de solicitarlo. Empezaron a percibir 725€ al mes, que se redujeron a 90 cuando su esposa encontró un empleo a tiempo parcial. Tras esta reducción, reclamaron a la Seguridad Social y, como respuesta, recibieron una carta en la que se les exigen los 14.000 € que han cobrado en total del IMV. El motivo, según les informan, es un cambio en el padrón, por lo que no cumplirían los requisitos. La familia de Daniel ha pedido asesoramiento a la asociación Apoyo, que atiende 15 casos similares. Para ellos, el problema radica en las concesiones de oficio. Preguntado por este asunto, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dice que no tiene registros de cuántas solicitudes de devolución se han enviado.

Informa Guillermo Hernández.



Cuando hablamos de pobreza en España, nos olvidamos que tras las cifras existen historias reales, con nombre y apellido. Vanesa tiene 43 años, dos hijas a su cargo y es una de las 300.000 personas en situación de pobreza extrema en España. Sin ingresos en casa, su familia sobrevive gracias a la pensión de 600€ de su madre y a la Red de Apoyo Mutuo de Aluche: "Aquí me aseguran que cada semana voy a poder llenar mi nevera, nos proporcionan una bolsa de fruta y verdura, arroz, lentejas... pero las donaciones cada vez son más pequeñas". Vanesa comenzó como voluntaria y ahora se ha convertido en receptora de esta ayuda. "Estamos viendo como cada vez es más difícil que la Red siga adelante, puede que en unos meses tenga que cerrar y 350 familias se quedarán colgadas", nos cuenta.

La Red de Apoyo Mutuo de Aluche surgió en la pandemia, con el objetivo de ayudar a las familias hasta que las administraciones se organizaran, algo que aún "no ha pasado". "Es un fracaso absoluto, somos los vecinos los que estamos salvando al barrio, no nos ayudan", explica. Vanesa lleva 7 años sin encender la calefacción, por lo que asegura que este invierno para ella será "uno más". Sigue esperando el Ingreso Mínimo Vital, que solicitó hace un año, mientras sale adelante gracias a la ayuda de laRed: "Los bonos sociales sirven para parchear una situación insostenible, no queremos caridad, queremos que la gente pueda subsistir por sí misma".

"La administración no entiende la realidad de las familias empobrecidas", asegura Roberto Borda, de la asociación RMI Tu Derecho, cuando se cumplen dos años de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Denuncian que no existe transparencia sobre los motivos por los que tres cuartas partes de las solicitudes son denegadas. Además del laberinto burocrático y los errores administrativos, las condiciones que se piden no se corresponden con la realidad de las personas en situación de pobreza y exclusión social. 

La economía de las familias españolas lleva a la baja desde la llegada del covid y la guerra de Ucrania y sus consecuencias no han hecho más que empeorar la situación. Carmen Herrero, investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), ha explicado en Las Mañanas de RNE que estas crisis han supuesto la aparición de una nueva categoría de trabajadores que no son capaces de llegar a fin de mes, pero que tampoco pueden recibir las ayudas del estado: “Si no se pueden compatibilizar las ayudas con el trabajo se desincentiva que la gente trabaje”, indica . Y hace referencia al modelo del País Vasco en el que las familias que tienen salarios muy bajos o que no tienen trabajo pueden seguir recurriendo a las ayudas institucionales.

Opina que hace falta mucha ayuda por parte de los ayuntamientos quienes, señala, “deberían ser más proactivos”. Y recalca la necesidad de tomar medidas como la instauración de más viviendas sociales o la oferta de alternativas a las becas comedor una vez terminado el curso escolar.

Uno de los ejes del plan de choque para luchar contra la crisis que aprobó el pasado martes el Gobierno está relacionado con dar un respiro a las familias que menos recursos tienen, a través delbono social eléctrico o del Ingreso Mínimo Vital, que aumentará en un 15% durante los próximos tres meses. Según el Ministerio de Seguridad Social, de esta prestación se benefician 800.000 personas en nuestro país. ¿Cómo les está afectando la actual situación económica?

En el directo de este viernes, Luís Vallés se desplaza hasta la sede de la asociación vecinal Red Entre-Pozo de Vallecas, al este de Madrid. Surge de la disuelta Somos Tribu, que durante la pandemia ayudó a miles de familias del barrio. Arianda, una de sus voluntarias, percibe cómo el aumento de precios está empeorando su situación: "Estamos atendiendo a alrededor de 65-70 familias y, en los últimos días, han venido alrededor de otras diez". También hablamos conAnca Simion y Simona Fratiloiu, dos usuarias de la asociación y receptoras del Ingreso Mínimo Vital.