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La comisión del Pacto de Toledo que reforma el sistema público de pensiones ha alcanzado un principio de acuerdo sobre la necesidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones y establecer un sistema más equitativo de contribución de los trabajadores. De esta forma lo ha anunciado el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, quien ha afirmado que reconocer el esfuerzo contributivo de los trabajadores a lo largo de más años de su actividad laboral es "clave" en la reforma del sistema de la Seguridad Social. No obstante, Burgos ha explicado que cualquier modificación se hará con criterio gradual y que los elementos de solidaridad del sistema están garantizados ya que seguirá habiendo una pensión máxima y una pensión mínima. Burgos también ha valorado que el documento de recomendaciones que firmen todos los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo corrija el procedimiento de cálculo.

La crisis provocada por los controladores también ha tenido su espacio en la sesión de control donde se han visto reproches mutuos entre Gobierno y PP. La ministra de Defensa ha anunciado que se habilitarán controladores militares para situaciones excepcionales en algunas torres de control.

La Comisión del Pacto de Toledo está reunida en el Congreso para hablar del aumento en la edad de jubilación que plantea el Gobierno. Este miércoles los socialistas han remitido una propuesta en la que no se concreta la ampliación hasta los 67 años. No se da una cifra concreta y eso no gusta a algunos grupos, aunque los socialistas confían en alcanzar un acuerdo.

"Había margen para el acuerdo, hay margen para el acuerdo, y para llegar al acuerdo tienes que hacer algún movimiento y eso es lo que vamos a hacer hoy", ha afirmado la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa.

Izquierda Unida y ERC consideran que el texto es muy ambiguo y que darle su apoyo sería conceder un cheque en blanco que permitiría una interpretación demasiado amplia cuando se trate de legislar.

Convergencia i Unión ve en principio con buenos ojos la propuesta que ha remitido el PSOE. El PP considera injusto que se eleve la edad legal de jubilación porque eso supondría, además, que los trabajadores estén más tiempo en activo y dificulten la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.

El ministro de Fomento ha anunciado que el año que viene saldrá a concurso la gestión de las torres de control de trece aeropuertos españoles. Y también que, a partir de 2012, se iniciará la liberalización de todo el control aéreo. Ya hay cinco empresas interesadas en prestar estos servicios.

El ministro de Fomento ha anunciado que si el 31 de enero no hay acuerdo con los controladores en la negociación colectiva, acudirán al arbitraje. Blanco ha defendido en el Congreso que las medidas tomadas por el Gobierno en esta crisis han sido legales y adecuadas. Y el PP ha acusado a la anterior ministra socialista de haberse doblegado ante los controladores.

El Consejo de Ministros se reunirá esta tarde de forma extraordinaria en el Congreso de los diputados para estudiar, y previsiblemente aprobar, una prórroga del estado de alarma en los aeropuertos españoles. Los socialistas dicen que el Gobierno quiere evitar así el riesgo de una nueva hulega salvaje de los controladores. En esta ocasión, la prórroga tiene que ser autorizada por el Congreso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha quitado importancia al veto a los presupuestos y ha asegurado que no tenía "ninguna preocupación" porque serán aprobados en el Congreso. Salgado ha lamentado que se pierda una oportunidad de mejorarlos, "que para eso está el Senado", y que no hayan sabido verlo así los partidos que han apoyado la devolución del proyecto de ley.

El Senado ha vetado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, con los votos del PP, CIU, ERC, IU-ICV y el BNG por 138 votos a favor y 124 en contra. Tal y como se esperaba, el veto que se ha aprobado es el de los nacionalistas gallegos, que ya fue respaldado por esos cinco grupos en comisión en la Cámara Alta. Por ese motivo no ha sido necesario votar los otro cuatro vetos presentados. Para el senador 'popular' Francisco Utrera, la confianza en España "se ha perdido" y para recuperarla, instó a la creación de puestos de trabajo y a implementar medidas "coherentes". "Los Presupuestos ya han quedado desmentidos por el Gobierno y por tanto, vetados", ha afirmado, ante el último decreto sobre medidas anticrisis que contempla la subida del tabaco y la rebaja de impuestos a pymes. El portavoz del BNG, José Manuel Pérez Bouza, ha insistido en considerar los PGE de "antisociales" y de hacer un "flaco" favor a los parados con la reducción del gasto en prestaciones.

El Senado ha vetado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, con los votos del PP, CIU, ERC, IU-ICV y el BNG por 138 votos a favor y 124 en contra. El veto que se ha aprobado es el de los nacionalistas gallegos, que fue respaldado por esos cinco grupos en comisión en la Cámara Alta. Por ese motivo no ha sido necesario votar los otro cuatro vetos presentados. (13/12/10)