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La Comisión de Salud Pública ha decidid que los menores de 60 años con una primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca completen la pauta con un segundo pinchazo de Pfizer,  aunque se debatirá si se les ofrece la posibilidad de elegir entre una u otra "dadas las circunstancias excepcionales".

Lo ha hecho en una nueva reunión celebrada tras conocer los resultados preliminares de CombiVacs, el ensayo impulsado por el Instituto de Salud Carlos III que confirma que la mezcla de ambas vacunas potencia la respuesta inmune y no genera más efectos secundarios que los ya conocidos, en su mayoría leves y moderados.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que “tiene que haber una corresponsabilidad” de las comunidades autónomas en materia de infancia para “acoger de forma urgente” a menores migrantes que están solos en Ceuta “y que haya mejores condiciones de acogida a los que acaban de llegar”.

“Trabajamos para que las CCAA. puedan corresponsabilizarse y solidarizarse de lo que está pasando en Ceuta y acoger a niños que estaban solos”, ha defendido la ministra, que también se postula a ser la futura secretaria general de Unidas Podemos, en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE.

Belarra ha avanzado que ese será un contenido principal del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.

Mezclar las vacunas de Pfizer y AstraZeneca es seguro y aumenta significativamente el número de anticuerpos contra la COVID-19. Es la principal conclusión a la que han llegado los expertos que han participado en el ensayo español CombivacS, un estudio con más de 600 voluntarios, que ha analizado los efectos secundarios y el grado de inmunidad que proporciona combinar una segunda dosis de Pfizer tras haber recibido inicialmente una de AstraZeneca.

Sesión de control en la que sobrevuela el enfrentamiento de Gobierno y Comunidades Autónomas tras el fin del estado de alarma y la petición de un plan legal alternativo para tomar medidas contra la pandemia.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado a las comunidades autónomas que esde "obligado cumplimiento" que el ocio nocturno cierre a la una de la mañana, como acordaron en el Consejo Interterritorial.

En una rueda de prensa tras la reunión de dicho órgano que reúne a los equipos del Ministerio y las consejerías, Darias se ha referido de forma velada a la decisión de Andalucía de reabrir el ocio nocturno hasta las dos. La titular de Sanidad ha insistido que la norma emana del documento de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19' (llamado también por las siglas DAC), que elaboraron de forma conjunta.

En su "llamamiento a todas las comunidades autónomas a que cumplan todas las DAC", ha señalado la paradoja de que los Gobiernos regionales pidan a los ciudadanos que respeten las restricciones si ellos mismos "incumplen" las normas de las que se han dotado.

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Foto:GettyImages

El País Vasco, la comunidad con la incidencia más alta de contagios, no descarta ahora la posibilidad de pedir el estado de alarma para su comunidad. Canarias finalmente no recurrirá el toque de queda al Supremo después de que lo hayan rechazado sus tribunales. Y en Navarra han vivido su primera noche sin restricciones de horario. En Galicia, el Tribunal Superior de Justicia acaba de respaldar el toque de queda y los cierres perimetrales en zonas con alta incidencia. El presidente Alberto Nuñez Feijóo ha puesto fecha al fin de las mascarillas en la calle.

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Foto: Un bar de la Plaza del Castillo, en el casco Viejo de Pamplona, pasadas las 23 horas. EFE/ Jesús Diges

Los expertos insisten en que hay que mantener las restricciones pero lo cierto es que, con el fin del estado de alarma, cada comunidad está tomando medidas distintas para evitar la transmisión de la COVID-19 y no todas están siendo avaladas por los jueces.

Una de las más polémicas es el toque de queda ya tiene el visto bueno judicial en Baleares y Comunidad Valenciana. Pero esas mismas instancias, los tribunales superiores de Justicia, lo han denegado en Canarias y País Vasco. Y pendiente todavía de una respuesta están Navarra y Galicia, que lo piden para zonas con alta incidencia.  La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que está pendiente de si llega algún recurso. Canarias es de momento la única comunidad que va a recurrir a ese tribunal.