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El líder de la trama GürtelFrancisco Correa, ha reconocido que actuaba como facilitador de contratos para empresarios que le eran afines a cambio de comisiones que entregaba al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Lo ha hecho durante la segunda jornada del juicio por las actuaciones de la red en el municipio madrileño, donde ha reconocido que se llevaba fuera de España el dinero que conseguía con esas operaciones. Correa ha asegurado que no era consciente de que el PP recibiera pagos ilegales, salvo una anotación sobre la que tiene dudas. En cambio, su número dos,  Pablo Crespo, sí ha confirmado que hubo pagos para el PP en esa localidad.

PSOE y Unidas Podemos han pactado una treintena de enmiendas a la ley de Memoria Democrática para que los crímenes del franquismo puedan ser juzgados como delitos de lesa humanidad, pese a que no se anulará la ley de Amnistía de 1977. La enmienda especifica que esa ley está sujeta al derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, lesa humanidad o tortura ni prescriben ni son amnistiables. Otra de las enmiendas contempla que el Valle de los Caídos recupere el nombre original de Valle de Cuelgamuros.

Más de la mitad de los acusados han reconocido los hechos durante la primera jornada del juicio por las actuaciones de la trama Gürtel en el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo o el exregidor del municipio, Arturo González Panero, alías El Albondiguilla. El PP vuelve a estar acusado como partícipe a título lucrativo. Varios de los que han confesado apuntan a cargos del PP como facilitadores de contratos públicos en Boadilla del Monte, previo pago de comisiones.

El Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial para Juana Rivas, la madre condenada a dos años y medio de cárcel por llevarse a sus hijos durante un mes para evitar entregárselos a su padre, que tenía la custodia de los pequeños y al que había denunciado por malos tratos. La pena se reduce a la mitad, a un año y tres meses, lo que aumentaría sus posibilidades de quedar en libertad. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que se trata de una acto de justicia y reparación.

La jueza Brenda Penny ha ordenado este viernes el fin de la tutela legal de manera inmediata de la cantante estadounidense Britney Spears, que tiene una fortuna valorada en cerca de 60 millones de dólares, después de 13 años en esa situación.

El fallo supone una nueva victoria para la artista, quien en junio pasado se pronunció por primera vez en contra de su progenitor, quien dejó de ser su tutor en septiembre por orden de la misma jueza.

La custodia de la cantante se mantuvo entonces a cargo de un funcionario del estado de California y no ha sido hasta este viernes cuando Spears ha quedado finalmente libre de cualquier tutela legal.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido que el juez Enrique Arnaldo, uno de los cuatro elegidos este miércoles para el Tribunal Constitucional, es “independiente” y que “nadie puede decir que haya tenido rasgo de no imparcialidad absoluta. Ha respondido así a las múltiples críticas contra su elección entre el resto de partidos, incluso entre PSOE y Unidas Podemos, pese a que votaron a favor del magistrado, por su vínculo con la FAES y su aparición en los casos Lezo y Palma Arena (que afectan a personas del PP).

En una comparecencia desde La Palma, Casado ha defendido que, igual que se establece en la ley orgánica relativa al Tribunal Constitucional, los candidatos para su renovación “tienen que ser personas de reconocido prestigio profesional”. “Y eso es lo que ha pasado, por lo menos en las propuestas del PP”, ha asegurado. "Son personas independientes dentro del desempeño de su función".

La sombra de la recusación va a estar muy presente en el Tribunal Constitucional cuando se delibera en temas sobre los que Enrique Arnaldo ya se ha pronunciado, como por ejemplo el aborto, la eutanasia o la Gürtel, aunque este último caso también podría afectar a otra candidata Concepción Espejel, que ya fue apartada del tribunal que juzgó la Gürtel en la Audiencia Nacional. Hay que tener en cuenta que es muy difícil que una recusación salga adelante en el Tribunal Constitucional, porque hay muy pocos precedentes en este sentido y las razones tienen que estar muy justificadas. Cuestión diferente es que los magistrados se aparten antes de que sus compañeros los voten, como ocurrió con dos jueces durante los recursos del 'procés'. Lo que parece evidente es que algunos candidatos pueden ser un elemento de distorsión en el tribunal. Fuentes del Tribunal Supremo consideran que todos ha hecho mal, que no se ha guardado la estética en el proceso de negociación y critican que los partidos ahora se desentienden porque además, al igual que ocurrió con Enrique López, ha vuelto a romperse la norma no escrita de que al Constitucional llegan los más preparados, los jueces del Supremo y catedráticos. Así que no ven con buenos ojos que magistrados de segunda categoría corrijan sus sentencias.

Informa Araceli Sánchez