El PP y Vox han anunciado este martes que la reforma de la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un umbral de mayoría parlamentaria más bajo que el actual, como quieren promover los dos partidos que forman el Gobierno para eludir el veto de los 'populares' para su renovación, será recurrida por ambos partidos ante el Tribunal Constitucional.
PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para reformar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin eludir el veto del PP, evitar que este órgano pueda hacer nombramientos clave cuando esté en funciones y poner fin al bloqueo. PP y Vox ya han anunciado que recurrirán la medida al Tribunal Constitucional.
PSOE y Unidas Podemos presentan hoy una iniciativa en elCongreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En el informativo 14 horas de Radio Nacional hablamos con Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y con Ascensión Martín Sánchez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Fernández Vaquero defiende que les parece "una iniciativa muy desafortunada, un auténtico despropósito. En las asociaciones profesionales llevamos años reclamando que se modifique la ley para que los vocales judiciales del Consejo, que son 12 de los 20, los elijamos los propios jueces por votación directa. Los otros 8 los nombra el Parlamento". Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria señalan que este mismo criterio lo comparten desde instituciones del ámbito europeo como el Consejo de Europa o lo que marca la doctrina del Tribunal de Justicia Europea. "Si todos los vocales los nombra el Parlamento se deteriora esa imagen de falta de independencia y se agrava el problema que ya padecemos", afirma Fernández Vaquero. ¿Qué cree que deberían hacer los grupos parlamentarios en vista del bloqueo, para desatascar esa situación? "Es un problema gravísimo. Es obligación constitucional de los grupos parlamentarios renovar el CGPJ en plazo. Es inaceptable que llevemos dos años en esta situación. Es inaceptable bloquearlo por intereses políticos pero también es inaceptable supeditar la negociación al reparto de asientos. El problema no es que no sean capaces en ponerse de acuerdo en qué personas tienen que nombrar, el problema es que no se ponen de acuerdo en el reparto. Ese modo de proceder es contrario a la Constitución". Por su parte, desde Juezas y Jueces para la Democracia, su portavoz Ascensión Martín Sánchez defiende que su postura es muy clara: "Renovación con la ley actual, sin reformar. Pero también entendemos la posición del Ejecutivo de buscar alternativas si hay un partido que se niega a sentarse a dialogar para la renovación".
PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes en el Congreso una proposición de ley para reformar la ley que regula la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin eludir el veto del PP, evitar que este órgano pueda hacer nombramientos clave cuando esté en funciones y poner fin al bloqueo.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la proposición no de ley de PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la renovación del CGPJ como una respuesta ante la "urgente necesidad" de renovación de este órgano y porque "nadie entiende cómo un partido político -el PP- tiene la capacidad de bloquear la renovación de las instituciones". Montero ha acusado al Partido Popular de estar cometiendo "insumisión y rebelión constitucional".
PSOE y Unidas Podemos van a registrar este martes una iniciativa en el Congreso para modificar el sistema de elección de los jueces. La reforma plantea que para elegir a los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial que corresponde a las Cortes haga falta solo mayoría absoluta y no tres quintos como hasta ahora. De esta forma sería posible afrontar la renovación sin la participación del PP.
La cúpula del CGPJ está en funciones desde hace dos años.
Informa David Fernández
El juez Manuel García Castellón, que instruye el 'caso Dina', ha enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que denuncia que está siendo víctima de una campaña de desprestigio desde que envió al Supremo una exposición razonada sobre la imputación de Pablo Iglesias. García Castellón considera que hay mensajes en los medios de comunicación y en las redes sociales que tratan de desacreditarle como juez, restar credibilidad a sus argumentos y deslegitimar el ejercicio del poder judicial. Además, subraya que esos mensajes son repetidos y amplificados por algunos miembros del Gobierno de la Nación y que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca había visto a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel.
El Gobierno confirma que se están manteniendo "conversaciones discretas" con otros grupos políticos para reformar la ley del poder judicial, la norma que regula la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre de 2018. La elección de los nuevos vocales permanece bloqueada desde entonces y con la ley actual se necesita al partido popular, que no parece estar dispuesto a negociar esa renovación. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, María Jesús Montero, ha llegado a hablar de insumisión inconstitucional del PP.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes de que promoverá un cambio legislativo en la elección de los miembros del Consejo general del Poder Judicial si el Partido Popular se mantiene en su posición de no pactar la renovación de este organismo.
Si el PP sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial "el Ejecutivo tendrá que tomar decisiones", ha dicho Sánchez. Y ha añadido que "la mayoría absoluta del Congreso tendrá que dar una salida y renovar" esta institución.
El jefe del Ejecutivo está dispuesto a renovar el CGPJ incluso sin el apoyo del primer partido de la oposición, aduciendo que "instituciones tan importantes no pueden estar años en funciones" y que "si la oposición bloquea, el parlamento y Gobierno deben hacer algo al respecto", sugiriendo un cambio en la ley para evitar la mayoría necesaria. En su comparecencia en Bruselas también ha acusado a los populares de "privatizar" la constitución o patrimonializar la monarquía. Informa la enviada especial de Radio Nacional, Sandra Gallardo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que promoverá un cambio legislativo en la elección de los miembros del Consejo general del Poder Judicial si el Partido Popular se mantiene en su posición de no pactar la renovación de este organismo. Si el PP sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial "el Ejecutivo tendrá que tomar decisiones", ha dicho Sánchez al término del Consejo Europeo.
El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, considera que el rey Felipe VI no actuó con "neutralidad" con el Consejo General del Poder Judicial, al llamar a su presidente Carlos Lesmes después de no haber acudido a un acto institucional en Barcelona. En una entrevista en La Noche en 24 Horas, Mayoral ha valorado que el CGPJ está, además, "deslegitimando la administración de justicia" con sus decisiones y el enfrentamiento con el Gobierno de España.
La Comisión Europea considera que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es una de las tareas urgentes de la justicia española. Bruselas recuerda que el órgano de gobierno de los jueces lleva dos años esperando su renovación y que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, lo considera una "anomalía democrática". Es una de las conclusiones del Informe sobre el Estado de Derecho elaborado por la Comisión Europea, que también advierte de que el vínculo entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado en España pone en duda su independencia y alerta de la lentitud de la justicia española.
El Consejo General del Poder Judicial ha hecho oídos sordos a las presiones del Gobierno de paralizar los nombramientos y ha elegido a cuatro jueces progresistas y dos conservadores para seis plazas clave del Supremo. Tres de ellas son para la Sala de lo Penal, que investiga y juzga a los aforados. Son los magistrados Ángel Hurtado, Javier Hernández y Leopoldo Puente. Destaca también el nombramiento María Luisa Segoviano que presidirá la Sala de la Social, la primer mujer en presidir una sala del Supremo en los más de 200 años de historia del órgano.
Informa Araceli Sánchez
