Si quiere evitar la cárcel Gerardo Díaz Ferrán tendrá que pagar 30 millones de euros. Así lo ha decretado el juez Eloy Velasco tras tomarle declaración durante cerca de una hora. El ex presidente de la CEOE está acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en relación con Viajes Marsans. La fianza, es una de las más altas fijadas en España.
El expresidente de la CEOE podrá evitar la cárcel si paga una fianza de 30 millones de euros.
Intensa jornada del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en los tribunales. Primero, el empresario declarará en la Audiencia Nacional como imputado en la Operación Crucero, que investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a los acreedores. Después deberá acudir a un juzgado de Madrid, para declarar como acusado en la causa abierta por un crédito de más de 26 millones de euros que Caja Madrid le concedió cuando era consejero de la entidad.
El juez Eloy Velasco investiga también si el expresidente de la CEOE trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York para venderlos después por casi trece millones de euros.
El expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, ha pasado la noche en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial este miércoles acusado de un presunto alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Hay ocho detenidos más en la Operación Crucero se les acusa de haber cometido presuntamente delitos relacionados con el alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros. El juez investiga si Díaz Ferrán ocultó la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Mallorca y un yate. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado que la detención de Díaz Ferrán sea ejemplarizante.
La Policía ha encontrado en la casa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán 150.000 euros en metálico y un kilo de oro, mientras que en la del empresario valenciano Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y del grupo turístico Viajes Marsans, se han hallado 400.000 euros.
Fuentes de la investigación han precisado a TVE que ese dinero se ha encontrado en los diferentes registros practicados con motivo de la detención de Díaz Ferrán y otras ocho personas más por ocultación de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
La "operación crucero" la dirige el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, al ex presidente de la CEOE se le investiga por los presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Durante dos horas y media la Policía Nacional ha retenido a Ángel de Cabo, en el interior de su chalé de Chiva, en Valencia. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales han registrado la casa y han encontrado 400.000 euros, además de numerosa documentación que han sacado en cajas. Otras 7 personas, del entorno más próximo al empresario valenciano, han sido detenidas. Entre ellas su secretaria. En su domicilio la policía ha encontrado un millón de euros en metálico. Al mismo tiempo, los agentes registraban estas oficinas del polígono de Riba-Roja del Turia. Allí han intervenido varios vehículos de lujo. Los detenidos hoy en la Operación Crucero habrían ocultado presuntamente su patrimonio vendiendo Marsans a "Posibilitum Business", una empresa administrada por De Cabo. Todos ellos declararán, previsiblemente mañana, en la Audiencia Nacional.
La policía ha detenido al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales en relación con Viajes Marsans. También ha arrestado a Ángel de Cabo, el actual dueño de Nueva Rumasa y de Marsans, y a otras siete personas. Durante la operación policial, que sigue abierta, se han hecho varios registros en Madrid y Valencia, uno de ellos en la casa de Díaz Ferrán.
El expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido detenido en Madrid por un presunto delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
El consejero valenciano de Hacienda José Manuel Vela ha dimitido hoy poco antes de ser imputado por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana por la supuesta filtración de un documento que reclamaba la juez del caso Cooperación. Este caso investiga el supuesto fraude de ayudas públicas a ONGs. El Tribunal Superior de Valencia imputa a Vela delitos de encubrimiento, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Investiga si este informe que Vela hizo llegar hace una semana al diputado del PP Rafael Blasco, imputado en el Caso Cooperación, es el mismo que reclama la juez del caso a la intervención general de la Generalitat. El juez, de hecho, también ha imputado al interventor de la Generalitat.
La salida de prisión de Gao Ping es el resultado de una decisión que la Audiencia Nacional ha tomado en contra de la Fiscalía Anticorrupción. En la Operación Emperador la policía detuvo a más de cien personas y por eso no todas pasaron a disposición judicial dentro de las 72 horas que marca la ley. Él es el presunto líder de la trama. Gao Ping, empresario y promotor de arte, está acusado de utilizar sus contactos en China y España para supuestamente blanquear dinero.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó su puesta en libertad junto a la de otros 11 presuntos dirigentes por el "error" que se cometió a la hora de prorrogar sus detenciones.
Esta mañana el juez Andreu, encargado de la investigación contra la mafia china en Madrid, ha ordenado la puesta en libertad de doce acusados. Entre ellos, Gao Ping, el supuesto líder...
A esta hora estamos pendientes de que abandone la prisión de Alicante donde llevaba encarcelado algo más de un mes
27 imputados y 12 detenidos, es de momento, el saldo de la operación contra una supuesta trama de corrupción en torno al ayuntamiento de Sabadell. Entre los imputados está el propio alcalde socialista de esta localidad. También se investiga al secretario de organización del PSC, Daniel Fernández. El caso que permanece secreto se instruye en este juzgado de Sabadell. Los mossos analizan ahora la d0cu incautada en los 50 registros realizados esta mañana. Según los investigadores la trama cobraba un mínimo de 120.000 euros por la adjudicación de obra pública y un 3 por ciento una vez acabada. Presuntamente, el dinero iba a parar a un despacho de abogados. Se desconoce si se blanqueaba ese dinero o se repartía entre los implicados.
