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La Comisión Europea adopta este miércoles su decisión definitva sobre la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval español, consideradas ilegales por el Ejecutivo comunitario. En los últimos días ha trascendido que Bruselas podría reducir las ayudas que tendrán que devolverse, limitándolas a las recibidas desde 2007. También deberá concretarse quién reembolsará los fondos, después de que el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, se inclinase porque lo paguen los inversores que se beneficiaron de desgravaciones fiscales.

El futuro de las ayudas a los Astilleros Españoles se decide en menos de 24 horas en Bruselas. La Comisión Europea decide mañana por la mañana si exige al sector naval español que devuelva todas o parte de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011 que han sido declaradas ilegales.

Informe Blanca Pascual.

Entrevista con José Luis Fraiz, responsable de CCOO en La Naval en el País Vasco (16/07/13).

El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha dicho sentirse preocupado porque "hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo el miedo a los astilleros". Almunia ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa que ha ofrecido en San Sebastián antes de participar en un seminario sobre Europa, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, donde se ha entrevistado con una representación sindical de los astilleros vascos que han protestado en el exterior.

La delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha acudido a Bruselas para defender las ayudas al sector naval, ha considerado insuficiente la flexibilidad mostrada por la Comisión Europea, dispuesta a excluir a astilleros y armadores de la devolución de la financiación. "El hecho de que no tengan que devolver ni los armadores ni los astilleros supone que los que tengan que devolver son los inversores, que son los que financian", ha explicado el ministro de Industria, al tiempo que ha apuntado a que en ese caso nadie financiará la construcción de un barco en España. Además, ha dicho que lo que pide es que no se exija a España "devolver las ayudas desde el 2005 a 2011, sino solo desde el 2011 hasta la actualidad", ya que de lo contrario el daño para el sector y la industria española sería "irreversible".

Los trabajadores de los astilleros españoles viven hoy una jornada de protestas para solicitar a la Unión Europea que atienda las reivindicaciones del sector. Esta nueva protesta en el sector naval coincide con la visita a Bruselas del Ministro de Industria -José Manuel Soria-, acompañado por los presidentes del País Vasco, Galicia y Asturias las comunidades autónomás más afectadas. A la reunión con el comisario europeo Joaquín Almunia asistirán también representantes de los sindicatos y empresarios del sector de los astilleros. En el País Vasco se celebra una marcha de protesta desde Sestao a Santurtzi que ya cuenta con el apoyo de las corporaciones de los Ayuntamientos de la margen izquierda de la ría. Los trabajadores cántabros se han sumado a la protesta con sus compañeros vascos y los empleados de los astilleros gallegos se han manifestado en Vigo.

Asi lo ha reconocido el Ejecutivo comunitario en el informe completo sobre la tercera revisión del rescate bancario español, que ha sido elaborado con la colaboración del Banco Central Europeo (BCE). La Comisión Europea subraya que España no precisará más de los 41.000 millones de euros ya desembolsados. Sin embargo, ha señalado que el crédito a empresas y familias seguirá cayendo hasta 2014.

La Comisión Europea quiere tener la última palabra para decidir si es necesario liquidar un banco en dificultades y así lo ha introducido en la propuesta que presenta este miércoles sobre la creación de una autoridad común que se encargue de aplicar de forma unificada las normas de reestructuración y liquidación bancaria europeas diseñadas a finales de junio por el Ecofin. En ese documento, Bruselas también plantea establecer un fondo de resolución único con aportaciones de los bancos, que podría alcanzar los 70.000 millones de euros en diez años.

La Comisión Europea quiere tener la última palabra para decidir si es necesario liquidar un banco en dificultades y así lo ha introducido en la propuesta que presenta este miércoles sobre la creación de una autoridad común que gestione la resolución de esas entidades. En ese documento, Bruselas también plantea establecer un fondo de resolución único con aportaciones de los bancos, que podría alcanzar los 55.000 millones de euros en diez años.