En Lanzarote, el presunto asesino de Romina Celeste ha salido de la cárcel tras cuatro años en prisión preventiva, sin que se haya iniciado el juicio. Es el tiempo máximo permitido. Acusado de matar a la que era su mujer, se le ha retirado el pasaporte y tiene que personarse periódicamente en el juzgado.
El TSJC ha anunciado este viernes que va a revisar posibles disfunciones en la instrucción del proceso y abrirá una investigación, porque la acumulación de recursos de la defensa ha hecho que se sobrepase ese límite y quede en libertad. La abogada de la víctima considera que hay riesgo de fuga. Foto: EFE/ Adriel Perdomo
La reforma del Código Penal que deroga del delito de sedición y modifica el de malversación ha entrado en vigor este jueves 12 de enero. En consecuencia, el juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha publicado un nuevo auto en el que retira a Carles Puigdemont el delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. La pena de cárcel no variaría sustancialmente.
Queda pendiente lo que ocurrirá con el resto de políticos huidos y condenados tras el procés. Xavier Melero es el abogado de Joaquim Forn, que fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por el delito de sedición. Melero confirma que solicitará la revisión de condena para su defendido y pronostica que la Sala de lo Penal mantendrá la tendencia marcada por el juez Llarena. "Yo tenía bastante claro que la derogación de la sedición iba a implicar la imposibilidad de subsumir los hechos que se reflejan en la sentencia del año 2019 dentro de los nuevos delitos", afirma. Sin embargo, cree que el ánimo de lucro no queda bien definido en la reforma de la malversación, lo que puede provocar que los jueces sigan aplicando la misma jurisprudecia. Sobre las denuncias de los condenados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cree que "el Gobierno del señor Sánchez le ha hecho un gran favor al Tribunal Supremo", ya que la reforma del Código Penal supondría que el Gobierno reconoce que la normativa estaba desfasada, con lo que "el reproche será más para la normativa que para la interpretación del Tribunal Supremo".
