El artista y productor audiovisual José Luis Moreno ha quedado en libertad bajo fianza de tres millones de euros después de pasar este jueves a disposición judicial y haber respondido por las acusaciones de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otras, en el marco de la operación Titella.
Hoy es el último día para presentar la declaración de la Renta. Quienes no lo hagan se enfrentan a sanciones. Si su declaración sale a devolver tendría que pagar una multa de hasta 200 euros y si sale a pagar un recargo de hasta el 20 por ciento. Los técnicos de Hacienda, asociados en Gestha, recuerdan que los afectados por un ERTE o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que han podido ver incrementada su factura, tendrán seis meses para pagar de forma fraccionada, pero que deben hacerlo para evitar sanciones. Su presidente, Carlos Cruzado nos ha hablado también de la ley contra el Fraude que hoy aprueba el Congreso. Lamenta que no se hayan reforzado las funciones de su colectivo y defiende que “hay que endurecer los controles, desplazarlos a las grandes fortunas y dedicar más efectivos a ese control”.
Hace quince años que los notarios participan en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales. Esta mañana hemos analizado su trabajo con Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención en materia de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (OCP) de España. En esta década y media, los notarios han detectado más de 7.300 operaciones fraudulentas. Galindo nos ha explicado cómo es el proceso que les lleva a detectarlas. “La operación sospechosa es perfecta desde el punto de vista jurídico e inusual desde el económico. Una persona que se pone frente a un notario para constituir seis sociedades en una mañana se enfrenta a una serie de preguntas por parte del notario, que denuncia si ve algo raro”. Ahora el entorno digital lo ha complicado todo más y ha hecho que tengan que formarse y perfeccionar sus mecanismos para ser efectivos. También se dedican a detectar operaciones de financiación de terrorismo, 7 en los últimos años, y del crimen organizado. “El crimen organizado tiene una estructura que sabe profesionalmente como mover ese dinero. España es un país turístico, que atrae inversión y que es un país atractivo para lavar dinero”, ha dicho Galindo. Cree que hay países del entorno Europeo como Luxemburgo o Malta que son un problema “porque los defraudadores saben que lavar activos allí es algo muy sencillo. Eso sí, cuando llegan a España se tienen que enfrentar al notario, que no aprobará nada que no vea claro”. Galindo defiende que el intercambio de información en este sector es básico y que debe quedar claro que en nuestro país no hay impunidad. “Quien la hace la paga y el ámbito notarial es un ejemplo”, ha concluido
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido hoy en RNE que el próximo nueve de mayo decaiga el Estado de Alarma y se pongan en marcha otros instrumentos para controlar la pandemia hasta que se complete la vacunación. Montero insiste en que las decisiones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento y eso permite que desaparezcan las restricciones generales. “No habrá que limitar la movilidad como ahora, en la que los ciudadanos a partir de una hora no pueden salir. Habrá un movimiento normalizado, aunque no pleno. El cierre perimetral podría desaparecer si cada territorio lo considera. Tienen instrumentos para hacerlo”. Según Montero, lo importante es tener herramientas para dar respuesta en cada momento, “sin abusar de un instrumento que restringe libertades y derechos fundamentales”. Sobre las conversaciones mantenidas con Madrid con Rusia sobre su vacuna, Montero asegura: “No entiendo qué significa hacer una gestión que es imposible para una CCAA. Imaginen si esto lo protagoniza la Generalitat de Cataluña. Es una actitud poco oportuna de Madrid que pretende vivir en una confrontación”. Como titular de Hacienda, argumenta las bondades de la política de estímulo planteada por él y confía en que Bruselas suspenda en 2022 las reglas fiscales. “Ojalá que el año que viene también queden en suspenso las reglas fiscales, pero no quiere decir que no tengamos una política de contención fiscal para conseguir que todo esto no repercuta en el futuro por haber gastado por encima de nuestras posibilidades”. Espera que la ley contra el fraude que ya fue presentada en el Congreso se apruebe cuanto antes: “Se introducirán enmiendas, pero en general es una ley con consenso, porque todos somos honestos para perseguir a quien se comporta de forma injusto con respecto al resto de contribuyente”. Sobre la campaña de la Renta, que arranca hoy, Montero ha dicho que todas las declaraciones de personas en ERTE no saldrán a pagar y que, a los que si les salga, “se ha facilitado que si les sale a pagar puedan hacerlo de forma cómoda en seis meses, para que no sea un quebranto para la economía familiar”. Según Hacienda, tanto ellos como los beneficiarios del Ingreso mínimo vital (IMV) deben hacerlo para que se pueda hacer un seguimiento y combatir el fraude.
El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal suma tres meses sin avances en el Congreso, donde sigue en comisión en un interminable trámite de presentación de enmiendas, que ya son más de 200, relativas a cuestiones como las sicav, las socimis o la limitación de pagos en efectivo. Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, ha pedido en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que esta ley se active cuanto antes, porque "el Estado necesita cuanto antes los recursos públicos para hacer frente a la pandemia". Pérez Boga ha valorado positivamente el contenido de la ley, aunque ha pedido "una reflexión" ante las numerosas enmiendas presentadas. También ha expresado su confianza para que "en los próximos meses o semanas" se dé luz verde al texto definitivo y sea con un consenso amplio entre los grupos políticos. El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda también ha apuntado al comercio internacional y comercio electrónico como los principales nichos de fraude fiscal, además de los llamados "fraudes de a pie" o a pequeña escala.
La Audiencia Nacional ha abierto una investigación a cuatro bodegas de la Denominación de Origen Valdepeñas. En concreto, la justicia trata de dirimir si cometieron fraude a la hora de comercializar el vino. Las pesquisas apuntan a que declaraban una cantidad de caldo diferente a la que después comercializaban y vendían un vino como crianza, reserva o gran reserva sin haber pasado el tiempo necesario en barrica o en la botella.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha cuestionado que el material aportado por Podemos al juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid como trabajos realizados por Neurona para las elecciones generales de 2019 sea en realidad obra de esta consultora política, según un informe enviado al juez Juan José Escalonilla, que sospecha que el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.
