Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Tras varias semanas en las que la ley de amnistía ha marcado el debate público, el contenido del texto ya es finalmente público. La proposición de ley pactada entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el 'procés', desde el 1 de enero de 2012 hasta este lunes, el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.

Salvador Illa, primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Catalunya, asegura en el 24 horas de RNE que "la ley de amnistía es un paso que damos muy relevante para conseguir la normalización completa en Cataluña y el reencuentro de la sociedad catalana con la española". Illa insiste en que "todo esto es fruto del resultado electoral del 23 de julio" y que "los españoles votaron y configuraron un arco parlamentario que ha llegado a este tipo de acuerdos".

El primer secretario del PSC explica que están haciendo "lo que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y España quieren que es trabajar pra la normalización política e institucional". "Cuando una democracia es sólida puede, en aras de un interés general, hacer un acto de generosidad. Esto justifica una medida ciertamente excepcional como es una ley de amnistía", añade Salvador Illa. 



La proposición de ley abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, e incluye los actos previos antes de la consulta del 9N y todas las consecuencias del 1-O. El artículo 1 detalla que incluye los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.

En el proyecto también se detalla que los tribunales deberán aplicar la ley en un plazo máximo de dos meses, que deberán ordenar la puesta inmediata en libertad de aquellos beneficiarios que ahora mismo estén en prisión, y que se van a borrar todos los antecedentes penales y quedarán sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de busca y captura. Esto último afecta a Puigdemont, que podrá regresar a España sin riesgo de entrar en prisión.

En resumen, quedan incluidos dentro de la proposición de ley de amnistía todos los líderes del procés condenados, así como los huidos, los investigados por la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic y los CDR, el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del uno de octubre, así como todas las causas que se instruyen en juzgados catalanes contra la gente que colaboró con el procés. 

 


El PSOE cierra los acuerdos para la investidura con varias formaciones que le darían 179 síes. El más importante, con Junts, con Santos Cerdán desplazado a Bruselas desde hace más de una semana, incluye la ley de amnistía, que aún no se ha presentado. Pedro Sánchez en persona firma con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, el acuerdo con esta formación. Coalición Canaria también suma su diputada al sí, como ya hizo el BNG.

El PSOE espera registrar hoy la proposición de Ley de Amnistía en el Congreso. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha defendido la amnistía y ha asegurado que “va a ser un paso positivo para la cohesión de España y para la fortaleza de la democracia.” Todo después de un domingo de movilizaciones masivas y pacíficas en muchas ciudades españolas convocadas por el PP y en contra de la amnistía, para Zapatero estas manifestaciones “son la mejor prueba de que vivimos en una democracia de alta calidad.”

Uno de los puntos más polémicos es el referido a la ‘lawfare’ o judicialización de la política y el ex presidente del Gobierno ha recalcado que “las comisiones de investigación, que es a lo que se refiere ese compromiso político entre PSOE y Junts, están reguladas en el artículo 52 del reglamento del Congreso y por supuesto que no vincula a los tribunales.” Y ha añadido que “el caso más paradigmático de lo que se llama 'lawfare' es Lula y creo que no es un populista” e insiste en que “en el intento de usar la justicia para fines políticos quien sufre es la justicia.” Zapatero ha manifestado su preocupación ante “el acoso reiterado a las sedes del PSOE” y ha querido recurrir a la Constitución para recalcar que “los partidos políticos son el cauce fundamental de la participación política y su ejercicio ha de ser libre.”

Desde Málaga, y coincidiendo con el Congreso de los europeos socialistas, el PP apela a las instituciones europeas. Creen que con la amnistía Sánchez está "vendiendo" a España y confían en Europa para frenarla. "Estoy convencido de que la UE va a tomar nota", ha dicho el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Vox cree que el acuerdo con los indpendentistas es el fin de la democracia y del Estado de derecho. "El golpe de estado que están perpetrando contra la nación, democracia y las leyes se puede parar en las calles", ha indicado, por su parte, líder del partido en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga.

En cuanto a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, considera que el PP no acepta no estar en el Gobierno. "Pedirle a Feijóo que se coloque del lado del respeto a las instituciones. No es un democrata quién lleva casi 1800 días, violentando el principal órgano de los jueces", ha dicho. 

Foto: RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRES.