Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

El Congreso de los Diputados votará el Real Decreto del Gobierno para la protección de los titulares de preferentes. El ministro de Economía ha avanzado algunos de los criterios para el arbitraje entre los afectados y las entidades financieras en un debate que ha sido muy tenso.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido en el Congreso el arbitraje en las preferentes frente a la vía judicial -que ha permitido hasta ahora recuperar la totalidad de la inversión a varias decenas de afectados- porque "es más rápido, más limpio, más centrado en el tema y más barato". En el momento en que el portavoz de Economía del PP, Martínez-Pujalte, iba a comenzar su intervención, un grupo de afectados por las preferentes ha interrumpido la sesión con sus protestas desde la tribuna de visitantes, con las que han exigido la devolución de su dinero. El presidente de la Cámara, el popular Jesús Posada, ha ordenado su desalojo y ha ordenado tomar nota de la identidad de una de las personas que protestaban por haber gritado "sinvergüenzas".

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha expulsado este jueves de la tribuna de oradores al diputado de ERC Alfred Bosch por intentar hacer su intervención en catalán. Bosch ha sido expulsado como el también parlamentario de ERC Joan Tardá. Ambos han apelado al auto del TSJ de Cataluña que obliga a la Generalitat a impartir las clases en castellano en aquellas aulas donde un alumno las pida (11/04/2013)

Con esta rotundidad ha respondido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas al diputado del PSOE Pedro Saura tras preguntarle si había cobrado algún sobresueldo durante el gobierno de Aznar. Montoro ha calificado de "infundio" esta pregunta y ha dicho que "sólo descalifica a quien la hace".

Sobre la medida de la Junta de Andalucía para expropiar viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias de bancos, se ha debatido este miércoles en el Congreso. La oposición pide al Gobierno que tome nota y el Ejecutivo dice que la respuesta a los desahucios tiene que ser de ámbito nacional.

El Gobierno quiere establecer un perímetro para las protestas por los desahucios en los domicilios de los políticos. Según el ministro del Interior no está marcada una distancia concreta. El asunto también ha estado en el Congreso y ha habido opiniones enfrentadas.

El presidente del Gobierno ha admitido que ese informe de la comisión Europea es una advertencia a España. Lo ha dicho en su comparecencia, en el Congreso, sobre el último consejo europeo, pero el presidente ha dicho que el informe de la Comisión se ha hecho con datos de años anteriores al Gobierno del PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el aviso dado a España por parte de la Comisión Europea sobre los "excesivos" desequilibrios económicos se basa en datos de 2009, 2010 y 2011. El jefe del Gobierno ha realizado estas declaraciones antes de que el vicepresidente económico de la CE argumentara el por qué de ese toque de atención.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alertado del desapego creciente de los ciudadanos hacia el proyecto europeo, en el que -ha avisado- "nada está garantizado si los ciudadanos no aprecian lo que les aporta Europa". Según Rajoy, "Europa debe hacer una apuesta decidida por una mayor integración", tanto económica como política. Sin embargo, ha destacado que "nadie puede imponer los tiempos, ni los modos, ni las condiciones, ni la intensidad de esa mayor integración", una velada referencia al creciente dominio de algunos países como Alemania sobre el resto de los Estados miembros.

"El resultado final de ese proceso [de integración] debe ser fruto de un acuerdo en el que participen todos y, cuando digo todos, me refiero a una involucración efectiva de los ciudadanos para una tarea en la que se están jugando su futuro", ha concluido el jefe del Ejecutivo.

En el Congreso se sigue hablando de desahucios. Se ha celebrado la segunda reunión entre los grupos parlamentarios para discutir el texto que funde el decreto del Gobierno y la iniciativa legislativa popular. Todos los grupos de la oposición han mostrado su rechazo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO. también lo han criticado.