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El Gobierno ha paralizado la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión, que podría utilizar en Yemen. El departamento de Margarita Robles quiere anular el contrato firmado con Riad en 2015 y va a devolverle los 9 millones de euros que ya ha pagado. Otros países como Suecia, Canadá o Alemania ya han dejado de vender armas a Riad, que lidera una coalición árabe contra los opositories del gobierno yemení.

Un tribunal de Birmania (Myanmar) ha condenado este lunes a siete años de prisión a dos periodistas birmanos de la agencia Reuters acusados de vulnerar la Ley de Secretos Oficinales mientras investigaban una matanza de musulmanes rohinyás.

Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos en diciembre de 2017 tras reunirse con dos policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales. Desde entonces, ambos han estado detenidos sin fianza y han comparecido una treintena de veces ante el tribunal, que inició la instrucción el pasado 9 de enero y presentó los cargos formalmente el 9 de julio.

Los reporteros investigaban el asesinato de una decena de rohinyás descubiertos en una fosa común en la aldea Inn Din en el estado Rakáin (oeste), masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión.

En abril, el capitán de la Policía Moe Yan Naing testificó que un cargo superior les había ordenado a él y a otros subordinados ofrecer documentos secretos a Wa Lone para tenderle una trampa, lo que ha sido negado por las autoridades.

Tras esta primera condena, los acusados pueden apelar ante el tribunal de la división de Rangún y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Aragón se ha hecho cargo de una menor india que fue abandonada por sus padres adoptivos. Según alega la pareja, la niña, a la que adoptaron en enero, tiene siete años y 11 meses según la documentación oficial pero tiene 13 años. Ahora, los servicios sociales de Zaragoza están buscando una nueva familia de acogida para la niña.

La Comisión independiente de expertos de Naciones Unidas asegura que la ofensiva del Ejército de Myanmar contra la minoría rohingya, y que desencadenó el éxodo de más de 700.000 personas a Bangladesh, fue un genocidio. Y exige que la cúpula militar sea llevada ante los tribunales internacionales por crímenes de guerra y contra la Humanidad.