Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El Tribunal Constitucional ha sentenciado por unanimidad que obligar a una mujer a trasladarse para abortar en una comunidad autónoma distinta a la de su residencia vulnera sus derechos fundamentales. La Sala Primera ha concedido así el amparo a Antonia, que fue derivada por el Servicio Murciano de Salud a un centro sanitario privado en Madrid. El fallo revoca la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que encontró justificada la decisión porque “ningún facultativo” murciano "había pedido practicar abortos". Pero con esta sentencia, el Constitucional entiende que eso no puede eximirles solo si hubieran ejercido su derecho a la objeción de conciencia “anticipadamente y por escrito”, como exige la ley, algo que no hicieron. Antonia ha mostrado en Hablando Claro  su satisfacción por la sentencia: "Estoy muy contenta, hemos conseguido un paso muy importante para la Región de Murcia".

Foto: Jesús Hellín / Europa Press

Antonia nos ha contado en Las Mañanas de RNE cómo con el embarazo de su segunda hija tuvo que viajar hasta Madrid para que le practicaran un aborto porque en su ciudad, Murcia, no estaban dispuestos a hacerlo. Relata cómo, a las 20 semanas de embarazo y tras una ecografía en la que parecía que el feto tenía altas probabilidades de sufrir agnesia del cuerpo calloso, los médicos se negaron a darle los resultados y cómo, tras confirmarlo a través de una clínica privada, les derivaron a un centro de Madrid que, como recuerda Antonia “resultó ser un chalet” y no una clínica, al menos en apariencia. Nueve años después, el Constitucional le ha dado la razón: “Espero que esto pueda ayudar a las mujeres a dar el primer paso”, ha señalado.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el año pasado el derecho a abortar. Con mayoría conservadora, la Justicia derogó la sentencia del caso "Roe Contra Wade", de 1973, que permitía interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas de gestación y devolvió la jurisdicción a los 50 estados. Analizamos cómo ha afectado esta decisión a las mujeres en aquellos que han prohibido el aborto. Un reportaje de la corresponsal de Radio Nacional en Estados Unidos, María Carou.
 

Hace un año que el Supremo de Estados Unidos anuló una sentencia que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal, y ahora está prohibido en medio país. En este año, más de 60 clínicas han cerrado o han dejado de practicar abortos. En varios estados no queda ninguna. El mismo tribunal que en los 70's dijo que abortar era un derecho, medio siglo después cambiaba de opinión. En medio país, en los estados más conservadores, han prohibido el aborto, en algunos por completo, hasta en casos de violación. En algunos estados, ayudar a abortar es ahora un delito de cárcel. La próxima batalla, prohibir la píldora abortiva, ya está en los tribunales.

Revisar el pasado puede servir para hacer justicia, para ajustar las cuentas con el presente y con lo que cabe esperar del futuro. Con esa intención, viajamos al verano del año 1977 en la localidad de Rentería (Guipuzkoa) de la mano de Las buenas compañías, la película dirigida y coescrita por Sílvia Munt, con quien ha charlado Laura Odene en esta entrevista. La cinta retrata lalucha de un grupo de mujeres para la despenalización del aborto en el contexto histórico del caso de las 11 de Basauri. Pero también refleja otras realidades: los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, la Ley de Amnistía o ser una mujer no normativa en la España de los 70.

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este miércoles el fallo del Tribunal Constitucional que avala definitivamente la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha instado a todas las comunidades autónomas a aplicarla. 

"En España el aborto es un derecho gracias al movimiento feminista, gracias a las mujeres que se han movilizado a pesar de un Partido Popular que durante 13 años nunca ha retiradeo ese recurso que ha sido rechazado y ahora lo que toca es aplicar la nueva ley", ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1

Para la ministra, lo que toca ahora es que "todas las comunidades autónomas, también las del Partido Popular, cumplan con la ley y garanticen que en todos los hospitales públicos de nuestro país se pueden practicar interrupciones voluntarias del embarazo".

FOTO: Irene Montero atiende este martes a los medios de comunicación en el Senado. Ricardo Rubio / Europa Press