La ministra de Fomento, Ana Pastor, se reunirá a principios de la próxima semana con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, y con las partes implicadas en las obras de ampliación del Canal. Desde Sacyr, que lidera el consorcio que se encarga de las obras, niegan que su anuncio de suspensión de los trabajos sea una medida de presión y aseguran que los sobrecostes han provocado problemas de liquidez en el consorcio.
El Gobierno de España está dispuesto a mediar entre Panamá y Sacyr para resolver el conflicto que amenaza con paralizar la ampliación del Canal, según ha señalado en Radio Nacional el embajador español en el país centroamericano, Jesús Silva, quien ha asegurado que si se detienen las obras perdemos todos. "Hay que hacer entender a todas las partes que con la resolución del contrato todos perdemos, es decir, que pierde por supuesto el consorcio, que pierde la imagen de las empresas españolas, que pierde por supuesto la Marca España, pero pierde mucho también Panamá y pierde mucho la imagen del Canal", ha explicado al corresponsal de RNE en Latinoamérica Fran Sevilla (03/01/14).
Panamá mantiene su rechazo a una negociación por el sobrecoste de las obras de ampliación del Canal. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, se ha mostrado tajante, incluso irritado, en su primera reacción tras el anuncio del consorcio liderado por Sacyr de que en tres semanas suspenderán las obras.
Martinelli ha anunciado un posible viaje a España e Italia, cuyos gobiernos, dice el presidente panameño, tienen una responsabilidad moral:
"Voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación, que es una obra de la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora vienen con el cuentito de que están subiendo los precios".
El administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, ha asegurado que la autoridad del Canal de Panamá no tiene forma de justificar los montos y que no entiende la cifra de 1.600 millones de dólares solicitada por el consorcio como sobrecoste. Quijano ha añadido que no existe ninguna comunicación entre ambas partes, algo que ha confirmado a RNE en una entrevista el embajador de España en Panamá, Jesús Silva.
"Estamos intentando que se vuelvan a sentar a dialogar y ver en qué medida se puede llegar todavía a un acuerdo".
El embajador español ha sido convocado hoy junto al embajador italiano por el presidente Martinelli y se están haciendo gestiones para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, viaje a Panamá para negociar en el contencioso.
Ricardo Martinelli ha dicho que no permitirá que el consorcio encargado de la ejecución de las obras argumente que los precios han subido para incumplir el coste pactado.
Autónomos y pymes no estarán obligados a abonar ese impuesto hasta que cobren las facturas que emiten. Las empresas tienen tres meses para acogerse al nuevo sistema. Es la principal novedad fiscal de 2014. Se pueden acoger las empresas que facturan menos de dos millones de euros. En España, más de un millón de ellas, además de autónomos. Interesa a quienes sufren retrasos en los pagos por sus servicios.
La ampliación del Canal de Panamá: una obra titánica de casi 2.300 millones de euros que debería acabar en 2015 está en el aire. Sacyr la empresa española que lidera el consorcio asegura que quiere negociar con el gobierno panameño.
Cada vez son más las empresas que recurren a este sistema para, por ejemplo, motivar a sus empleados o dar a conocer un cambio de rumbo en la empresa de una manera entretenida. En Estados Unidos, ya lo hacen el 50% de las empresas.
Para Facua, la única opción correcta, es la congelación hasta que se investigue en profundidad si ha habido anipulación en las subastas. Los agentes financieros, por su parte, hablan de inseguridad jurídica e incertidumbre en un sector que, en los últimos tiempos, acumula demandas. Aventuran que, a corto plazo, la inestabilidad puede provocar más subidas del precio en los mercados. Mientras la patronal de las grandes eléctricas defiende el sistema de subastas pero más frecuentes. Asegura que la liberalización de la tarifa de último recursos mejoraría la competencia y redundaría en una bajada de los precios.
Sebastián Reina, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha dicho que "hay sectores, como los talleres de reparación y la hostelería, en los que el coste de la luz supone el 25% del coste total y por lo tanto el mantenimiento o no de los negocios depende en gran parte del precio de este proveedor".
Para los trabajadores de Edesa esta ha sido una Navidad diferente porque han cumplido su día número 52 de encierro y no van a parar, dicen, hasta que les echen de la fábrica o vuelvan a trabajar. Piden que se mantenga la fábrica de Basauri donde creen que hay algunas líneas de negocio viables. Los trabajadores explican que, hasta la fecha, solo han recolocado a tres empleados. Sin embargo, 400 cooperativistas de Fagor Electrodomésticos ya han sido reubicados y otros 400 comenzarán a trabajar en otras empresas en los próximos meses, según ha anunciado el Gobierno vasco.
