Julio ha sido el primer mes completo en el que se ha aplicado la "excepción ibérica", que limita el precio del gas. En junio solo se aplicó desde el día 15. El megawatio/hora costó de media en el mercado mayorista 257 euros, una vez aplicado el tope al precio del gas y la compensación a las compañías generadoras. A lo largo del mes, los precios oscilaron entre los 200 y los 318 euros/MWh. Los más altos se dieron en la segunda semana, con seis días consecutivos superando los 300 euros/MWh. Fue la semana más cara desde que comenzó la "excepción ibérica", que se aplica tanto en España y Portugal. Según el Gobierno, la rebaja en la factura de la luz ligada al mecado regulado es de un 15% aproximadamente.
El presidente del Gobierno ha defendido su gestión y sus medidas económicas. Asegura que España cumple con sus compromisos y que por eso ha recibido el segundo pago de los fondos europeos por valor de 12.000 millones de euros.
Sánchez acusa a la oposición de defender los intereses de los privilegiados, mientras que el Ejecutivo "protege a la clase media" con medidas como el impuesto a las eléctricas y la banca, aunque las critiquen parte del sector. También ha anunciado un paquete de medidas de ahorro y energía, para ciudadanos y empresas. Aunque no desvela si serán obligaciones o recomendaciones.
El nuevo impuesto presentado por el Gobierno para las grandes entidades financieras, eléctricas, gasistas y petroleras no ha gustado a todos los sectores. Energéticas y banca se oponen a este impuesto, y amenzan con llevarlo a tribunales. La Asociación Española de la Banca advierte de que afectará a la estabilidad finaciera y a su capacidad de crédito.
Por su parte, las energéticas insisten en que no existen beneficios extraordinarios porque registran menos ganancias que en 2021 por los elevados precios del gas. No obstante, Repsol sí reconoce más ganancias que el año pasado, unos 2.500 millones de euros. Su consejero delegado advierte de que se amparará en el marco jurídico español y europeo para impedir lo que califica de "medida arbitraria".
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Desde el 28 de abril de 2021, preside el Consejo Económico y Social de España, un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Costas se resiste a usar el concepto de espiral inflacionista porque cree que la subida de precios ha alcanzado su pico: "El petróleo y otras materias primas industriales están descendiendo su valor desde hace más de dos meses. Por otra parte, no veo un crecimiento de los salarios que pudiera alimentar la idea de la espiral inflacionista. Lo que sí que tenemos es un problema de márgenes elevados en algunos mercados de bienes y servicios".
Sobre los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, recuerda que son de carácter temporal e insiste en que el problema radica en el modelo de formación de los precios de la electricidad: "Corresponde a tiempos mejores, cuando el gas tenía unos precios bajos y estables. Cuando eso se altera, no puedes mantener el mismo modelo". Por ello, defiende la necesidad de adecuar los precios a los costes de producción de cada tipo de energía, según proceda del sol, del viento, del agua, de materiales fósiles, etc.
Costas muestra su opinión desfavorable acerca de la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles: "Cuando los precios se dispararon, la medida tenía sentido en el aspecto social y político, no tanto en el económico". Ahora, sin embargo, cree que incentiva el consumo, perjudica la descarbonización de la eocnomía y genera una agravio comparativo entre las familias con diferentes niveles de ingresos.
Con todo, defiende que España es una economía competitiva: "Desde hace años, estamos manteniendo un excedente neto en la balanza de pagos. Es decir, que venemos mucho al exterior, más de lo que compramos". Asimismo, destaca la capacidad de diálogo: "Probablemente somos el país occidental con mayor capacidad para alcanzar acuerdos sociales".
Bajo su punto de vista, la desigualdad hay que combatirla en el terreno laboral: "Si queremos recuperar la prosperidad, el foco lo tenemos que poner en la creación de buenos empleos". Siempre, añade, favoreciendo la igualdad territorial y de género.
Analizamos las medidas sociales y los impuestos a la banca y a las eléctricas que Pedro Sánchez anunciaba durante el debate sobre el estado de la nación con Yolanda Fernández Jurado, profesora de Economía de la Universidad de Comicas ICADE.
Con el calor. ventiladores y aires acondicionados se convierten casi en bienes de primera necesidad para proteger a enfermos, personas mayores y niños, los colectivos más vulnerables a las altas temperaturas. Pero el alto precio de la factura de la luz hace que en muchos hogares sea imposible encender estos aparatos.
El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas como consecuencia del alza de los precios energéticos a través de una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que se presentará en las próximas semanas para que entre en vigor en 2023. "Las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías (...) Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Continuamos pendientes del contexto económico en España y sobre ello hemos hablamos en Las Mañanas de RNE con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Comenta que desde el Gobierno están siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico y el de los carburantes, así como los resultados de las medidas anticrisis tomadas para enfrentar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Por ello, aclara que, si alguna de estas resulta no lograr los objetivos esperados, no tendrá sentido prolongarla una vez pasado el día 30 de junio, que es para cuando se ha fechado su caducidad más inmediata.
La ministra ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a la responsabilidad de las empresas energéticas, a quienes se ha dirigido señalando que “todos tenemos que ayudar a resolver esta situación”. Y ha destacado que, tras meses tratando de obtener los datos de las compañías eléctricas, todavía siguen sin tener los de una en concreto. Además, aunque no ha querido profundizar en la identidad de la misma, ha asegurado que el Gobierno tomará medidas frente a cualquier posible conducta que pueda estar frenando la bajada de precios.
Señala también que España "apoyará todas las rondas de sanciones” que imponga la Unión Europea a Rusia y confía en que nuestro país se mantenga como uno de los que más crezca a nivel mundial, tal y como se estima, teniendo en cuenta las previsiones enviadas recientemente a Bruselas.
