En Las Mañanas de RNE hablamos con Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, que tras 15 años en la política a nivel nacional, anuncia que volverá a la política canaria. Y sobre la política nacional, destaca que “hubo buena política hasta hace seis años” y que el problema del Gobierno “son sus cimientos” porque tiene “unos socios que no son de fiar” y añade que “si Podemos e IU no están en el Gobierno, no son nadie.”
En relación con los Presupuestos Generales del Estado 2023, ha explicado que los van a apoyar porque “ahora sí cumplen con Canarias” y ha subrayado que es un acuerdo únicamente de presupuestos. La portavoz de Coalición Canaria ha criticado la derogación del delito de sedición, pero cree que el de malversación no va a salir adelante porque “no hay ninguna fuerza política, ni siquiera Podemos, que esté de acuerdo.”
El Gobierno y la banca han alcanzado este lunes un principio de acuerdo para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de hogares. El objetivo es minimizar el impacto de la subida de los tipos de interés en las hipotecas variables, que afectan a tres de cada cuatro hipotecados en España y que desde comienzo de año han experimentado un sobrecoste récord. La medida, según el Ejecutivo, mejora el tratamiento de las familias vulnerables, abriendo un nuevo marco de actuación para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad, y facilitando la amortización anticipada de créditos y la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo.
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Empieza una semana importante para el Gobierno en el Congreso. Si no hay sorpresas, la Cámara Baja aprobará los nuevos impuestos a la banca y las eléctricas y empezará a tramitar la reforma del delito de sedición. Y todo indica que las cuentas públicas para el próximo año saldrán adelante. Foto: EFE/ ZIPI ARAGÓN
En el ámbito político de nuestro país, continua la polémica por la aplicación de la denominada ley del 'solo sí es sí´'. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la ley como la "gran conquista del feminismo" y ha asegurado que el Gobierno va a seguir "defendiendo una legislación" en la que "no haya lugar a la duda" cuando una mujer dice que no. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Palma "menos frivolidad y soberbia y mejor legislación penal" y ha vuelto a reclamar la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Para Feijóo, la ley del solo sí es sí es una "chapuza legal" y un ejemplo de la "soberbia" que marca la gestión del Gobierno de Sánchez.
Foto: María Jesús Montero (EFE/Ángel Medina G.) Alberto Núñez Feijóo (EFE/Cati Cladera)
El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha abogado por revisar la ley del 'solo sí es sí' por la "vía de urgencia" y ha pedido también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero, si esta no dimite.
En una entrevista en La Hora de la 1, Tellado se ha expresado así este viernes respecto a la polémica generada a raíz de la revisión a la baja de varias condenas por delitos sexuales por la aplicación de la nueva norma, de la que es responsable el Ministerio de Igualdad, y después de que la titular de la cartera haya achacado al "machismo" de los jueces la interpretación "errónea" de la ley.
Para el dirigente 'popular', la ministra debería dimitir, y si no lo hace, debería ser Sánchez quien la cesara. Además, ha considerado de una eonorme gravedad que haya "condenados por delitos sexuales graves que estén viendo como sus penas se reducen". Por ello, cree que debería ser revisada la norma "por la vía de urgencia".
FOTO: Miguel Tellado, en una rueda informativa. EFE/ Raquel Manzanares
El ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha mostrado "optimista" con la negociación con los agentes sociales de la segunda parte de la reforma laboral, que tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre para recibir una nueva partida de los fondos europeos. "Está casi completada", ha confirmado en una entrevista en Hablando Claro de TVE.
Entre otros aspectos, negocian una posible subida de las cotizaciones y pensiones máximas, si bien ha dicho que le parece "prematuro" hablar de cifras concretas. "Estamos buscando un punto de convergencia, espero que unamos posiciones", ha reiterado. En este sentido, ha señalado que el objetivo es acercarse a los países de Europa, donde ambas partidas son más elevadas: "Se trata de ir de una forma muy gradual modificando la cotización, pero también las pensiones. Tiene todo el sentido. El impacto sobre los costes laborales es absolutamente marginal", ha sentenciado.
Foto: El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo. EFE/ J.J. GUILLÉN
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el bombardeo de Ucrania en mitad del G20 "demuestran del desprecio" del presidente de Rusia, Vladímir Putin, a los organismos internacionales. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Indonesia donde asiste a esta cumbre internacional.
Además, ha mostrado el apoyo y solidaridad del G20 con Polonia, donde se ha producido una explosión esta noche y que ha acabado con la vida de dos civiles, "mientras se investigan los hechos". Sánchez ha pedido también prudencia hasta conocer el resultado de la investigación para no incrementar la tensión.
FOTO: Pedro Sánchez, en la cumbre del G20 en Bali. REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
El Gobierno se abre ahora también a reformar el delito de malversación. Este es el que más afecta a los condenados por corrupción, pero ¿qué castiga exactamente? En la actualidad, la malversación castiga a una autoridad o funcionario público que se apropia para sí o para un tercero de patrimonio público. Está castigado con penas de prisión de entre dos y seis años y de inhabilitación de entre seis a diez, pero cuando el desvío es de más de 50.000 euros, se pena con cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación de 10 a 20 años. Este delito ya fue modificado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta ese momento se exigía que el dinero desviado fuera para la propia persona o para terceros, pero ese matiz se cambió y ahí estaría el meollo de esta reforma. El Código Penal o la Constitución obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación y como consecuencia se tendría que revisar cientos de sentencias como el caso del ‘Procés’, el caso de los ERE, el caso Gürtel o el caso Nóos.
Informa Gema Alfaro
