El Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas afectadas (Asturias, Galicia y País Vasco), la patronal de los astilleros Pymar y los sindicatos UGT y CC.OO. la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de devolver los beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval del periodo 2007-2011.
El Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Sestao ha convocado este jueves a los trabajadores de los astilleros vizcaínos de La Naval en ese municipio y en el vecino Zamakona y a los ciudadanos de la región a concentrarse en la Plaza del Kasko, en Sestao, contra la decisión de la Comisión Europea que obliga a algunos inversores a devolver parte de las bonificaciones fiscales de las que se beneficiaron por financiar la construcción de buques en astilleros españoles. Mientras, en Galicia, la Xunta ha solicitado al Gobierno que recurra esa decisión.
Este jueves ha comenzado en Rabat la que debería ser última ronda de negociaciones para cerrar el nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Según la UE, las posiciones de ambas partes están muy próximas y solo faltaría por encajar las exigencias de algunos miembros de la UE para que parte de los beneficios obtenidos por el Estado alauí reviertan en el Sáhara Occidental, cuyas aguas acogen la mayoría de los pesqueros europeos.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que España actuó "en base a derecho" en el sistema que bonificaba fiscalmente las inversiones en el sector naval español, por lo que el Gobierno ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudien el planteamiento de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de ordenar la devolución de parte de esas bonificaciones concedidas entre 2007 y 2011.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha insistido en que "la decisión no se dirige contra el naval, sino contra quienes, por invertir un dinero sin ser navieros y sin tener relación con el sector naval, se beneficiaron indebidamente de unas desgravaciones fiscales, que tienen que devolver ese dinero a la Hacienda española".
Los trabajadores han esperado la resolución de la Comisión Europea encerrados en algunos casos en los propios astilleros. El ministro de Industria ha dicho que la decisión de Bruselas mejora la propuesta anunciada inicialmente en junio por el vicepresidente de la CE. Sin embargo, el Gobierno deja abierta la posibilidad de recurrir esa decisión en los tribunales.
La Comisión Europea no ha fijado la cantidad de las ayudas fiscales que deberán devolverse al Estado español, ya que deberá ser la propia Hacienda nacional quien determine quiénes recibieron beneficios fiscales incompatibles con las normas europeas y cuánto dinero reembolsará cada uno.
El experto de la consultora KPMG en el sistema de bonificaciones fiscales aplicado por España en los astilleros, Juan Carlos Castro, considera que la obligación de devolver parte de las bonificaciones fiscales que beneficiaron al sector naval español decretada por la Comisión Europea se deriva de no haber notificado este sistema a Bruselas.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha garantizado que las inversiones en el sector naval español cuentan con seguridad jurídica con el nuevo sistema de tax lease aprobado por Bruselas el pasado noviembre.
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha explicado que los miembros de las agrupaciones de interés económico, ajenas al sector naval, "gozaban de un sistema impositivo absolutamente favorable sin tener derecho a ello".
La Comisión Europea ha exigido este miércoles a España que recupere las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar que el sistema de bonificaciones fiscales (tax lease) es "parcialmente incompatible" con las normas de la UE sobre ayudas estatales. Las subvenciones deberán devolverlas solo una parte de los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
