- PP, Podemos y Ciudadanos reclaman al unísono cambiar la ley sobre el polémico impuesto de las hipotecas
- Casado cree que es posible suprimir esta tasa sin afectar a las cuentas públicas y Rivera pide un "acuerdo inmediato"
- Sánchez pide responsabilidad a la banca para no repercutir el coste del impuesto en los préstamos
- Anuncia también la creación de una autoridad independiente para proteger a los clientes financieros
- El alcalde de la localidad califica la decisión del Alto Tribunal de "rescate judicial total" de la banca
- La asociación de consumidores mantiene las movilizaciones convocadas para el sábado ante los juzgados
- La Sala se inclina, por la mínima, por atribuir a los clientes el pago del impuesto volviendo a la jurisprudencia tradicional
- Las comunidades autónomas calculan en 5.000 millones el impacto de que los bancos paguen el impuesto con retroactividad
- De los 28 magistrados que asistían al pleno, 15 han votado a favor frente a 13 en contra
- El Gobierno va a analizar y estudiar el impacto de la decisión y fijará su posición este jueves
- Hacienda cifraba en esa cuantía millonaria el desembolso al que tendrían que haber hecho frente las Administraciones
- Los 28 magistrados han deliberado durante ocho horas y retomarán la sesión a las 10:00 horas
- El pleno se encuentra muy dividido y existe prácticamente "un empate" entre las dos posturas
La banca espera con cautela la decisión del Tribunal Supremo (TS), que este lunes reúne a los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para fijar doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). Así, los magistrados decidirán si revocan o mantienen la sentencia del 18 de octubre que determinó que son las entidades bancarias y no los clientes quienes deben pagar este impuesto de las hipotecas.
El próximo lunes el Tribunal Supremo debatirá si mantiene o no el criterio de que sea el banco y no el cliente el que tenga que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). En función de la decisión que tomen los magistrados las posibilidades de reclamar este impuesto variarán.
- Un informe destaca el papel fundamental y determinante de la vivienda en la salud de los que la habitan
- Más de dos millones de familias en España residen en inmuebles con goteras o humedades en paredes y techos
- El consumidor que no esté de acuerdo con pagar el impuesto tiene el derecho de no suscribir la hipoteca
- Los bancos aseguran que están informando con normalidad sobre las condiciones de este tipo de créditos
- El presidente del Alto Tribunal se reúne con los jueces que fallaron que es la banca quien debe pagar los impuestos
- El Consejo General del Poder Judicial detalla que suben un 6,1% por impago de alquiler y caen un 8,5% por embargo hipotecario
- Cataluña con casi uno de cada cuatro desahucios es la comunidad autónoma con más lanzamientos hipotecarios
- Es el decimotercer trimestre consecutivo con el precio medio del metro cuadrado al alza
- El más elevado se encuentra en San Sebastián (3.564,5 €/m2) y el mayor alza, en Madrid (9,6%)
El Gobierno definirá primero qué se considera un piso vacío y cuantificará los que hay en España para estimular, dicen, la salida al mercado de las viviendas que se mantienen cerradas para especular. La finalidad, apuntan, es que la vivienda cumpla su función social y deje de ser un bien para invertir. La secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, señala que "en ningún caso" es voluntad del Gobierno que haya multas o sanciones para aquellas viviendas que puedan ser una vivienda vacacional o de un pequeño propietario. Para ello, señala, diferenciará entre propietarios de viviendas y grandes inversores. El sector rechaza estas penalizaciones.
- El Índice de Precios de Vivienda (IPV) sube en tasa intertrimestral un 2,6%, la mayor subida desde 2015
- La vivienda de segunda mano sube un 7% (siete décimas más) y la nueva sigue en el 5,7%
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El Ministerio de Fomento desarrollará urbanísticamente 2,7 millones de metros cuadrados de terreno edificable en el entorno del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una superficie que multiplica por cuatro la afectada por la Operación Chamartín. Según los cálculos ministeriales, el plan movilizará una inversión público-privada de 2.997 millones de euros en un plazo de 40 años.