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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía concluye en un informe entregado al juez Pablo Ruz que las sociedades vinculadas a la trama Gürtel realizaron facturas falsas que permitieron presuntamente al PP cargar a FAES y otras tres fundaciones el coste de actos del partido.

En el informe, la UDEF observa una "dinámica de actuación persistente en el tiempo", entre 1999-2004, consistente en la emisión de una serie de facturas a nombre del PP "las cuales son anuladas con posterioridad emitiéndose otras nuevas" pero esta vez dirigidas a distintas fundaciones vinculadas a esta formación, en las que se altera el coste y el concepto.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala al ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos como receptor de comisiones del caso Gürtel a cambio de contratos públicos tras concluir "a nivel indiciario" que la persona que está detrás de las siglas P. A. C. que aparecen en varios documentos incautados a la trama es el exministro 'popular'.

Así se desprende de uno de los dos informes que la UDEF ha remitido este lunes al juez que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,sobre una supuesta trama de comisiones a cargos del PP, presuntamente ideada por el empresario Francisco Correa.

Se ha presentado el primer informe sobre corrupción en Europa de la Comisión Europea. Esta encuesta recoge que el 95% de los españoles cree que que hay una corrupción generalizada. Además, el 63% de la población afirma notarla en su día a día. España está en los primeros puestos en cuanto a percepción de la corrupción (03/02/14).

La corrupción le cuesta a la Unión Europea 120.000 millones de euros al año, según un informe realizado por la Comisión. El 76% de los europeos cree que está muy extendida en su país, una cifra que en España llega al 95%.

La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antonia Munar se ha negado este viernes a declarar ante el juez que investiga el supuesto soborno por la adjudicación fraudulenta del solar palmesano de Can Domenge.

La antigua líder de Unió Mallorquina (UM), primera mujer que presidió el Parlament balear, ha comparecido ante el juez Enrique Morell durante apenas dos minutos tras ser conducida esta mañana a los juzgados desde la cárcel de Palma, donde ingresó hace seis meses con dos condenas por corrupción.

Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, investiga el presunto soborno de cuatro millones de euros que el empresario Roman Sanahúja pagó a la cúpula del Consell de Mallorca a cambio de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge para desarrollar un proyecto urbanístico.

El abogado de Munar, José Antonio Choclán, ha argumentado que su clienta se ha acogido a su derecho a no declarar por "coherencia procesal", ya que el Tribunal Supremo está pendiente de resolver el recurso planteado contra la condena a seis años de prisión que la Audiencia de Palma impuso a la política nacionalista tras el juicio en que se abordó la adjudicación delictiva del solar público.

El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha abierto este viernes nuevas diligencias para investigar si el PP cometió delito fiscal en 2008. El instructor ha pedido a la Agencia Tributaria que le remita las declaraciones del impuesto de sociedades del PP correspondientes a 2007 y 2008 y ha citado como testigos a varios empresarios que aparecen como donantes en la supuesta contabilidad B, entre ellos el presidente de Mercadona, Juan José Roig Alfonso.