Una información que hoy publica el Mundo ha sacudido la campaña electoral. Basándose en un informe policial, vincula a las familias de Jordi Pujol y Artur Mas con el supuesto cobro de comisiones ilegales. Mas ha anunciado que se va a querellar.
- Un supuesto informe policial implica cuentas de Mas con la corrupción de CiU
- Interior ordena una investigación interna sobre la filtración y el informe
- El ministro quiere verificar si existe este informe policial y su contenido
- De ser cierto, busca evitar que se produzcan este tipo de filtraciones
- La información, publicada en El Mundo, se basa en un borrador de la UDEF
Interior investigará la filtración de un borrador de la Unidad de Delitos Económicos, publicado en el diario El Mundo, que vincula a las familias de Jordi Pujol y Artur Mas con la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica.
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- Como resultado del engaño los inversores perdieron más de 236 millones
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- El juez aprecia indicios de "criminalidad suficiente" en su actuación
- Los contribuyentes tienen hasta el 30 de noviembre para acogerse al proceso
- El Gobierno entiende que hay tiempo suficiente para acudir a la regularización
- La Audiencia Provincial de Sevilla los condena por cohecho
- Son Antonio Rivas, exdelegado de Empleo, y dos exdirectivos de la lonja
- Pidieron 450.000 euros a unos empresarios por la escuela de hostelería
- El caso Mercasevilla dio origen a la investigación de los ERE irregulares
- Lee en .pdf la sentencia de Mercasevilla de la Audiencia Provincial de Sevilla
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- El secretario del consejo de administración de Bancaja declara ante el juez
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- También ha declarado como imputada Mercedes Rojo, exasesora de Aguirre
- Ella era miembro de la Comisión de Auditoría sin conocimientos financieros
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- Es una deficiencia técnica al no estar aprobada la ley de transparencia
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- En el trastero de Roca había una carpeta con las siglas JM, MZ e IP
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El juez Fernando Andreu comienza a interrogar a los 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz, Banco Financiero de Ahorros (BFA), a los que les imputa la posible comisión de hasta cinco delitos. Hoy declara declara el presidente de La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro. También estaba previsto que lo hiciera el secretario del Consejo de Administración de Bancaja, Ángel Villanueva, pero declarará el martes porque tenía hoy otra citación judicial en otro juzgado. Las declaraciones continuarán hasta el 20 de diciembre, cuando declarará Rodrigo Rato.
- Se investiga la fusión de las cajas que dieron origen a la entidad
- El presidente de Caja Canarias, el primero en declarar
- El secretario de Bancaja no comparece ante el juez hasta el martes
- Rodrigo Rato, expresidente, declarará el 20 de diciembre
- Cierran por primera vez en su historia tras la operación 'Emperador'
- Pretenden que sea "una llamada de atención a la sociedad española"
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- Dice que actualmente hay 6.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro
- El Congreso rechaza devolver la ley que endurece las penas por delito fiscal
- El PSOE: el cambio del Código Penal es "probablemente anticonstitucional"
- Izquierda Plural: "La nueva ley es deficiente, discriminatoria y criminalizadora"
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido el endurecimiento de las penas para delitos fiscales y contra la Seguridad Social y ha recalcado que combatiendo el fraude se da respuesta a una "necesidad estructural" de defensa de lo público, ya que la credibilidad del Estado, según ha afirmado, "depende de ganar esta batalla".
En la defensa del proyecto, Ruiz-Gallardón ha subrayado en varias ocasiones que esta reforma no criminaliza las conductas que no tienen ánimo de defraudar, es decir, "no persigue a quienes perciben indebidamente una prestación, sino a quienes engañan para percibirla", ha zanjado.
Sin embargo, el diputado socialista Julio Villarrubia ha defendido justamente lo contrario y ha afirmado que el Ejecutivo pretende crear un tipo nuevo de delito "para incluir a desempleados y pensionistas en el Código Penal, hasta por infracciones mínimas".
Por parte de la Izquierda Plural, el diputado Gaspar Llamazares ha recalcado que la propuesta del Gobierno responde a la táctica del "populismo punitivo" que, según ha dicho, consiste en responder a los problemas con iniciativas legislativas "sin acuerdo y sin diálogo".
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