Comisión Europea

Nicolás Schmit, comisario de Empleo de la UE, está convencido de que España tendrá listas antes de final de año las reformas del mercado laboral y de las pensiones necesarias para recibir la segunda partida de los fondos europeos: “Estamos cerca del objetivo. Todo el mundo quiere llegar antes de 2022. No tengo dudas de que llegaremos a buen puerto antes de final de año”. Sobre si un posible retraso traería consecuencias, zanja: “No me situó ahí. Ahora mismo creo que hay que llegar lo más rápido posible. Es un mensaje muy claro. Todos mis interlocutores me han transmitido esto”. Cree que el trabajo va en la dirección correcta “para que la gente viva de forma digna”. Espera que los cambios tengan el mayor número de apoyos posibles pero recuerda que es el Gobierno el que tiene un compromiso y “debe asumir su responsabilidad” aunque no pacte con patronal y sindicatos. No cree que la reforma laboral de 2012 fuera mala en su conjunto, pero cree que si hay aspectos importantes a cambiar. Se centra, sobre todo, en el problema de la temporalidad: “La temporalidad no puede ser permanente. Los jóvenes van pasando de un contrato de una duración limitada a otro (…) Cómo puede construir su vida, crear una familia, acceder a unos bienes si no sabe si mañana seguirá teniendo trabajo”. Considera también necesario reforzar la educación y frenar el abandono escolar. Por último, el comisario reflexiona sobre los cambios acometidos en las políticas públicas para dejar atrás crisis como esta: “En 2012 gestionamos la crisis de una forma. Entendemos lo que funcionó bien y lo que funcionó menos bien. Ahora hemos pasado por una crisis que también es sanitaria. Todos hemos extraído lecciones de lo que hicimos ahí. La comisión ha ajustado sus propuestas”.

• El Ejecutivo comunitario pide "prudencia" para garantizar unas finanzas públicas sostenibles a medio plazo
• Destaca que España será el último país de la zona euro en recuperar los niveles previos a la pandemia

La Comisión Europea propone nuevas herramientas con las que los 27 puedan sancionar a Bielorrusia para evitar que se repita la situación que han vivido miles de personas migrantes en la frontera entre ese país y Polonia. En el nuevo marco legal se plantea elaborar una lista negra con las empresas que han colaborado en la llegada de personas de forma ilegal a las puertas de Europa. Bruselas propone vetar que esas aerolíneas, operadoras o agencias de viajes vinculadas con la crisis migratoria en la frontera puedan trabajar en Europa. La propuesta tiene que recibir el ahora el visto bueno de los 27 y del Parlamento.

• España es el segundo país peor valorado de Europa en infraestructura de carga
• La patronal ANFAC afirma que se necesitan al menos 340.000 puntos de recarga

• Es una conclusión del análisis preliminar que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
• España y Francia habían propuesto, entre otras cosas, limitar el precio del gas o establecer un precio medio

• Desde Unidas Podemos afirman que ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no está en el acuerdo de coalición
• El pacto firmado con la Comisión Europea contempla que la medida esté aprobada a finales de 2022

• La UE ha propuesto reducir en un 80% los controles aduaneros previstos en Irlanda del Norte
• El Protocolo para Irlanda del Norte entró en vigor en enero como parte de los acuerdos del Brexit

Bruselas recorta drásticamente las previsiones de crecimiento para España este año. La Comisión Europa calcula que nuestro país crecerá un 4,6 %. Hace sólo cuatro meses, en julio, estimó que creceríamos un 6,2 %. Es un importante recorte de 1,6 puntos y se queda muy lejos de la previsión del Gobierno, que defiende sus cuentas y mantiene que el PIB subirá un 6,5 % este año. Foto: Getty Images

La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 4,6 % en 2021, lo que supone un recorte de 1,6 puntos porcentuales en comparación con la estimación que hizo en julio, mientras que el aumento el nivel de precios al cierre de este año se situará en un 2,8 %. La nueva actualización de las previsiones económicas del Ejecutivo comunitario apuntan también a una expansión del PIB de España del 5,5 % en 2022, para después reducir su crecimiento hasta el 4,4 % un año después.

Estos datos contrastan con el optimismo del Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico contempla una subida del PIB del 6,5 % este año y una expansión que alcance el 7 % un año después. Con los cálculos de Bruselas, España será la última de las cuatro grandes economías del euro en recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis: no lo hará hasta el primer trimestre de 2023, mientras que Alemania, Francia e Italia lo conseguirán antes de que termine 2022. Foto: Getty Images

La Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento para España que hizo hace unos meses: calcula que la economía española crecerá un 4,6% en 2021, 1,6 puntos menos de lo que estimaba en verano, y un 5,5% en 2022, ocho décimas menos. Bruselas estrime tres razones para aplicar esa rebaja: el efecto que tendrán las subidas de los precios de la energía y el transporte, la posibilidad de que el aumento de los casos de coronavirus en otros países lastre el turismo en España y los problemas generales en la cadena de suministros.

• El repunte del PIB se sitúa casi dos puntos por debajo de la estimación del 6,5 % del Gobierno para este año
• Se une así al FMI o la AIReF, que rebajaron sus expectativas después de que el INE recortase el crecimiento en julio

• El ministro de Seguridad Social asegura que "Bruselas no está pidiendo nada" y que el sistema será "más equitativo"
• Quiere paliar las lagunas de cotización en las carreras profesionales a la hora de calcular la prestación

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, niega que la UE haya pedido a España alargar el periodo de cálculo de las pensiones y dice que se está haciendo una mala lectura del informe enviado por nuestro país. Escrivá, que habla de una “serpiente de verano que puso en marcha Pablo Iglesias” explica en RNE: “Bruselas no nos pide nada. Nosotros, en satisfacción de una de las demandas del Pacto de Toledo que plantea que tengamos en cuenta las nuevas realidades del mercado de trabajo, donde los últimos años no son los mejores, estamos trabajando en un sistema más equitativo”. Según Escrivá, el análisis de los últimos diez años del mercado de trabajo obliga a cambiar parte del modelo: “Antes el sistema era más lineal y ahora no es así. Los últimos años no son siempre los mejores. Tenemos que hacer un sistema más equitativo y para eso hay que analizar las carreras profesionales. En algunos casos, se contemplará el periodo de cálculo de la base reguladora, pero avanzamos hacia un modelo en el que uno pueda elegir sus mejores años”. Escrivá dice que no hay nada nuevo y descarta que esto vaya a provocar debate o problemas en el seno de la coalición de Gobierno: “No me preocupa nada este asunto. Es un tema razonable”. Desvincula además este debate con el de la sostenibilidad del sistema: “El periodo de cálculo no tiene que ver con la sostenibilidad, sino con la equidad”. Concluye que, aunque no quiere adelantar demasiado, habrá novedades en breve sobre la negociación con los agentes sociales.

Les contamos la situación de miles de migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Hablamos con Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, sobre lo que está sucediendo en esa zona de la frontera este de la Unión Europea. Viajamos hasta Glasgow para saber los detalles del borrador de un posible acuerdo para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados.

Hablamos sobre los motivos que llevan al régimen de Aleksander Lukashenko a presionar a sus vecinos europeos usando a miles de migrantes, que intentan cruzar la frontera. Para ello hablamos con Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

Las prácticas de Google y sus herramientas de control de datos personales masivos, de posicionamiento, de publicidad o la forma en la que crean burbujas informativas levantan sospechas de malas prácticas en distintos países.

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa impuesta a la tecnológica por la Comisión Europea, que puede obligar a la multinacional a desembolsar 2.420 millones de euros. Su buscador de productos prioriza a las empresas que generan beneficios para la propia compañía, algo que choca contra la competencia. Competencia, venta de datos y pago de impuestos son, a grandes rasgos, los asuntos que enfrentan a la Comisión con las grandes tecnológicas. La compañía, que tiene su sede en California, ha asegurado que ya cumple las condiciones que impone Bruselas. Google tiene frentes abiertos por la gestión de datos y el rastreo de usuarios. Uno de ellos, en el Reino Unido donde una demanda colectiva de usuarios de IPhone reclaman casi cuatro mil millones de euros por el supuesto rastreo ilegal de su información. De momento, esa demanda ha quedado bloqueada por la Corte Suprema británica. Los propios trabajadores de Google y los de Amazon han alertado de uno de los proyectos firmados por estas dos compañías, en este caso con Israel. Se conoce como Proyecto Nimbus: servicios en la nube para el ejército del país.

Con los corresponsales en Bruselas, María Carou; en Londres, Sara Alonso; en Washington; Fran Sevilla; y en Jerusalén, María Gámez.

El Tribunal de Luxemburgo ha ratificado la multa de 2.400 millones que la Comisión Europea impuso a Google por abuso de posición dominante. El Tribunal General de la UE desestima el recurso de la empresa al considerar probado que, cuando consultamos el buscador para comprar algún producto, las primeras opciones que aparecen son de la propia compañía, algo que coloca en posición de inferioridad a sus rivales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión.

Patricia Liñán, socia de Derecho Europeo y de la Competencia de ECIJA Madrid dice que el caso de Google es muy complejo, porque es uno de los primeros que se resuelven en el marco de una lucha entre la Comisión Europea y las tecnológicas. Según Liñán, el caso de la Comisión Europea está muy bien construido, “pero por debajo la discusión acerca de cómo puede afectar esto a la innovación es muy interesante”. Con respecto a la legislación, Patricia Liñán apuesta por “pensar en una normativa futura que establezca una serie de normas para estas grandes tecnológicas”. En todo caso, concluye, el caso de Google no terminará hoy y aún pasarán años para tener una decisión definitiva.

Comenzamos atentos a los resultados definitivos de las elecciones presidenciales en Nicaragua, con una anunciada victoria de Daniel Ortega y denuncias de fraude por parte de la oposición y de la comunidad internacional. Lo analizamos con Salvador Martí y Puig, Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona e investigador asociado del CIDOB-Barcelona y del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. También Hablamos con el periodista Javier Otazu sobre su libro más reciente sobre Marruecos, las relaciones con sus vecinos y las tensiones en esa zona del Magreb.

• El pasado julio Bruselas ya avisó que podría imponer sanciones comerciales al Reino Unido
• El Gobierno británico ha aplazado en varias ocasiones los controles aduaneros que establecen el compromiso