El nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recibido este martes en su estreno en el cargo un primer aviso de la CUP por un desahucio en Barcelona que ha terminado con incidentes y que ha motivado la ocupación de la sede de ERC por parte de un grupo de manifestantes.
Varios diputados de la CUP han intentado impedir en primera línea el desahucio de un piso en el número 38 de la calle Lleida de Barcelona, que los Mossos d'Esquadra han ejecutado por orden judicial. La presencia de los antidisturbios no ha gustado a los antisistema, que acusan a Aragonés de incumplir el acuerdo firmado con ellos, que establece que no actúen en desahucios de personas vulnerables, pero al juez le consta que solo uno de ellos ocupaba el piso y que tiene apoyo económico y familiar.
El nuevo presidente ha reaccionado de manera inmediata y se ha comprometido a encargar un nuevo protocolo para los desalojos. Foto: EFE/Marta Perez
En febrero el Telediario de TVE contó el desahucio por error de una anciana de 97 años en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Esta semana, tres meses después, ha vuelto a su hogar, pero no ha recuperado muchas de sus pertenencias.
La orden judicial era para el piso de abajo, pero la comitiva, por error, autorizó la entrada en su casa. Un juez ha dictado nula la actuación, pero esta mujer no ha recuperado nada y echa en falta aun muchas de sus cosas, como una foto de su marido o algunos efectos personales.
Además, entre las cosas que sigue esperando recuperar están sus memorias, que empezó cuando tenía 90 años y quería dejar en legado a su familia.
Muchas familias de clase media han visto como toda su vida se ha desmoronado al quedarse sin trabajo. Algunos no pueden hacer frente al pago de alquiler o la hipoteca. Viven pendientes de una notificación de desalojo.
El programa Crónicas ha estado en Vallecas, el distrito madrileño más vulnerable, para pulsar la situación que viven cientos de familias debido a la pandemia. A día de hoy, miles de personas comen allí, gracias a la solidaridad de sus vecinos, organizados a través de “Somos Tribu”, un movimiento colaborativo vecinal que nació en marzo de 2020. Catorces meses después siguen trabajando y Europa acaba de reconocer su labor otorgando a “Somos Tribu Vallecas” el Premio Ciudadano Europeo 2020. El motivo, según el Parlamento europeo, es por tejer redes solidarias en tiempos difíciles.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la ampliación en tres meses de las políticas de moratoria de alquiler y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables. Lo ha dicho durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas medidas excepcionales vencían el 9 de mayo con el fin del estado de alarma.
En concreto, se ampliará la posibilidad de solicitar moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo. También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional.
FOTO: Alquiler de viviendas en Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal
La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), ha asegurado en La hora de La 1, al ser preguntada sobre la Ley de Vivienda, que este jueves pudieron "avanzar" en las negociaciones dentro del Gobierno de coalición y, según ha asegurado están "un poquito más cerca" del acuerdo para "atender" a lo que dicen los organismos internacionales: "No puede haber desahucios sin alternativa habitacional". Belarra ha explicado que en materia de desahucios están tratando de "replicar" el "modelo de paralización de desahucios" que ya se aprobó en el estado de alarma. En relación a los alquileres, Belarra ha insistido en que no contempla que "pueda haber un incumplimiento" por parte del PSOE porque hay que cumplir con lo acordado al principio de la legislatura para regular los precios de los alquileres, aunque "algunos lo van a hacer arrastrando los pies", ha dicho en referencia a "algunos miembros del PSOE".
Sobre las diferencias en las últimas semanas con el PSOE en el seno del Gobierno de coalición en algunas materias, como los alquileres, Belarra cree que "la clave es el acuerdo de Gobierno de principio de legislatura" y que a eso se deben, y que "siempre va a haber debate", mientras en el Congreso, ha dicho, "hay una derecha exaltada", hay "ruido, gritos por parte de la extrema derecha y la derecha que le sigue el camino".
En otro orden de cosas, sobre la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones del 8M por la pandemia, Belarra ha dicho que no van a "contribuir en una estrategia de criminalización del movimiento feminista que ha iniciado la extrema derecha" y al mismo tiempo asegura que van a seguir "a rajatabla" las recomendaciones sanitarias.
Desahuciada por error. Es lo que le ha ocurrido a una vecina de 97 años de l'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. La comitiva judicial y los representantes de las fincas se equivocaron de piso y entraron en el suyo.
El Congreso ha convalidado el decreto que perfila la figura de consumidor vulnerable y obliga a empresas e instituciones a proteger especialmente a personas en desventaja por su edad, ingresos, discapacidad... La parte mas polémica es la que los protege incluso cuando hayan ocupado una vivienda, siempre que no lo hayan hecho con violencia y se cumplan otros requisitos. El Gobierno también ha flexibilizado los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital.
Pablo Casado ha anunciado que el próximo lunes el PP va a llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto-ley antidesahucios del Gobierno porque, según su palabras, "facilita las ocupaciones en España". En concreto, se ha referido al redactado que indica que el juez no debe suspender un desahucio -es decir, debe ejecutarlo- "cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".
Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler, ha opinado que lo aprobado en el Consejo de Ministros “no resuelve el problema de fondo que hay en España y frenará el mercado de alquiler”. Toribio ha explicado que el decreto provocará “una oleada” de reclamaciones judiciales y creará un “efecto llamada a la ocupación”. “España se convierte en una excepción en Europa por amparar la ocupación ilegal”, ha sostenido en el informativo 24 horas de RNE. La secretaria general de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler ha considerado que el principal problema es la falta de alquiler y, sobre todo, de alquiler social.
Belén García Nieto, portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha negado que el decreto aprobado propicie la ocupación ilegal: “Por fin reconoce el problema que hay en España con los desahucios”. García ha explicado que la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional pasa a las comunidades autónomas. “Desde los grupos de vivienda creemos que no es una medad suficiente, da tregua a la oleada de desahucios sin revisar la vulnerabilidad de las familias, pero lucharemos porque estas medidas se queden y materialicen en una ley de vivienda estatal”, ha sostenido en el informativo 24 horas de RNE.
El Gobierno ha aprobado este martes ampliar la prohibición de los desahucios hasta el fin del estado de alarma. A pesar del descenso en los desalojos respecto a los últimos años, en 2020 sigue habiendo miles de personas expulsadas de sus casas, casi dos tercios de ellas por impago de alquiler.
El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que prohíbe el desalojo de una vivienda de personas que no tengan una alternativa habitacional. La decisión, que se extenderá al menos hasta que se mantenga el estado de alarma, incluye además la prohibición del corte de suministros básicos como el agua, la luz y el gas.
