Absuelto del intento del asesinato del expresidente del grupo Correo, Enrique Ybarra, en 2002. Es la primera sentencia en España contra Txeroki, que aún tiene más de 20 causas pendientes.
Juicio contra Arnaldo Otegi y otros siete exdirigentes de la izquierda abertzale, acusados de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna con el proyecto Bateragune. Hoy han declarado dos de los acusados y el exdirigente de Batasuna, Rufi Exteberria, como testigo.
Están acusados de intentar reconstruir en 2009 la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune. La Fiscalía pide para ellos 10 años de cárcel por pertenecer a ETA.
El ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, ha desafiado al tribunal y se ha negado a declarar en el primer juicio al que se enfrenta en España por intentar asesinar en 2002 al presidente del Grupo Correo, Enrique Ybarra, con un paquete bomba. El fiscal pide 15 años de cárcel. Al comenzar el juicio, la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo ha indicado a Txeroki que tenía que ponerse de pie para poder declarar, pero el ex número uno de ETA, hasta su detención en noviembre de 2008, se ha negado, tras lo que ha sido introducido en el habitáculo blindado que hay en la sala. Luego ha intentado ver la cara de uno de los testigos protegidos.
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La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha admitido este lunes la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que habían sido designados para juzgarle por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La mayoría de los dieciséis magistrados que componen esta Sala ha aceptado apartar de este procedimiento al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y a los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo para evitar cualquier sospecha de parcialidad, ya que han participado en la instrucción de esta causa. El magistrado Ángel Calderón, que había sido nombrado ponente, ha anunciado un voto particular por lo que ha sido nombrado nuevo ponente, el magistrado Moliner.
Asi lo han decidido los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta decisión se puede recurrir en el Supremo.
