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Una información que hoy publica el Mundo ha sacudido la campaña electoral. Basándose en un informe policial, vincula a las familias de Jordi Pujol y Artur Mas con el supuesto cobro de comisiones ilegales. Mas ha anunciado que se va a querellar.

  • Así lo declara el exsecretario general del PP de Madrid, Romero de Tejada
  • El secretario del consejo de administración de Bancaja declara ante el juez
  • Villanueva Pareja: se buscó crear una sociedad atractiva que sacar en Bolsa
  • También ha declarado como imputada Mercedes Rojo, exasesora de Aguirre
  • Ella era miembro de la Comisión de Auditoría sin conocimientos financieros

El juez Fernando Andreu comienza a interrogar a los 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz, Banco Financiero de Ahorros (BFA), a los que les imputa la posible comisión de hasta cinco delitos. Hoy declara declara el presidente de La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro. También estaba previsto que lo hiciera el secretario del Consejo de Administración de Bancaja, Ángel Villanueva, pero declarará el martes porque tenía hoy otra citación judicial en otro juzgado. Las declaraciones continuarán hasta el 20 de diciembre, cuando declarará Rodrigo Rato.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".

En la defensa del proyecto, Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.

Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".

Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".