Justicia

En Italia, unas protestas contra los malos olores que se producen al cocinar ha terminado en una sentencia judicial.
 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido en el Congreso que "el Gobierno jamás ha dado órdenes ni instrucciones" a la Fiscalía porque es una institución "libre y autonóma" en alusión a las supuestas presiones en el relevo de la cúpula fiscal y en la decisión de la Fiscalía General de no acusar al expresidente de Murcia en el caso Púnica. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la cámara baja, Catalá ha señalado que el nuevo Estatuto Fiscal otorgará la instrucción de las causas penales a los fiscales y prohibirá que éstos puedan recibir instrucciones verbales por parte de sus superiores.

• "El Gobierno jamás ha dado órdenes ni instrucciones ni recomendaciones ni consignas"
• El Ejecutivo "no puede dar ninguna instrucción porque no hay ningún amparo normativo"

• Subraya que será el PP de Murcia el que decida la forma de restitución
• Lamenta que Cs no haya esperado a que el juez del caso Auditorio resuelva
• Sánchez anuncia que dejará su escaño de diputado si es encausado

El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón se ha enzarzado con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a cuenta de la condena de un año de cárcel para la tuitera Cassandra por su tuits sobre Carrero Blanco y sobre las diferentes interpretaciones jurídicas del enaltecimiento del terrorismo.

Garzón ha denunciado "ataques a la libertad de expresión" y ha lamentado que se absuelva o no a alguien que ha vertido una opinión o un chiste en Twitter en función de si el tribunal está compuesto por "mienbros del Opus Dei o por gente del siglo XXI", y ha pedido no "volver a la época de Franco y de Carrero Blanco en la que un chiste te llevaba a la cárcel".

Por su parte, Catalá ha negado que haya "ataques a la libertad de expresión" y ha puntualizado que a Cassandra se la ha condenado por "humillación a las víctimas".

El único acusado es Miguel Ángel Muñoz para el que la Fiscalía mantiene una petición de 25 años de cárcel. A partir de este martes empezará a deliberar el jurado popular.
 

El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela ha pedido al Tribunal Supremo revisar la sentencia en la que despojó al Parlamento de sus funciones, después de que la Fiscalía alertara sobre una "ruptura del orden constitucional". El Consejo de Defensa ha sido convocado por el presidente Nicolás Maduro, que ha afirmado estar dispuesto a dialogar con la oposición.

• Le notifica su condena de 13 meses de inhabilitación para ejercer cargo público
• Homs se irá cuando el Congreso reciba el auto de ejecución del Supremo
• El Supremo notificará el auto en las próximas horas o, como tarde, el miércoles

• Son 1.890 euros de multa y 500 a cada joven
• Será privado de su ordenador, la tarjeta gráfica y la cámara con que grabó los vídeos
• El joven ha reconocido los hechos y se ha mostrado arrepentido

• El caso fue archivado tres veces y reabierto a continuación
• En contra del criterio de la Fiscalía, la Audiencia dice ahora que debe ser juzgado
• Será un juzgado popular quien se encargue del proceso por malversación

Cuarta sesión del juicio por el caso Pretoria. Macià Alavedra ha reconocido que tanto él como Lluis Prenafeta, los dos exconsejeros del gobierno de Jordi Pujol, cobraron comisiones del 4% por intermediar en varias operaciones urbanísticas. Dice Alavedra que era "lo normal".

• El Tribunal Supremo absuelve al exconseller del delito de prevaricación
• Pagará también 30.000 euros de multa | La sentencia del Tribunal Supremo (pdf)
• Homs: "Sólo me debo al pueblo catalán, que es quien me ha escogido diputado"
• El Govern se solidariza con Homs ante una sentencia "totalmente injusta"

• El PPC cree que "Forcadell y los indepedentistas seguirán el mismo camino"
• El PSC espera la renuncia de Homs como diputado
• Podemos tacha de "grave" la condena de inhabilitación
• Lee la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo (.pdf)

Juan José González Vivas, presidente, y Encarnación Roca, vicepresidenta. El pleno extraordinario del Tribunal Constitucional, después del acuerdo del PP y el PSOE para renovar las cuatro vacantes correspondientes al Senado, los ha elegido para estar al frente del órgano intérprete de nuestra Carta Magna durante los próximos cuatro años. El Constitucional tiene por delante el desafío independentista de Cataluña, pero también otros importantes contenciosos, como los recortes del gasto público adoptados por el Gobierno en la pasada legislatura.

• Lo han revelado los Mossos d'Esquadra que intervinieron en el registro del Palau

En el caso Romanones, la Fiscalía ha retirado la acusación de abusos sexuales contra el sacerdote Román Martínez, porque cree que no hay pruebas que la avalen, por lo que ante la falta de pruebas solicita la absolución. Y añade que el denunciante ha cometido algunas contradicciones. Sí mantienen sus peticiones de cárcel la acusación popular y particular.

El fiscal ha retirado la acusación contra el padre Román, para el que pedía 9 años de prisión por presuntos abusos sexuales a un menor entre 2004 y 2007. Ahora, pide la libre absolución para el sacerdote.

• Considera que no han quedado acreditado los hechos denunciados
• La acusación particular mantiene su petición de 26 años de cárcel
• Para la defensa del sacerdote, el denunciado buscó venganza y dinero

• La mujer de Millet no pensó que el Palau pagara sus gastos domésticos
• Alega, al igual que su hija, que proceden de una familia adinerada
• También la mujer de Montull creía que las obras de casa las pagaba su marido

• Fue condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia en la consulta del 9N
• La Fiscalía recuerda que el ministerio público también le acusó de prevaricación
• Recurrirá también la absolución por prevariación de Ortega y Rigau