Coca-Cola Iberian Partners ha cerrado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado hace unos meses con el despido forzoso de 235 trabajadores de la planta de Fuenlabrada (Madrid) que no se sumaron de forma voluntaria al plan de ajuste presentado por el embotellador único en España. De esta forma, el ERE que afectaba a 1.191 personas se ha cerrado con un 80,27% de adscripciones voluntarias y un 19,73% de despidos forzosos.
La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), presentado por la empresa pública Tragsa para 726 trabajadores, y ha ordenado la "inmediata readmisión" de los empleados que ya hayan sido despedidos, 150 según señala Europa Press, así como el abono de los salarios que han dejado de percibir. La sentencia, que da la razón a los demandantes -UGT, CGT, CC.OO., CSI-F y comités de empresa de Castilla y León-, es recurrible ante el Tribunal Supremo. Además, la Sala aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y capacidad de los empleados. Los magistrados recuerdan que, en el caso de las administraciones públicas "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarias o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad". En el caso de Tragsa, "los criterios no han sido fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones".
España es el primer país europeo en calidad de la gestión de las organizaciones. Unas 500 poseen certificaciones que así lo avalan y para aprovechar ese potencial en beneficio de nuestra imagen como páis nace el programa "Embajadores de la excelencia europea". Les contamos en qué consiste.
Hasta ahora habíamos visto impresoras en 3D de piezas mecánicas, de zapatos o de joyas pero ya hay también una de alimentos. La comercializa una empresa española y la venden sobre todo a restaurantes y panaderías, porque el objetivo es convertir esta máquina en un electrodoméstico mas.
Las constructoras de las autopistas en quiebra consideran excesivas las quitas propuestas por el Gobierno, pero reconocen que hay poco margen para negociar el plan de rescate. La patronal de las constructoras recuerda que los accionistas ya renunciaron a otro 50 por ciento en 2010. Aún así reconoce que estudiarán la propuesta. Julián Núñez, presidente de Seopan, apunta que "la alternativa tiene poco margen, hay algunas cuestiones que se pueden discutir pero el margen poco o ninguno". El plan de rescate del Gobierno para evitar la liquidación de estas autopistas pasa por crear una sociedad cien por cien pública, que asumiría la mitad de la deuda. El resto, unos 2.400 millones de euros, se pagaría en bonos a 30 años con una rentabilidad anual del uno por ciento. El Estado asumiría también las reclamaciones por las expropiaciones de terrenos, actualmente en vía judicial, y que podrían sumar otros 1.200 millones de euros. Los bancos, principales acreedores con 3.900 millones, las constructoras y el resto de los accionistas tienen hasta el lunes para responder al Gobierno. El PSOE critica el plan y anuncia que pedirá explicaciones a la ministra de Fomento en el Congreso.
El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA), Sebastián Reyna, cree que los trabajadores autónomos todavía "no han visto el cabo de Hornos y tardarán en verlo". Se muestra en contra de modificar el IVA reducido y ve sorprendente que los expertos propongan la eliminación del sistema de módulos en el IRPF. "Necesita cambios, pero ha tenido buenos resultados", afirma Sebastián Reyna, que asegura que el fraude no está en los autónomos, sino en quien ejerce una actividad económica sin darse de alta como tal. Dice que la morosidad de las administraciones "ha mejorado" por el plan de pago a proveedores y porque hay menos contratación. También apunta que la tarifa plana para autónomos ha funcionado bien para los jóvenes, pero señala que hay que ver si estos se darán de baja cuando se acabe (26/03/14).
La deuda conjunta con la banca es de 3.900 millones y de 700 con las constructoras y otros acreedores. A la banca le proponen que acepte una quita inicial del 36%. El resto no lo cobrarían de forma inmediata porque la nueva sociedad, avalada por el Estado, emitiría un bono a 30 años con una rentabilidad del 1%. Eso supondría una nueva quita ya que renunciarían al 50% de la deuda.
