El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la proposición de ley que ha presentado el partido junto a Unidas Podemos para reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición. "Es la posición del PSOE, que hace una propuesta política, valiente para resolver el conflicto de Cataluña", ha asegurado en una entrevista en Hablando Claro de TVE.
López ha señalado que el PSOE "no es un partido de pensamiento único", por lo que "puede haber compañeros que piensen distinto", pero ha subrayado que la propuesta de reforma servirá para "europeizar" ese delito "para que sea homologable al de otros países".
FOTO: Patxi López, en el Congreso de los Diputados este viernes. EFE/ Chema Moya
Los socios del Gobierno de coalición han presentado la proposición de ley para la reforma del delito de sedición. ¿Cómo afecta esta reforma a los políticos condenados y huidos por el 1-O? El cambio del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados puede no conllevar una reducción tan grande como la esperada porque los condenados lo fueron por sedición y malversación, y la sentencia explica que los dos delitos van unidos. Los políticos condenados únicamente por sedición sí se verán beneficiados y se rebaja la inhabilitación hasta un máximo de ocho años desde que se dictó la sentencia en 2019. Con respecto a los huidos, en los juzgados es clave la prescripción de los delitos, tanto el nuevo de desórdenes públicos agravados como el de malversación conlleva diez años, pero depende de si se ha visto interrumpida por alguna circunstancia, algún requerimiento judicial.
El PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Congreso una reforma del delito se sedición, que rebajaría las penas de 15 a 5 años. En Italia, existe un delito que es el atentado a la integridad, la independencia y la unidad del Estado. Y lo cometen quienes, a través de la violencia, tratan de alterar esa unidad del Estado hasta el año 2006. El castigo al máximo, la cadena perpetua. Luego se rebajó hasta 12 años de cárcel. En Francia el delito de sedición no está tipificado como tal, pero si que existe el de resistencia, que es la oposición violenta a toda persona e institución que tiene una autoridad. Las penas son de dos años de prisión y de tres años se actúa en grupo y entre cinco y diez años si además llevan armas. Otro delito equiparable sería el que pone en peligro todos los intereses generales del Estado y en ellos está la integridad territorial. Entonces la pena para quien lo comete o conspira para que se cometa sería hasta la cadena perpetua que se llama así en Francia, pero aquí es un máximo de 30 años en la cárcel. En Portugal, el Código Penal no contempla el delito de sedición como se entiende en España, pero sí recoge conductas que se pueden aproximar aunque no sean del todo iguales. Lo más parecido es lo que se conoce como delito de desobediencia colectiva, que está penado con multas o hasta dos años de cárcel. El Código Penal portugués, además, recoge otras conductas que se aproximan a la sedición. La primera se refiere al delito de alteración violenta del Estado. Cuando un individuo intenta destruirlo de manera violenta, con intimidación o sabotaje, se castiga con penas de 3 a 12 años y si hay uso de armas de 5 a 15 años de cárcel. Es verdad que el Código Penal portugués también recoge el delito de traición con penas de hasta 20 años, a quien, con abuso de sus funciones soberanas, intente separar el territorio portugués.
El PSOE y Unidos Podemos han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar el delito de sedición. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho que el objetivo es "actualizar y corregir tipos penales inexistentes ya en la mayoría de estados integrantes de la Unión Europea". Mientras, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha señalado que es una cuestión de "justicia e higiene democrática".
Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), interviene durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. EFE/ Fernando Villar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este viernes presentarán en el Congreso una iniciativa para reformar el delito de sedición "para reemplazarlo por un delito homologable al que tiene otras democracias europeas", como Suiza, Alemania o Francia. De este modo, el delito pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados".
Sánchez, en una entrevista en La Sexta, ha avanzado este jueves que esa proposición será presentada por el grupo socialista y el de Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja. Asimismo, ha negado que sea una exigencia de ERC y ha subrayado que él lo reivindica "desde siempre", al tiempo que ha señalado que en las últimas semanas varios grupos parlamentarios han dicho estar dispuestos a acometer esta reforma.
ERC valora positivamente la reforma mientras el PP acusa al Gobierno de "pagar las hipotecas" a sus socios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido “toda la colaboración del Gobierno” para esclarecer los hechos ocurridos durante el salto a Melilla en el que murieron migrantes, pero ha dicho que no ve necesario constituir una comisión de investigación en el Congreso y ha defendido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque “dio explicaciones y está a disposición de las fuerzas políticas para darlas”.
La vicesecretaria y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado en Las Mañanas de RNE que las conversaciones que está teniendo el Gobierno con la banca tienen dos objetivos principales: por un lado, “mejorar la protección de las familias más vulnerables” para las que el “pago de la hipoteca supone un porcentaje muy importante de sus gastos mensuales”, pero además ayudar a “las familias de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés”, ha señalado.
Indica también que desde el Ejecutivo se encuentran evaluando las medidas puestas en marcha desde el inicio de la guerra con el fin de saber cuáles prolongar y cuáles no, y aunque no niega que se pueda prorrogar la bonificación de 20 cts por litro de carburante, sí destaca que tiene “un impacto fiscal muy importante” y que se están “subvencionando los combustibles fósiles” cuando el objetivo es “avanzar en unos más sostenibles”. Afirma que España se encuentra en un momento de desaceleración, aunque cree que al hacerlo desde “unos niveles muy elevados” no es tan agresiva, y en relación con el informe del Banco Central Europeo, del que dice “no es vinculante”, coloca a España por delante de otros países con los que considera han sido “más estrictos”.
Sagunto tendrá su gigafactoría de baterías. Seat-Volkswagen ha aceptado las ayudas del PERTE del coche eléctrico que le asignó el Gobierno y construirá la planta. Además, el grupo recibirá otros 230 millones del Ejecutivo, según ha revelado el presidente de la Generalitat Valenciana.
