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El economista jefe del BBVA, Jorge Sicilia, subraya la importancia de conseguir un acuerdo para salvar la economía griega. Prevé que el paro en España alcanzará el 25% en 2013, ya que, explica, se perderán 2.000 puestos de trabajo al día. Además, valora los esfuerzos del Gobierno para recortar el déficit. "España está adelantada en el control del déficit estructural, aunque sea un ajuste muy fuerte", afirma (08/02/12).

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha dicho hoy que un consejero del Gobierno vasco les ha alertado de que las arcas públicas están vacías y de la quiebra inminente de la administración vasca. Desde el Gobierno vasco desmienten la supuesta llamada y la falta de liquidez.

¿Portugal al borde del abismo? Su prima de riesgo comenzó la jornada en 1.600 puntos básicos, con una subida el lunes de 220.Ni el rescate europeo, ni los planes de ajuste ni los recientes pactos internos para una reforma laboral frenan la escalada desestabilizadora, que supone para Portgual estar pagando unos intereses del 17 y medio por ciento en su deuda a 10 años. Y si la alternativa para Grecia es la fórmula de la quita de la deuda, con el acuerdo de los acreedores, hay analistas que descartan ese camino para Portugal.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han logrado un acuerdo sobre el pacto para reforzar la disciplina fiscal sin el apoyo de República Checa, que se ha unido a Reino Unido y ha rechazado adherirse al texto, según ha informado el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. El pacto fiscal forzará a los países firmantes, los 25 Estados miembros restantes de la UE, a incluir en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", que obliga a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5% del PIB. Los Estados miembros que no incluyan correctamente en sus normativas nacionales ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por otro de los socios, que además podrá solicitar directamente una sanción financiera. La máxima instancia judicial comunitaria podrá, en última instancia y como máximo, imponer una sanción del 0,1% del PIB.

Desde la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido al Gobierno y a la unión europea un calendario razonable para reducir el déficit. IU, por su parte, lo que pide es que las decisiones sobre el déficti se sometan a referéndum.

El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, no ha descartado este lunes flexibilizar el objetivo de reducción del déficit para España en 2012 para ajustarlo al nuevo escenario de recesión. El mandatario luso ha destacado los esfuerzos de España en este ámbito.

"Sería conveniente ahora tener una discusión, que se va a seguir en el marco del Eurogrupo y del Ecofin sobre la situación en España. Yo aquí no puedo ahora ir más en detalle sobre eso. Va a haber una discusión sobre las condiciones", ha dicho Barroso en rueda de prensa conjunta con Rajoy al ser preguntado por la posibilidad de dar más tiempo a España para reducir su déficit.

"España es esencial para la estabilidad de la zona del euro. Es importante que el nuevo Gobierno entable un diálogo constructivo con sus socios europeos, incluida la Comisión, y exponga sus planes de reforma de modo detallado con el calendario correspondiente", ha reclamado el presidente del Ejecutivo comunitario.

Barroso ha reclamado a Rajoy que emprenda "de manera urgente" más medidas. "Las medidas de urgencia adoptadas el 30 de diciembre, equivalentes a alrededor del 1,4% del PIB con el fin de rectificar al menos parcialmente la desviación de déficit de 2011, son muy importantes. No obstante se deben ahora hacer esfuerzos para contener el déficit público en 2012", ha reclamado el presidente de la Comisión.

"Los objetivos de déficit para 2012 y 2013 deben contar con el pleno respaldo de medidas de consolidación concretas", ha insistido.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley estabilidad presupuestaria que establece déficit cero y techo de gasto para todas las administraciones excepto en situaciones excepcionales. Una ley que desarrolla la reforma constitucional y que el gobierno quiere empezar a negociar inmediatamente con los grupos políticos.