En su lucha particular contra las pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estrecha el cerco a la prensa. El Congreso del país centroamericano ha aprobado una reforma del Código Penal que establece una pena de prisión de entre 10 y 15 años para aquellos que publiquen o difundan mensajes de pandilleros.
Bukele ha justificado esta medida que restringe la libertad de prensa para perseguir las comunicaciones que generen “zozobra y pánico en la población”. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) considera que esta reforma es una forma de censura por parte del gobierno y una forma de silenciar las informaciones sobre la criminalidad que asola el país.
El Salvador tiene una de las tasas de criminalidad más elevadas del mundo. El país registró 87 asesinatos en tres días el mes pasado presuntamente cometidos por pandilleros. En un solo día hubo 62 asesinatos, la cifra más alta en un siglo, según informaron expertos en seguridad.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU se muestra especialmente preocupada por las medidas impulsadas por el gobierno de Bukele, que cercenan “derechos y libertades fundamentales”. El estado de excepción impuesto por el gobierno para contener la ola de criminalidad sigue vigente.
