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En la semana del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Junta ha presentado hoy una campaña para concienciar sobre la violencia machista, que este año pone el foco en las jóvenes. Alertan de que cada vez más chicas sufren esta violencia.

La Junta de Andalucía insiste en que tiene la mano tendida para negociar, y mantiene que ha hecho un gran esfuerzo de diálogo con las cuentas de 2023, pero la oposición lo niega, dice que no ha habido voluntad, y habla de una única reunión sin documentación previa.

Unos doscientos efectivos de los diferentes servicios de emergencias de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Interior participan en la costa de Cádiz en un simulacro de lucha contra la contaminación marina accidental. Son ejercicios que buscan mejorar la coordinación, para que la respuesta sea lo más efectiva posible.

En la política, los presupuestos de la Junta para 2023 ha centrado hoy el debate en Andalucía. Tras presentar el proyecto de ley en el parlamento, el gobierno andaluz se abre a negociar estas cuentas con los grupos parlamentarios, que ya han tomado posiciones al respecto.

Los presupuestos de la comunidad para 2023 han llegado al Parlamento andaluz. La Consejera de Economía y Hacienda ha entregado al presidente de la cámara autonómica el proyecto de ley de las cuentas, que superan los CUARENTA Y CINCO MIL millones de euros, y que tienen asegurada su aprobación con la mayoría absoluta del PP. Unos presupuestos "expansivos", defienden, que incrementan en un ONCE por ciento la partida en sanidad y en un QUINCE la destinada a educación.

Como veíamos al inicio, los presupuestos de Andalucía para 2023 han llegado al Parlamento. Unas cuentas que tienen asegurada su aprobación, con la mayoría absoluta del PP, y que se elevan a 45.600 millones de euros, un 13 por ciento más con respecto a las prorrogadas de 2021

Reunión del Comité Asesor del INFOCA hoy, en Sevilla, para hacer balance de la temporada de incendios en 2022. Según los datos aportados, Andalucía ha registrado menos incendios en esta campaña, pero han sido más intensos y virulentos que en la campaña anterior, y han arrasado más superficie.

En página política les contamos que el Consejo de Gobierno de la Junta va a nombrar mañana martes a Juan Marín Presidente del Consejo Económico y Social. Marín quedó fuera de la cámara en las últimas elecciones porque su partido no sacó ningún escaño.

Los ex-consejeros de la Presidencia y de Salud de la Junta, Elías Bendodo y Jesús Aguirre, han declarado hoy por videoconferencia en un juzgado de Sevilla. Lo han hecho en calidad de testigos por el caso del presunto intento de cobro de comisiones al SAS durante una operación de compra de material sanitario durante la pandemia.

Vamos al consejo de gobierno de hoy martes. El ejecutivo andaluz insiste en que defenderá su independía fiscal ante el nuevo impuesto a las grandes fortunas que propone el gobierno central. La Junta le pide además un nuevo modelo de financiación autonómica y anuncia que se suma a la subida salarial de los funcionarios.

"El país no está para rebajas fiscales", ha indicado en Las Mañanas de RNE Guillem López, director del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en relación con la bajada del IRPF anunciada por varias comunidades autónomas de nuestro país. Señala que "si todos hiciéramos lo mismo, no habría incremento de base alguna" y cree que ahora "es más importante que nunca que se desarrolle una reforma tributaria de verdad". Explica también que estas rebajas aplicadas por las comunidades tienen "truco", puesto que luego piden al Gobierno la transferencia de más recursos, e indica que, sobre todo en el caso de comunidades como la valenciana que cuenta con una gran deuda, deberían "afinar bien"a quién aplican estas bajadas y no hacerlas tan generalizadas. 

Protestas del sector del taxi ahora mismo esta tarde en Sevilla, a las puertas de la sede de la presidencia de la Junta. Se han manifiestan contra la aprobación, en el consejo de gobierno andaluz, del decreto que regula el funcionamiento de los VTC, los vehículos de alquiler con conductor. La normativa recibe luz verde a sólo cuatro días de su entrada en vigor, el próximo 1 de octubre. El sector del taxi considera que se le impone una regulación "perjudicial"; que también cuestionan las plataformas.

Desde el gobierno andaluz se defiende que la regulación aprobada viene a facilitar la convivencia entre los VTC y el taxi, y que la Junta mantendrá abierto el diálogo con este último sector, con el que se reunirán, dicen, una vez al mes. Un decreto que recoge, dicen, reivindicaciones de uno y otro lado, pero que NO acaba con el conflicto entre el taxi y las VTC.

Sigue el debate por la reforma fiscal. El gobierno central presentará en los próximos días un paquete de medidas que puede incluir un nuevo impuesto en las grandes fortunas. La Junta de Andalucía cree que es una contrarreforma improvisada para atacar a Andalucía.

Siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, Juanma Moreno anunció la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía y animó a empresas de otras regiones a trasladar su domicilio fiscal. En el informativo 24 horas, preguntamos sobre este asunto a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Revilla se muestra partidario de una homologación fiscal que evite que se creen paraísos fiscales dentro de España: "Lo de Madrid es un pulpo que absorbe más del 70% de las empresas". Explica que, mientras algunos territorios pueden permitirse prescindir de esta recaudación, otros no pueden porque "la orografía, el envejecimiento, la despoblación o las comunicaciones" encarecen la prestación de servicios. "Hacemos España mucho más desigual", advierte.

La eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía por parte del gobierno del PP en la Junta ha generado un aluvión de críticas entre la izquierda y también en el Govern catalán, ya que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha llamado a los empresarios catalanes a instalarse en Andalucía, donde pagarán menos impuestos. El Gobierno y sus socios parlamentarios han cargado contra lo que consideran un "dumping fiscal" y un Partido Popular que "siempre beneficia a la minoría", puesto que apuntan a que este impuesto solo se grava sobre el 1% de la población, la que tiene más de 700.000 euros. Critican, además, que la caída en la recaudación relativa a esta supresión impositiva se traduce en recortes en servicios públicos y han calificado la medida como "injusta".