- De enero a marzo quebraron 1.552 compañías y 251 particulares
- El 75% de las empresas insolventes tenía menos de 50 trabajadores
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- Puig comparía un 15% de la firma francesa y consolidaría su control
- La compra se financiará con fondos propios del grupo Puig
- La cifra de negocio baja casi un 5% hasta 2.460 millones de euros
- La construcción cae un 24,8% en España
- Los ingresos de Iberia más BA aumentaron un 15,4%
- El combustible se encareció un 30,9% de enero a marzo
- La diversificación geográfica y la subida de precios impulsan el beneficio
- Los costes financieros caen un 24% y la eficiencia mejora un 13%
- Clesa tiene 670 trabajadores que llevan cinco meses sin cobrar
- Piden al juez que active ya el concurso de acreedores
- Según un análisis sobre 126 empresas con 4.526 consumidores encuestados
- En el top 10, Mercadona (quinta) y Central Lechera Asturiana (novena)
- Hermès vende a Puig su participación del 45% en Jean-Paul Gautier
- Puig se convierte en accionista mayoritario y pasa a controlar el grupo francés
Esta vez, el ataque informático se ha producido contra Sony Online Entertainment, otra plataforma de videojuegos online. Los datos personales de otros 24 millones de usuarios podrían estar en peligro.
- Pide compensar la supresión de las cuotas con financiación pública
- Era el único candidato y hasta ahora presidía la cámara zaragozana
- Gómez Navarro dimitió por la supresión de las cuotas camerales
- El mes pasado se matricularon 71.808 vehículos en España
- El descenso acumulado en el primer cuatrimestre es del 26,3%
- Enel es propietaria del 92% del accionariado de la española Endesa
- El nuevo Consejo tiene validez hasta abril de 2014
- El Consejo de Ministros sanciona con 187.515 euros a una empresa
- Las empresas podrán declarar los puestos de trabajo hasta el 31 de julio
- Forma parte del plan contra la economía sumergida comprometido ante la UE
- La reforma incluye el plan contra el empleo irregular
- Las empresas tendrán tres meses para declarar los puestos de trabajo
El Consejo de Ministros va a dar luz verdes este viernes al plan contra el empleo irregular, una medida que obligará a las empresas a declarar en un plazo de tres meses los empleos que no contizan a la Seguridad Social, y en caso de no hacerlo se enfrentan a sanciones que podrían ascender hasta los 200.000 euros. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha señalado que "no habrá perdón, no habrá aministía" para las empresas que no hayan declarado los puestos de trabajo, pero se les dará facilidades de pago.
El presidente de los empresarios navarros, José Antonio Sarriá, hacía público este jueves el contenido de la carta que hace dos días le remitió ETA: "Que la exigencia del pago del impuesto revolucionario como ellos le llaman, es decir, las cartas de extorsión, ha quedado cancelado".
La decisión de cancelar el chantaje económico es consecuencia del alto el fuego, asegura ETA en el texto. El anuncio, inédito en la historia de la banda terrorista, llegaba también a Confebask, la patronal vasca.
Hasta esta comunicación, los empresarios vascos y navarros llevaban seis meses sin recibir cartas de extorsión: por primera vez en su historia la banda terrorista no chantajeaba durante una tregua.
El cobro de extorsiones económicas es la fuente de financiación de los terroristas. El aparato financiero, denominado Gezi, es el más difícil de desmantelar para las fuerzas de seguridad.
En medio siglo de vida, ETA ha asesinado a cerca de 40 empresarios. El anuncio del cese en la extorsión coincide en el tiempo con la visita a Euskadi del grupo de mediadores internacionales encargados de verificar el alto el fuego.
- La banda terrorista ha remitido una carta a ambas patronales
- En ella les informa de la cancelación del llamado impuesto revolucionario
- Lo hace en el marco del alto el fuego anunciado el pasado mes de enero
- Sumará otros 17.000 despidos a los 18.000 ya ejecutados
- Cerrará un 10% de sus fábricas, pero no precisa cuáles
El Gobierno espera aprobar la reforma para hacer aflorar el empleo sumergido en el Consejo de Ministros de este viernes. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha señalado que es "justo" obligar a las empresas a pagar una parte de los subsidios de los empleados de más de 50 años que ya no van a buscar un nuevo puesto de trabajo. La reforma pretende que las empresas declaren los empleos sumergidos, no declarados a la Seguridad Social, antes del 30 de junio.
- El PSOE presenta la enmienda para incluirlo en la ley de políticas activas
- Afectaría a empresas con beneficios y más de 500 empleados
