La ampliación del Canal de Panamá, con la construcción de un tercer juego de esclusas, permitirá a barcos más grandes y con más carga transitar los 80 kilómetros de esta vía, que une el Atlántico y el Pacífico y por la que circula el 5% del comercio mundial.
La ministra de Fomento se reúne con el presidente panameño Ricardo Martinelli a las tres y media de la tarde en la sede de la Presidencia para tratar de conseguir un acuerdo entre las partes. Ana Pastor también mantendrá reuniones con el Consorcio de Empresas que construyen la ampliación del canal, entre ellas la española Sacyr, mayoritaria y con la autoridad del Canal de Panamá. El grupo de constructoras ha culpado del sobrecoste de 1.600 millones de dólares a problemas geológicos no detectados relacionados con el hormigón. La información que dio la autoridad panameña no fue correcta y las dificultades se hicieron visibles una vez empezada la obra. La autoridad del canal rechaza las presiones y asegura que se comprometen a pagar si se justifica el sobrecoste. Si no hay acuerdo el 20 de enero el consorcio dice que parará las obras. Este año cuando tendria que estar terminada la ampliación se cumple el centenario de la construcción del Canal de panamá por donde pasa del 5% del comercio mundial.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, viajará a Panamá para reunirse con el presidente del país, Ricardo Martinelli, y con el resto de partes implicadas en el conflicto del Canal de Panamá para "ayudar y mediar" en la búsqueda de un acuerdo.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, se reunirá a principios de la próxima semana con el presidente panameño, Ricardo Martinelli, y con las partes implicadas en las obras de ampliación del Canal. Desde Sacyr, que lidera el consorcio que se encarga de las obras, niegan que su anuncio de suspensión de los trabajos sea una medida de presión y aseguran que los sobrecostes han provocado problemas de liquidez en el consorcio.
El Gobierno de España está dispuesto a mediar entre Panamá y Sacyr para resolver el conflicto que amenaza con paralizar la ampliación del Canal, según ha señalado en Radio Nacional el embajador español en el país centroamericano, Jesús Silva, quien ha asegurado que si se detienen las obras perdemos todos. "Hay que hacer entender a todas las partes que con la resolución del contrato todos perdemos, es decir, que pierde por supuesto el consorcio, que pierde la imagen de las empresas españolas, que pierde por supuesto la Marca España, pero pierde mucho también Panamá y pierde mucho la imagen del Canal", ha explicado al corresponsal de RNE en Latinoamérica Fran Sevilla (03/01/14).
Panamá mantiene su rechazo a una negociación por el sobrecoste de las obras de ampliación del Canal. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, se ha mostrado tajante, incluso irritado, en su primera reacción tras el anuncio del consorcio liderado por Sacyr de que en tres semanas suspenderán las obras.
Martinelli ha anunciado un posible viaje a España e Italia, cuyos gobiernos, dice el presidente panameño, tienen una responsabilidad moral:
"Voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación, que es una obra de la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora vienen con el cuentito de que están subiendo los precios".
El administrador de la vía interoceánica, Jorge Luis Quijano, ha asegurado que la autoridad del Canal de Panamá no tiene forma de justificar los montos y que no entiende la cifra de 1.600 millones de dólares solicitada por el consorcio como sobrecoste. Quijano ha añadido que no existe ninguna comunicación entre ambas partes, algo que ha confirmado a RNE en una entrevista el embajador de España en Panamá, Jesús Silva.
"Estamos intentando que se vuelvan a sentar a dialogar y ver en qué medida se puede llegar todavía a un acuerdo".
El embajador español ha sido convocado hoy junto al embajador italiano por el presidente Martinelli y se están haciendo gestiones para que la ministra de Fomento, Ana Pastor, viaje a Panamá para negociar en el contencioso.
Ricardo Martinelli ha dicho que no permitirá que el consorcio encargado de la ejecución de las obras argumente que los precios han subido para incumplir el coste pactado.
La ampliación del Canal de Panamá: una obra titánica de casi 2.300 millones de euros que debería acabar en 2015 está en el aire. Sacyr la empresa española que lidera el consorcio asegura que quiere negociar con el gobierno panameño.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, ha anunciado este miércoles que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactados inicialmente en el contrato. Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado de manera "categórica las presiones". "Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, de acuerdo a la subcláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas", ha indicado el consorcio en un comunicado enviado a Efe. Con el preaviso, "la ACP tiene 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio, unos "1.600 millones de dólares" en reclamos económicos, tiempo durante el cual "los trabajos continuarán con normalidad", indica la amplia misiva del GUPC. Cumplir con los requerimientos del consorcio "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que empezaron en 2007 y se prevé estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato. El consorcio, que además Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha explicado que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre los reclamos económicos.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, ha anunciado este miércoles que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactados inicialmente en el contrato. Con el preaviso, "la ACP tiene 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio, unos "1.600 millones de dólares" en reclamos económicos, tiempo durante el cual "los trabajos continuarán con normalidad", indica la amplia misiva del GUPC. Cumplir con los requerimientos del consorcio "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que empezaron en 2007 y se prevé estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El alzamiento zapatista de México cumple este miércoles su vigésimo aniversario con asignaturas pendientes, en medio de celebraciones privadas y promesas de que, aunque las armas estén calladas, "la lucha seguirá". Las demandas zapatistas sobre el derecho a la autonomía indígena, plasmadas en un proyecto de ley en 1996 y boicoteadas por Ernesto Zedillo (1994-2000), serán discutidas en 2014, según el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se alzó en armas en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, en contra de la marginación de las poblaciones indígenas de esa región. Sólo hubo combates durante doce días, con un saldo de unos 300 muertos entre los dos bandos, la toma e incendio de siete alcaldías y de cuatro cárceles y el desplazamiento de unas 25.000 personas. El cese al fuego unilateral fue decretado el 12 de enero de ese año por el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas, lo que dio inicio a un proceso de paz en dos mesas de diálogo, hasta los acuerdos de San Andrés de 1996.
