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La declaración de la infanta Cristina llega tres años y medio después de que se abriera la investigación del 'caso Nóos'.

El motivo de la imputación es su presunta relación con Aizoon, la empresa usada por Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, para desviar dinero público. El interrogotorio debe esclarecer si la infanta conocía o no el origen presuntamente ilícito de los fondos de Aizoon que usó reiteradamente para gastos personales. Esta es la clave de la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

En el caso del delito fiscal, el juez José Castro cree que hay indicios de que Aizoon rebasó la frontera 120.000 euros defraudados. Hacienda y la Fiscalía lo niegan. Aunque Anticorrupción cree que la infanta no tiene responsabilidad penal sí que considera que se benefició de un dinero de origen supuestamente ilícito

En Irlanda ha comenzado el juicio contra tres directivos del Anglo Irish Bank, rescatado en 2009 con 30.000 millones de euros. Son los primeros banqueros en sentarse en el banquillo acusados de proporcionar asistencia financiera ilegal. Y podrían ser condenados a cinco años de cárcel por prestar 450 millones a un grupo de inversores, entre ellos varios familiares de Sean Quinn, el que fuera hombre más rico del país. Irlanda tuvo que hacer frente a su crisis bancaria con un préstamo de urgencia de 80.000 millones de euros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El equivalente al 40% de producto interior bruto que tuvieron que pagar los contribuyentes irlandeses. Aunque Dublín ha completado su rescate y la economía está volviendo a crecer, sigue teniendo uno de los niveles más altos de Europa de deuda nacional y según el Gobierno aún tiene que aplicar más medidas de austeridad para garantizar unas bases sólidas de crecimiento.

La Audiencia Nacional investiga si para ocultar, paliar o retrasar su deterioro patrimonial, Bankia ideó una estrategia para vender participaciones preferentes de forma masiva a inversores y pequeños ahorradores. Una estrategia en la que las preferentes se utilizaban para recapitalizar la entidad y disfrazar su situación de insolvencia. La Audiencia admitió parcialmente dos querellas y acotó la investigación a los directivos de las siete cajas que se integraron en Bankia. Ahora el juez Fernando Andreu cita a declarar al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y a otros 14 antiguos directivos, entre ellos, Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y exconsejero de Cajamadrid, y dos exdirectivos de Bancaja. Todos ellos desfilarán por la audiencia entre el 3 y el 7 de marzo como imputados.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía concluye en un informe entregado al juez Pablo Ruz que las sociedades vinculadas a la trama Gürtel realizaron facturas falsas que permitieron presuntamente al PP cargar a FAES y otras tres fundaciones el coste de actos del partido.

En el informe, la UDEF observa una "dinámica de actuación persistente en el tiempo", entre 1999-2004, consistente en la emisión de una serie de facturas a nombre del PP "las cuales son anuladas con posterioridad emitiéndose otras nuevas" pero esta vez dirigidas a distintas fundaciones vinculadas a esta formación, en las que se altera el coste y el concepto.

La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antonia Munar se ha negado este viernes a declarar ante el juez que investiga el supuesto soborno por la adjudicación fraudulenta del solar palmesano de Can Domenge.

La antigua líder de Unió Mallorquina (UM), primera mujer que presidió el Parlament balear, ha comparecido ante el juez Enrique Morell durante apenas dos minutos tras ser conducida esta mañana a los juzgados desde la cárcel de Palma, donde ingresó hace seis meses con dos condenas por corrupción.

Morell, titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, investiga el presunto soborno de cuatro millones de euros que el empresario Roman Sanahúja pagó a la cúpula del Consell de Mallorca a cambio de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge para desarrollar un proyecto urbanístico.

El abogado de Munar, José Antonio Choclán, ha argumentado que su clienta se ha acogido a su derecho a no declarar por "coherencia procesal", ya que el Tribunal Supremo está pendiente de resolver el recurso planteado contra la condena a seis años de prisión que la Audiencia de Palma impuso a la política nacionalista tras el juicio en que se abordó la adjudicación delictiva del solar público.

El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha abierto este viernes nuevas diligencias para investigar si el PP cometió delito fiscal en 2008. El instructor ha pedido a la Agencia Tributaria que le remita las declaraciones del impuesto de sociedades del PP correspondientes a 2007 y 2008 y ha citado como testigos a varios empresarios que aparecen como donantes en la supuesta contabilidad B, entre ellos el presidente de Mercadona, Juan José Roig Alfonso.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha entregado una carta al juez Ruz junto a unos documentos sobre la supuesta contabilidad B del partido que implican a su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta. Cristina Blach, en la carta dice que Lapuerta reconoce haber recibido cerca de 140.000 euros de la caja B del PP...