El decreto aprobado con urgencia por el Consejo de Ministros de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, trata de resolver el problema con Albania y blindar su plan de externalizar los centros de refugiados. Como el acuerdo Italia-Albania solo se puede aplicar a los inmigrantes que vienen de países seguros, el Ejecutivo ha actualizado la lista de esos países y la ha convertido en ley. Una medida que, según el ministro de interior, "está por encima de la norma europea". Sin embargo, esto no parece tan claro.
Según el magistrado Stefano Celli, la sentencia de la Corte de Justicia Europea, que discrepa de lo que Italia entiende por países seguros, es vinculante. Así que los jueces italianos tienen tres opciones ante tales casos: acudir al Constitucional planteando una cuestión de legitimidad entre las dos normas o aplicar el derecho comunitario o el decreto ley del Gobierno italiano. De hecho, que los inmigrantes vengan de países no seguros no quiere decir que no puedan ser repatriados, como el Gobierno ha dejado entrever, simplemente, no se les puede aplicar un procedimiento de urgencia.
El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha aprobado este lunes un decreto para establecer por ley la lista de "países seguros" de donde proceden los migrantes y blindar así sus controvertidos centros de reclusión en Albania.
El centro de retención de migrantes que ha construido Italia en Albania vuelve a quedarse vacío, tras su inauguración esta semana. Los 12 migrantes que quedaban en el recinto han sido trasladados a Italia. Así lo ha dictado un juez de Roma. El Gobierno de Meloni se reúne este lunes para abordar su polémico plan migratorio.
Doce migrantes acogidos en un centro de solicitantes de asilo en Albania desde la semana pasada han embarcado este sábado en una nave de la Guardia Costera de Italia, con destino al puerto de Brindisi, tras una decisión de un tribunal italiano contra su retención. Se trata de un revés contundente para el gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado en contra de los centros de acogida que ha ideado la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, en Albania, fuera de la UE. "No atajan ninguno de los problemas y crea otros nuevos", ha asegurado Sánchez tras la Cumbre de la UE en Bruselas este jueves.
Con las primeras luces del día, llegaba a territorio albanés la nave de la marina italiana que trasladaba a los 16 migrantes: diez de Bangladés y seis de Egipto, todos varones y mayores de edad.
El de Gjader es uno de los centros que Italia ha construido en Albania. Los migrantes enviados a estas instalaciones estarán en situación de detención administrativa para resolver su petición de asilo en menos de un mes. Si no se la conceden, serán repatriados.
Los diarios locales dedican páginas y páginas al proyecto del gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de externalizar los centros de acogida de migrantes
El centro de internamiento de inmigrantes levantado por el gobierno italiano fuera de territorio europeo, en Albania, recibe ya a los primeros 16 migrantes. Personas que alcanzaron Italia huyendo de la pobreza y la guerra y que ahora serán identificadas en un país fuera de la UE e internadas en un centro mientras se resuelve su solicitud de asilo. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, considera que esta es una forma "valiente" de combatir la inmigración irregular, y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Layen, ha aplaudido la medida, que considera "innovadora". No opinan lo mismo las numerosas ONG que han criticado duramente la medida. Entre ellas, Amnistía Internacional, que la calificaba de "cruel experimento". En Radio 5, Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional, recuerda las discriminaciones, falta de equidad y posibles errores en la identificación de vulnerables que se pueden dar en este procedimiento. De Las Heras critica esta externalización de las obligaciones por parte de un país de la UE y teme que, aunque las personas trasladadas a Albania se rijan por la legislación italiana, no puedan acceder a todos sus derechos. "Y esto es un precedente peligroso en Europa", añade. Y reconoce que "de la UE deberíamos esperar un rechazo a todos estos intentos de externalizar el derecho de asilo", en lugar del apoyo que está recibiendo.
El acuerdo migratorio entre los dos países ya está en funcionamiento. Hablamos con Claudia Lombardo, de Border Violence Monitoring Network.
Cuando el nuevo decreto de seguridad de la presidenta italiana, Giorgia Meloni, entre en vigor, participar en una manifestación en Italia conllevará penas de hasta dos años de cárcel. Para la CGIL, el sindicato mayoritario en el país, limitar el derecho de manifestación es un ataque a la democracia. El decreto incluye también que los inmigrantes sin papeles tienen prohibido adquirir una tarjeta sim para su teléfono si no tienen un permiso de residencia, algo que supone una contradicción para diversas asociaciones de migrantes, ya que sin teléfono dejarán de estar controlados La ocupación de viviendas entra en la lista de nuevos delitos, con 2 a 7 años de cárcel, o utilizar a un menor para mendigar, castigado con hasta 5 años.
El Gobierno ultraderechista en Italia, encabezado por Giorgia Meloni, ha logrado reducir en un 60% las llegadas irregulares de migrantes. Pero detrás de estos números, denuncian organizaciones humanitarias, hay acuerdos con países como Túnez que mantienen a los migrantes en condiciones infrahumanas y violan los derechos humanos.
Foto: EFE/ Brais Lorenzo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con la primera ministra italiana, de quien ha alabado la gestión migratoria. "Italia ha trabajado con buenos resultado y España no ha trabajado y hoy es el país con mayor presión migratoria irregular de la UE", ha afirmado Feijóo. La Moncloa le afea el espejo que ha elegido y rechaza que la política migratoria italiana sea un ejemplo.
En medio de la tensión, el Gobierno tiene previsto reunirse con el PP y el Ejecutivo de Canarias para negociar cambios en la Ley de Extranjería. El presidente canario se muestra confiado en lograr un acuerdo.
Núñez Feijóo pide al Gobierno seguir la política migratoria de la primera ministra italiana porque dice que funciona. El líder del PP se ha reunido en Roma este jueves con Meloni para conocer sus políticas migratorias. Desde Moncloa contestan que no se puede aprender nada de un Gobierno que no cumple con el derecho internacional.
La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo ha solicitado seis años de cárcel para el vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, por haber bloqueado el barco de la ONG española Open Arms con 147 migrantes en agosto de 2019, cuando era ministro del Interior, debido a su política de puertos cerrados.
Foto: Matteo Salvini (Marco Ottico/LaPresse via ZUMA P/DPA)
El Gobierno de Giorgia Meloni ha reforzado sus estrictas medidas contra la inmigración ilegal. Hace unos días, paralizaba un barco de la ONG Médicos sin Fronteras tras efectuar un rescate en el Mediterráneo. Tampoco permite a estas embarcaciones hacer más de un rescate seguido sin antes ir a un puerto asignado, muchas veces a cientos de millas de distancia. Además, la presidenta italiana ha firmado acuerdos con Albania, donde planea construir dos centros para llevar a los inmigrantes rescatados en el mar. El pulso entre el gobierno y las ONG tendrá un capítulo aparte cuando se conozca la sentencia del juicio a Mateo Salvini, exministro del Interior por impedir durante tres semanas el desembarco de inmigrantes de la ONG española Open Arms.
