Audiencia Nacional

• Ha sido absuelto por los atentados de los bares Batzoki y Consolation
• El fallo dice además que ya está condenado por pertenencia a los GAL

• El juez Velasco concluye que son actos "vinculados al entorno proetarra"
• La finalidad del homenaje es "crear un clima de captación de futuros jóvenes"

• La Fiscalía pide 10 años para el ex secretario general de LAB
• Voces contra el Terrorismo asegura que hay "reiteración delictiva"

Tras afirmar la Audiencia Nacional que "sin duda alguna" el rescate del Alakrana lo pagaron "organismos públicos vinculados al gobierno" y no la empresa armadora, desde el PP han pedido explicaciones sobre ese pago del rescate que el Gobierno sigue negando.

• Según la Audiencia Nacional, el Ejecutivo pagó "sin duda alguna"
• Sáenz de Santamaría: "Es un varapalo a la credibilidad del Gobierno"
• Jiménez mantiene lo que en su momento dijeron Zapatero y Chacón

• Los jueces consideran "sin duda alguna" que el Gobierno pagó el rescate
• La Audiencia cree que fueron "organismos públicos vinculados al Ejecutivo"
• Los súbditos somalíes, condenados por 36 delitos de detención ilegal
• Los piratas, absueltos de los delitos de terrorismo o torturas

• La Audiencia Nacional lo condena a 22 años por liderar el comando
• Les exculpa de la tentativa, pero dice que recabaron información
• También en el caso del juez Fernando Grande-Marlaska

El juez Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una multa de 2.000 euros al etarra José Ignacio Guridi Lasa por negarse a testificar en el juicio al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', por el atentado con bomba-lapa en un todoterreno de la Guardia Civil en Sallent de Gállego (Huesca), que causó la muerte a dos agentes en 2000. La vista, que comenzó el pasado 14 de abril, se aplazó a este miércoles al no haber sido citado correctamente Guridi Lasa, ya condenado por estos hechos.

"Ustedes no representan ninguna autoridad, no voy a decir nada", dijo el etarra cuando el presidente del tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, le preguntó si juraba o prometía decir la verdad. El presidente le indicó que, como testigo, tiene la obligación legal de declarar y le advirtió de que, de no hacerlo, podía ser multado. "Y si sigue negándose, le procesaré por desobediencia al tribunal: no por capricho sino porque lo dice la ley", advirtió el juez.

Nada surtió efecto y el terrorista volvió a negarse a declarar. "Mientras no se respeten nuestros derechos no voy a decir nada", señaló Guridi Lasa, ante lo cual el magistrado Gómez Bermúdez decidió imponerle una multa de 2.000 euros por desobediencia.

• "Soy católico y les juró que no fue la persona que me entregó el teléfono", dice
• Elosúa sí que sitúa a Ballesteros en su bar en el momento del chivatazo
• Las defensas de Ballesteros y Pamiés pedirán que se levante su imputación

El dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, ha negado que el inspector de la Policía José María Ballesteros, imputado en el caso, le diera el móvil con el que se le advirtió de que se iba a llevar a cabo la operación contra el aparto de extorsión de ETA. Según la investigación, el inspector Ballesteros, que está imputado, fue quien entregó ese móvil y Enrique Pamiés, jefe superior de policía del País Vasco, quien supuestamente alertó a Elosúa. Interrogado por el juez Pablo Ruz, Elosúa ha declarado en la Audiencia Nacional que el 4 de mayo de 2006 una persona entró en su bar y le dió un móvil con el que le alertaron de la operación policial contra ETA. Sin embargo, al mismo tiempo, el dueño del bar ha situado el soplo en el lapso temporal en el que el Ballesteros estuvo en el establecimiento, según fuentes jurídicas y personadas en la causa citadas por Europa Press.

• Les recusó después de que el Supremo anulara una sentencia de los jueces
• El Alto Tribunal entendió que la juez Murillo prejuzgó su culpabilidad
• Los tres magistrados tienen que juzgar otra vez a Otegi

• El sindicato cree es un caso de "negligencia o imprudencia grave"
• Aunque también cita la hipótesis de Mayor Oreja de que "no es casual"
• Denuncia también la "inseguridad jurídica" generada

• Varias asociaciones ejercen la acusación popular contra S&P, Fitch y Moody's
• Las acusan de alterar el precio de la deuda pública para su propio beneficio

La banda terrorista ETA diseñó la estrategia política y encargó a Batasuna que impulsara la creación de Bildu, según el primero de los informes policiales que ya ha sido remitido a la Fiscalía.

Para cumplir la ley, el informe -que también está ya en manos del abogado del estado- dice que seleccionaron de forma minuciosa los candidatos para que no tuvieran vínculos aparentes con la ilegalizada Batasuna.

La policía se basa en los documentos incautados a la banda terrorista, en los que se dice que ETA estaba dispuesta a modular su violencia terrorista y a asumir parones o periodos de suspensión para promocionar la coalición de partidos independentistas y poder presentarse a las elecciones del próximo 22 de mayo.

Las asociaciones de jueces han coincidido en que no hubo ni error ni negligencia en la decisión de la Audiencia Nacional por dejar en libertad a Antonio Troitiño. Aseguran que los magistrados optaron por una interpretación legal, que el juez Guevara actuó ajustado a Derecho. Restar los años de prisión preventiva, del máximo legal de cárcel en España -lo que permitió la salida de Troitiño- es una vía contemplada por Tribunal Constitucional. De momento no se ha presentado ninguna queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz ha dicho que entiende "la alarma y el malestar" generado por el caso Troitiño y que el máximo órgano de los jueces actuará con suma prudencia.

La crítica de Trillo a la excarcelación de Troitiño tiene dos destinatarios. Al Poder Judicial le exige, en un comunicado, por escrito, que depure responsabilidades entre quienes pusieron en libertad al etarra; al ministro del Interior, que el recurso de la Fiscalía a la excarcelación era suficiente para seguir y detener a Troitiño.

Pero el PSOE, como hizo el vicepresidente y ministro del Interior, dice que eso es ilegal. Que ahora sí se puede por la orden de la Audiencia Nacional. Y recuerdan casos similares, como la puesta en libertad de Josu Ternera "por orden de los jueces y tribunales", ha dicho el diputado y miembro del Comité Electoral del PSOE, Pedro Sánchez.

Mientras el PNV achaca el cambio de criterio de la Audiencia Nacional sobre Troitiño a la presión de una alarma social y añade que la Justicia debe ser garantista y no estar sometida a influencias externas.

Continúa la búsqueda del etarra Antonio Troitiño, que sigue en paradero desconocido, oficialmente en busca y captura internacional, tras ser excarcelado por la Audiencia Nacional, seis años antes de lo previsto. Las fuerzas de seguridad han ampliado su dispositivo que inicialmente se centró en el País Vasco Francés, porque allí vive parte de la familia de etarra, y su abogado. Pero su rastro se ha perdido.

Además, las fuerzas antiterroristas no descartan la hipótesis de que haya podido entrar en contacto con la red clandestina de ETA, y pedido ayuda para huir a Irlanda o Sudamérica, según informa TVE.

• El etarra, en busca y captura, era uno de los presos más duros de la banda
• Las asociaciones de jueces defienden la decisión inicial de su liberación

• Trillo ve contradicciones en la puesta en libertad y la orden de búsqueda
• El CGPJ asegura que actuará con "absoluta prudencia" en el caso

• El informe trata de la génesis de Bildu; se hizo en una investigación a Batasuna
• La intención sería impugnar todas las listas en conjunto, no una a una