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Entre los supervivientes de la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron 23 personas y de la que en unas semanas se cumplirán dos años, estaba un joven sudanés que pidió asilo en la embajada española en Rabat.

Basir (nombre ficticio) vio como asesinaban a la mitad de su familia en su país natal cuando era un niño y pasó por Egipto, Libia y Marruecos. Ahora ha llegado a España y quiere que su historia sirva de ejemplo a otros migrantes.

Basir, nombre ficticio, es un joven sudanés perseguido en su país por ser cristiano. En Junio de 2022 sobrevivió a la masacre en la valla de Melilla, fue expulsado en caliente a Marruecos donde su vida fue un calvario. En diciembre de 2022 acudió a la Embajada española en Rabat para solicitar ser trasladado a España, en aplicación de la Ley de Asilo. Un camino lleno de obstáculos que llevó a sus abogados de DEMOS hasta la Audiencia Nacional. Tras año y medio de pelea judicial ya está en España. Su caso es ya un precedente para las personas refugiadas que piden protección internacional en embajadas.

Uno de los principales retos de la UE es luchar contra una inmigración irregular que crece: según Frontex, en 2023 hubo 380.000 intentos de entradas irregulares en la Unión Europea, la cifra más alta desde 2016. Uno de los acuerdos que más ha costado es el acordado con Mauritania. A 4.500 kilómetros de distancia de Bruselas es donde se notan las consecuencias de esas políticas de externalización de fronteras. Pagar a terceros países para que controlen los flujos. Mauritania es uno de esos países que reciben financiación de la UE y España. El 70% de las llegadas a Canarias este año salieron de aquí.

Decenas de testimonios, de vídeos y documentos completan un informe que denuncia cómo Marruecos, Mauritania y Túnez desplazan a la fuerza a migrantes africanos hacia zonas desérticas. El objetivo, evitar que lleguen a Europa. El trabajo conjunto de 35 periodistas internacionales aporta pruebas sobre el uso de fondos europeos para estas prácticas.

Estrella Galán, cabeza de lista de Sumar para las elecciones al Parlamento Europeo, ha confirmado en el 24 horas con Adrián Ferro que desde su partido pedirán a la Fiscalía que intervenga para identificar qué es lo que transporta el buque ‘Borkum’, que atracará en el puerto de Cartagena, y a dónde va dirigido. “Si el destino final de ese armamento es Palestina, España de ninguna manera puede ser colaboracionista en ese genocidio”, insiste Galán. Si bien afirma que no tienen más información al respecto del buque, cuyo destino final, según el Ministerio de Transportes, es República Checa. 

La cabeza de lista por Sumar a las elecciones europeas admite que, si bien los acuerdos entre partidos son complejos, ella y su equipo están “absolutamente alineados” con la candidatura que llevan adelante en Europa: “Estamos trabajando por una propuesta potente en Europa y el proceso ha sido complejo. El resultado va a ser muy positivo”. Asimismo asegura sentirse “respaldada” por todos los partidos que conforman la candidatura de Sumar. “Sinceramente, creo que ha habido un debate un tanto difícil en cuanto a cómo cada partido se veía representado y en qué lugar, pero el traslado de las felicitaciones por esa candidatura que yo lidero me ha llegado de todos los lugares”, explica Galán.

En cuanto al Pacto Europeo de Migración y Asilo, un asunto que va a estar muy presente en estas próximas elecciones europeas, Estrella Galán advierte que tiene unos efectos “devastadores para los derechos, para los seres humanos y para la Europa de la acogida y de la solidaridad”, ya que con este pacto los países podrán pagar para no dar asilo. “Vamos a trabajar y vamos a denunciar cualquier mala práctica y vamos a tratar de evitar esa externalización de fronteras que sólo va a llevar a una destrucción de la Europa de la solidaridad”, sentencia.

Hostelería de España ha puesto en marcha en Andalucía el proyecto Integral, una iniciativa en colaboración con el Fondo Social Europeo que tiene como objetivo principal proporcionar atención e inserción laboral a personas vulnerables en el sector de la hostelería. Estas personas incluyen desempleados de larga duración, mayores de 45 años, migrantes, personas con diversidad funcional, perceptores de prestaciones y aquellos en situación de exclusión social.