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Los inversores extranjeros poseen casi el 40 por ciento de las acciones de las empresas españolas. Al mismo tiempo las familias siguen aumentando la compra de títulos. Captar parte de esas inversiones y cumplir con los requisitos de capital que les exige el Banco de España es el objetivo de Bankia y Banca Cívica, que acaban de aprobar su salida a los mercados.

Y lo que ha hecho es pedir prudencia para no quebrar un sistema que creen eficaz. Los afectados por las hipotecas reclaman que se frenen ya los embargos.

El año pasado 90.000 familias perdieron su casa. Las asociaciones de afectados insisten en que el problema no termina cuando les desahucian. "Entran de lleno en trabajos en los que les pagan en negro, no puede alquilar una casa porque nadie les va a dar el crédito suficiente o el aval que se pide ahora mismo para el alquiler. Y si empiezas a percibir dinero porque has conseguido trabajo posiblemente también te embarguen la nómina", aseguran.

Para sacar a los afectados de esta situación, sindicatos y asociaciones de consumidores han pedido al gobierno que se salde la deuda con la entrega de la vivienda. "Se condena a las personas a una situación de vulnerabilidad y de exclusión social que de momento no tiene ninguna respuesta por parte de las administraciones", afirman.

Pero el Gobierno y los bancos dicen que el valor de la deuda supera el precio de la casa y que en este momento el sistema financiero no soportaría aceptar los pisos como pago. Más de la mitad de las familias afectadas son españolas. No se quedan en la calle porque los suelen acoger sus familiares. Los inmigrantes lo tienen más complicado.