Centenares de personas se han concentrado este martes para tratar de evitar el desalojo de la escuela Massana, en el barrio del Raval de Barcelona, y los agentes han cargado contra ellos. El edificio, que funcionaba como un centro social, estaba ocupado desde 2020 y en el momento del desalojo no había nadie en el interior.
Con la derogación del decreto 'ómnibus' quedan en suspenso o decaen una serie de medidas. Entre ellas, y de lo más inmediato, es el levantamiento de la prohibición de desahucio y el corte de suministros básicos a personas vulnerables. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Irene Escorihuela, del Observatorio DESCA, denuncia que muchas familias vulnerables pueden quedar desprotegidas "a partir de ya mismo" con la caída de esta medida. En estos 4 años se han parado unos 58.000 desahucios de familias, según un informe realizado por este Observatorio junto a la PAH sobre el impacto de la moratoria antidesahucios, de las cuales "el 77% ya eran usuarias de servicios sociales". Las organizaciones destacan que esta norma "ha sido muy eficaz" pero consideraban que se podía modificar para ampliar su rango de acción. Ahora sin esta, dice, se encuentran "con menos recursos para poder pararlos".
Cree que esta medida, si va sola, puede tener el apoyo parlamentario suficiente para que se pueda aprobar pero pide rapidez porque "no hay tiempo que perder". "Reivindicamos un Decreto-Ley sobre esta temática", dice Escorihuela, que reconoce que ahora solo tienen los mecanismos "débiles" que establece la reciente Ley de Vivienda.
El último Consejo de Ministros de este año, celebrado este lunes, trae varias pedidas económicas. Entre ellas, la prórroga de las ayudas al transporte, subidas en las pensiones y la extensión de la prohibición de desahucios a familias vulnerables.
Grabar una película con la técnica de stop motion es un proceso artesanal y muy lento, se ruedan 4 segundos al día. La técnica la están usando en Barcelona para Olivia y el terremoto invisible, una historia de desahucios que cuenta con la participación de RTVE.
En San Fernando, Cádiz, un matrimonio de 70 años que lleva más de media vida trabajando y viviendo en un convento podría quedarse en la calle. El obispado y el Ayuntamiento han vendido el inmueble, ya no quedan monjas y tienen una orden de desahucio, sin una solución a la vista. Por su parte, el Obispado no ha querido opinar porque dice que se trata de un proceso judicializado y el próximo día 18 de abril tienen el juicio del desahucio.
La Guardia Civil ha desahuciado a 90 familias de un edificio a medio construir en el municipio de Arona, en Tenerife. Entre ellas, había una decena de niños y personas enfermas. No tienen adónde ir y el ayuntamiento dice que no encuentra alternativas habitacionales para todos.
La presión de vecinos y de entidades sociales ha conseguido que se aplace el desahucio de Blanca, una mujer de 78 años que vive de alquiler en el centro de Barcelona y que debía al propietario 176 euros. Hay dos semanas de margen para que Ayuntamiento y propietarios encuentren una solución.
En 2017, y tras un cambio de propietario, le subieron el alquiler 88 euros a raíz de una reforma. Durante dos meses se negó a pagar la subida porque quedó descontenta con las obras. La nueva propiedad la denunció y empezó el proceso judicial.
El dinero que debía ya lo ha devuelto. Sin embargo, el auto judicial asegura que desde 2010 era propietaria al 50% de otra vivienda y que, por lo tanto, podía haber contado desde entonces con ese lugar para vivir.
88 euros. Es lo que una vecina de Barcelona debía a su propietaria por unas reformas, así que la dueña denunció. Blanca, de 78 años, pagaba puntualmente su alquiler y acabó saldando la deuda pero la orden de desahucio siguió adelante. Hoy decenas de personas han acudido a apoyarla. Y han conseguido, de momento, paralizarlo. Foto: RESISTIM AL GÒTIC (@RESISTIMALGOTIC)
Os traballadores retomaron as mobilizacións. O seu futuro está en mans da xustiza polo desacordo entre a empresa e a comunidade de montes
40 familias están demandadas por Blackstone, uno de los conocidos como 'fondos buitre'. A última hora, una de ellas ha llegado a un acuerdo para suspender su desahucio.
Las famililas afectadas accedieron a sus casas cuando eran viviendas sociales públicas. Pero posteriormente fueron vendidas a Blackstone. A medida que los contratos originales se extinguen, la compañía plantea "situaciones límite" de subidas, según los inquilinos.
Muchoas afectados están fuera de contrato, algunos con fecha de desahucio, pero siguen pagando sus coutas originales.
Una de las filiales de Blackstone en España, Testa Home, que tiene 14.000 pisos, niega una posible oleada de desahucios y asegura que está abierta a negociar, pero caso por caso.
Desglosamos con nuestra compañera de Economía Blanca Pascual, los puntos que incluye la recientemente aprobada Ley de Vivienda y entre los que destaca la regulación de todos los alquileres en las zonas tensionadas, donde los contratos de los pequeños propietarios se renovarán congelando la renta en virtud del alquiler anterior. Y, en el caso de los grandes, se aplicará el índice de contención de los precios. Desaparece el IPC como índice de referencia en la actualización de los precios del alquiler y se elaborará uno nuevo a partir de 2025. Además, se reducen a cinco los alquileres para ser considerado "gran propietario", que también podrán ser consideradas las personas físicas, y los costes inmobiliarios correrán sempre a cargo del propietaro, que tampoco podrá subir el alquiler sumando otros gastos como el de comunidad.
