Siguen las reacciones a la decisión del fiscal general del Estado de abrir un expediente para destituir al fiscal jefe de Cataluña Martín Rodríguez-Sol, por opinar sobre la consulta soberanista catalana.
La Asociación de Fiscales ha dicho estar "conmovida" por esta decisión y ha pedido a Torres-Dulce que actúe "con mucho tacto".
Por su parte,el Gobierno recuerda que se está aplicando el estado de derecho sobre este asunto hemos escuchado también distintas opiniones en el Congreso a la decisión del fiscal general del estado de abrir expediente al fiscal jefe de Cataluña por opinar sobre la consulta soberanista catalana.
Para el PNV es una decisión sorprendente y contraria al espíritu democrático. CiU ha defendido la libertad de expresión y ha mostrado su confianza en que no prospere el expediente. UPYD ha criticado al fiscal jefe de Cataluña.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha iniciado con la firma de un decreto, los trámites para destituir de su cargo al Fiscal Superior de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, después de que éste se haya mostrado partidario de la celebración de una consulta en Cataluña sobre su futuro.
Los trámites se inician a través de un expediente de remoción, según explica la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, al amparo del artíuclo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Un día después del vendaval que levantaron las informaciones sobre la supuesta contabilidad secreta del PP, hoy El País cuenta que el 70 por ciento de los donativos que supuestamente recibió el partido entre 1990 y 2008 superaban los límites que fija la ley. Hoy, varios dirigentes del partido han vuelto a salir al paso de esas informaciones. El portavoz en el Congreso ha dicho que es temerario hablar de financiación irregular y pide que se publiquen todas las cuentas.
El vicesecretario de organización critica la actitud de los socialistas, en especial de Rubalcaba. Y la secretaria general ha contado que ya está preparando con sus abogados una querella. Cospedal ha quitado veracidad a los papeles y ha insistido en que las informaciones que publica El País no son del todo ciertas... Cospedal se refería al presidente del Senado que ha reconodido los datos que figuran sobre él en la supuesta contabilidad secreta. Hoy, otro exdirigente de UPN... en aquellos años en el PP, también lo reconoce. Jaime Ignacio del Burgo asegura que en 2001, tal y como cita el periódico, pidió 500mil pesetas al PP para una concejal que había sufrido un atentado. Dice que no recuerda a quién se lo pidió, pero no descarta que fuera al extesorero Lapuerta. Y en el País Vasco hoy este concejal del PP de Galdakao ha pedido la baja hasta que se aclare todo este asunto. Y lo mismo ha hecho otro de Gijón. En la investigación judicial, el fiscal general del Estado cree que hay materia para iniciar una actuación. Incluso, de tomar declaración a la cúpula del PP y al presidente del Gobierno, si fuera necesario... Mañana, a las doce y media, Rajoy presidirá la ejecutiva extraordinaria que él mismo ha convocado. Estará toda la dirección del PP y los barones. Se sabe que hablará... y que le escucharemos. Lo que no está aclaro es si será una intervención en abierto ante los suyos o en rueda de prensa... ante los medios.
La fiscalía se muestra favorable a que se conceda el tercer grado penitenciario a Ángel Carromero, el dirigente de nuevas generaciones del PP condenado por el accidente de tráfico en el que murieron dos disidentes cubanos. Mañana será la prisión de Segovia, donde cumple condena, la que emitirá su informe.
Además de pedir responsabilidades políticas por el caso Pallerols también ha habido críticas al acuerdo alcanzado entre la fiscalía y las defensas para evitar el juicio. El Fiscal General del Estado asegura que está dentro de la legalidad aunque considera que se ha tardado mucho tiempo en resolver este caso.
Rafael Hernando, del PP, ha pedido perdón al juez por llamarle "pijo ácrata". La portavoz del Poder Judicial dice que el insulto personal no se justifica en ningún caso.
La delegada del Gobierno en Madrid ha aclarado hoy que su propuesta de modular el derecho de manifestación no implica restringirlo, sino racionalizar el uso del espacio público. El PSOE cree que es una respuesta antidemocrática. El Fiscal General del Estado no se opone a una regulación administrativa pero advierte que son derechos que protege la constitución.
